Aborto y Bien Común

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En el último informe del IPF (Instituto de Política Familiar) sobre el aborto en España en 2015 se recogen una serie de datos que no podemos pasar por alto. Señalemos algunos especialmente relevantes:

  • 2,1 millones de abortos en 30 años (1985-2015).
  • 94.188 abortos registrados en 2015. Dejan de nacer 258 niños por día.
  • El casi el 20% de los embarazos termina en aborto. Y afecta fundamentalmente a los más jóvenes y a las mujeres inmigrantes empobrecidas. El 52,3% de los abortos son de mujeres menores de 30 años. El 30% de los embarazos de mujeres inmigrantes termina en aborto duplicando la tasa de las mujeres españolas.
  • Dificultades objetivas de conocer los datos reales por deficiencias en el registro.
  • Tendencia creciente al aborto farmacológico: químico y PDD[1]. Los abortos químicos registrados pasaron de 6.072 en 2010 a 17.418 en 2015. Y la estimación real podría sobrepasar los 23.000. Desde 2019 se han vendido más de 3,8 millones de PDD. Desde 2009 la PDD se puede vender a niñas de 13 años sin necesidad de receta y sin autorización paterna.
  • Las razones para abortar han sido siempre en más del 90% por “peligro para la salud física o psíquica de la madre” (hasta 2010) o ” A petición de la mujer” (desde 2010).
  • La bajada de la natalidad, la marcha de inmigrantes y el aborto farmacológico probables causas de la bajada en el nº de abortos registrados entre 2010 y 2015. Teniendo todo en cuenta el número total de abortos podría rondar los 133.000.
  • El aborto es un negocio que mueve más de 70 millones de euros al año.
  • Finalmente una tasa de fecundidad muy baja. Sin ningún aborto la tasa sería del 1,6 muy por debajo del 2,1 de reposición poblacional.

Estos datos hacen imprescindible un debate político y social sobre el aborto en España porque podemos dar por definitiva una situación en la que unos se posicionan a favor, otros se posicionan en contra sin que avancemos y mientras se van sumando generaciones de ciudadanos en las que se asume un fenómeno social muy importante sin ningún espíritu crítico. El objetivo de este artículo es intentar poner algunos puntos encima de la mesa para un debate político que permita avanzar hacia el Bien Común de la sociedad.

Sin embargo y antes de nada no podemos olvidar que éste no es un debate político cualquiera ya que estamos hablando de vidas humanas y no de simples estadísticas sociológicas. En primer lugar el niño que iba a nacer. Luego la madre que ha decidido -con más o con menos libertad- eliminar una vida que iba a nacer. También el padre del niño que normalmente está ausente de este tipo de decisiones, y finalmente el resto de una sociedad que convive con decenas de miles de abortos cada año.

Frecuentemente los debates sobre este tipo de asuntos se plantean de dos formar reducidas. Por un lado el punto de vista moralista, que no moral, ajeno a las circunstancias e intenciones de las personas. Lo moral es muy importante pero no puede desconectarse de la realidad existencial de las personas y reducirse a la sola aplicación de principios. Por otro lado está el punto de vista exclusivamente emocional, afectivo o subjetivo prescindiendo de la razón teórica y práctica; y desechando todos los aspectos que nos ayudarían a objetivar. Por tanto es necesaria la objetivación -el relativismo es un cáncer- pero desde una perspectiva que permita entender las circunstancias sociales y las intenciones de las personas.

El reduccionismo moralista y el reduccionismo emocional no ayudan nada a poder construir un debate público en el que las nuevas generaciones asuman de manera crítica su compromiso social hacia el Bien Común; un bien que es de todos y de cada uno, sin excluir a nadie y que debe ser construido mediante la responsabilidad de todos. Es demasiada irresponsabilidad que a generaciones de nuevos ciudadanos se les prive de formar su conciencia política sobre asuntos especialmente trascendentes. No es fácil ni mucho menos afrontar un tema como el aborto pero no podemos renunciar a dialogar entre los que tenemos diferentes posicionamientos. El objetivo es que juntos podamos descubrir la verdad sobre la que levantar el Bien Común de nuestra sociedad.

Para empezar me gustaría señalar un punto común de referencia: la inmensa mayoría de la población considera que el aborto es un mal, incluso los que afirman estar a favor o incluso lo consideran un derecho. Parece que es cierto que nadie aborta gustosamente[2]. Este dato es muy significativo y nos da muchas pistas sobre el problema. ¿Por qué esto es así? ¿Será que hay algo en la naturaleza humana que rechaza esta decisión? Si una sociedad unánimemente sostiene que algo es un mal -aunque sea desde diferentes perspectivas, incluso contrapuestas- es obligatorio plantearse cómo poder erradicarlo si es que se quiere progresar de verdad.

Pero entonces aparece, una clara contradicción. Si abortar es un mal abortar no puede ser un derecho (sexual o reproductivo). Hay algo que no encaja porque todo derecho lleva implícito un deber que lo protege. ¿Cuál es este deber? Si somos coherentes ese deber consiste en hacer o favorecer una mal. ¿Es posible pensar que la solución a la problemática que induce a una madre a abortar sea otra distinta que el aborto? Sería una cuestión que habría que plantearse para ir clarificando las posiciones de partida.

La mayoría de las encuestas señalan que el 80% de las mujeres en nuestro país tendrían más hijos de los que actualmente tienen. ¿Por qué?. Ese dato es muy significativo puesto que expresa un sentido de apertura a la vida más fuerte de lo que podrían señalar las bajísimas tasas de fecundidad. Aunque no se abortara nada, nuestra tasa de fecundidad (nº de hijos/mujer en edad fértil) no sería superior a 1,6, muy por debajo del 2,1 necesario para la reposición poblacional. Por otro lado es cierto que las condiciones socioeconómicas y laborales difíciles e injustas como las actuales son obstáculos objetivos a la maternidad. Pero también es cierto que en países noreuropeos con condiciones sociales mucho mejores que España el número de abortos es alto y las tasas de fecundidad bajas. ¿Por qué?

Todo ello apunta a que de fondo hay sobre todo una cultura, una atmosfera social muy contraria a la maternidad que normalmente implica una actitud muy contraria al compromiso matrimonial y familiar estable. Por tanto, una primera reflexión en este debate sería analizar las condiciones sociales, laborales y culturales que están provocando que haya abortos; que haya unas tasas de fecundidad tan bajas y que haya una tendencia creciente a la formación de células familiares cada vez más reducidas e inestables. Es muy probable que si estas condiciones económicas, laborales pero fundamentalmente culturales fueran distintas el número de abortos sería muy inferior.

Una cultura materialista, individualista y hedonista como la cultura hegemónica actual no es una cultura favorable a la vida y a la solidaridad inter e intra-generacional sino todo lo contrario. Actualmente las estructuras solidarias de la persona y de la sociedad están siendo agredidas por esta anticultura y sufren una crisis muy profunda. La sexualidad personalista, la estabilidad matrimonial y familiar, el asociacionismo humanista y religioso retroceden frente al individualismo, la competitividad, la precariedad laboral y la soledad existencial. Predomina la cultura neocapitalista del “sálvese el que pueda”. Así es muy difícil acoger la vida; vida que exige ser cuidada y educada con dedicación.

Las posturas moralistas que critican el aborto prescindiendo de luchar contra las condiciones -sociales, económicas, culturales, políticas- de la sociedad neoliberal actual no solo no favorecen la acogida de la vida sino que profundizan la división social puesto que impiden un adecuado planteamiento de la cuestión. Y cuando decimos acogida de la vida no solo es la acogida del no nacido. Es la vida también de los parias, de los descartados, de los empobrecidos, es decir, de las víctimas -ya nacidas- de un sistema político-económico salvaje.

Este sería un primer nivel del debate que si se plantease adecuadamente es posible que se pudieran acercar posiciones.

Un segundo nivel del debate es aquel que va a intentar objetivar no tanto la idoneidad de las condiciones sociales sino las realidades humanas objetivas que están directamente implicadas. Es realmente asombroso como las posturas pro-aborto, normalmente sensibles a la injusticia social, a la violación de los derechos humanos, a la ecología, etc, fomenten un irracionalismo emocional que nubla la posibilidad de acceder a la verdad objetiva sobre el bien del ser humano. En este sentido es necesario plantearse el nivel biológico y ontológico del ser humano. Tenemos que intentar evitar que los sectarismos ideológicos y los reduccionismos emocionales oculten la verdad de la realidad sin que esto último signifique ser insensible a las realidades personales; más bien todo lo contrario.

Desde el punto de vista científico no hay duda de que hay vida humana distinta de la madre desde el momento de la concepción. Se pueden discutir muchas cuestiones pero desde luego eso hoy es una evidencia. Hay estudios de todo tipo desde hace décadas que demuestran con meridiana claridad que hay un nuevo ser humano desde el mismo momento de la concepción[3]. Nadie mínimamente serio cuestiona esto. Las corrientes pro-aborto saben perfectamente esto y trasladan el debate a otro plano, el de los derechos sexuales y reproductivos o del derecho a decidir. Pero esa traslación es mendaz, no tiene fundamento científico, solo es fruto de su voluntad política. Hoy nadie puede negar la existencia de un nuevo ser humano desde el momento de la concepción.

Sin embargo el nudo gordiano está en otro lado, en el de la DIGNIDAD. ¿Todos los seres humanos tienen la misma dignidad independientemente de las circunstancias o no? ¿Qué dignidad ontológica tiene el embrión y el feto humano?

Es necesario reconocer que hay posturas muy diferentes pero ese no es, el principal problema. El problema es que no asumen con coherencia las consecuencias derivadas de ello y por tanto el posicionamiento moral final está trucado, aunque sea sin intención. Es fundamental que se sea consciente de estas consecuencias y se actúe con honestidad si realmente se quiere trabajar por el Bien Común de la sociedad.

Básicamente podemos sintetizar las posturas en dos. Una es que todo ser humano tiene una dignidad personal (es persona) absoluta, intrínseca inalienable que la hace única, singular. Y otra es que la dignidad de un ser humano dependa de su funcionalidad, es decir, de cómo estén de operativas sus funciones vitales, sean físicas, cognitivas o morales. En este caso no es una dignidad intrínseca sino que es relativa y extrínseca.

En el primer caso la vida y dignidad del ser humano exige ser respetada siempre , sin excepción. El problema de esta postura no es teórico sino práctico. Hay muchos que comparten esta concepción y la asumen para la vida naciente y terminal pero la aplican selectivamente de manera inconsciente olvidando sectores enteros de población sometidos a condiciones inhumanas de tipo económico y político. Su insensibilidad social les desautoriza. Es el caso de muchos colectivos católicos que prescinden la la defensa integral de la vida que la propia Doctrina Social de la Iglesia sostiene desde siempre.

En el segundo caso la dignidad al embrión es otorgada desde fuera por quien tenga poder sobre ese ser humano, es decir la madre, el médico o la autoridad, que juzga si su dignidad funcional es suficiente para que su vida sea respetada. En este segundo caso la casuística es infinita y la vida de ese ser humano dependerá de: si altera o no la salud mental y física de la madre; si viene con defectos congénitos o no; si es o no fruto de una violación; si tendrá o no los recursos materiales o afectivos necesarios; si es o no es una carga social o si contribuye o no con su simple existencia a ejercer una presión intolerable sobre las estructuras sociales, etc. Curiosamente en esta segunda posición se sitúan la mayoría de los sectores llamados progresistas cuando lo que en realidad están defendiendo es una postura totalitaria.

En este sentido se impone o se esta imponiendo lo que se ha llamado el “derecho a decidir”. ¿Pero quién decide? ¿Quién tiene el poder sobre la vida de ese ser humano? En unos casos su vida será respetada y en otros casos no. Este relativismo hace necesario que haya que marcar una línea roja que separe aquellas funcionalidades que a un ser humano le hacen digno de ser respetado de las que no son suficientes para serlo. ¿Quién decide esto? Pues lógicamente quien tenga el poder para hacerlo. Y todo poder, científico, técnico, jurídico en definitiva es poder político. Es la política y su dinámica de poder la que va a definir la dignidad de un ser humano. Evidentemente esto supone un riesgo enorme para el Bien Común de la sociedad puesto que se habrá abierto una puerta en la que unos seres humanos definen la dignidad de otros. ¿Puede ser democrática una sociedad en la que unos deciden la dignidad de otros? ¿Qué consecuencias se derivarían de ello? Es evidente que este dilema no solo es aplicable a los no nacidos, sino que es susceptible de ser aplicado a cualquier colectivo social: inmigrantes, homosexuales, drogadictos, enfermos terminales, discapacitados, cualquier colectivo susceptible de sufrir discriminación.

Finalmente, una vez planteado el estatuto biológico y ontológico del embrión humano hay que determinar el estatuto jurídico del mismo de forma coherente con su estatuto biológico antropológico. Si hemos optado por una dignidad inalienable como persona entonces el embrión/feto humano debe ser máximamente protegido. En este sentido fuerte le tienen que ser aplicados los derechos humanos. Pero insistimos que esta concepción teóricamente adecuada no puede desentenderse de todas y de cada una de las víctimas de la injusticia. No se puede estar contra una ley abortista y al mismo tiempo condenar a los inmigrantes empobrecidos.

Por otro lado, si hemos optado por la dignidad funcional habrá que establecer los criterios jurídico legales positivos para decidir cuando la vida del embrión/feto debe ser respetada o no. De nuevo nos preguntamos quién puede determinar las condiciones jurídicas. Y de nuevo nos respondemos que quien tenga el poder político. Este poder político puede ser sustentado por una dictadura, formal o informal, o por una democracia. En cualquier caso es la voluntad de unos -los que tienen el poder- sobre aquellos que no lo tienen. Toda legislación sobre este asunto debería reconocer abiertamente que el concepto antropológico que la sustenta es pro-totalitario . Es muy importante que en este asunto la verdad resplandezca. No podemos afirmar una cultura de los derechos humanos progresista solo para unos seres humanos y no para otros. Es una grave contradicción. Una sociedad que permite esto debe reconocer que está admitiendo que no todos los seres humanos son esencialmente (por naturaleza) iguales y que por tanto favorece a unos en detrimento de los otros.

Para terminar, si todos buscamos una sociedad orientada hacia el Bien Común, basada en la dignidad inalienable de todos los seres humanos; donde todos y cada uno tienen derecho a la vida y a una vida digna; donde todos seamos realmente responsables de todos, el derecho positivo no puede ser solo fruto del poder político de turno sino de la adecuación coherente de la ley con la dignidad del ser humano. Desde esta intención planteamos la necesidad de un debate honesto sobre la cuestión del aborto, el derecho a la vida, los derechos humanos,… que sirva para que nuestros niños y jóvenes vayan asumiendo su responsabilidad política. Estamos a vuestra disposición.

Carlos Llarandi. Químico. Máster en DSI y CC. del matrimonio y la familia.

[1] Píldora del día después

[2] El llamado síndrome postaborto parece que está generalizado.

[3] Un resumen especialmente detallado de esto es el llamado “estatuto biológico del embrión humano” realizado por el profesor Justo Aznar del Observatorio de Bioética

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