Las autoridades del país sudamericano no desarrollan políticas de Estado para erradicar la explotación laboral y reducción a la servidumbre; el sector rural y la industria textil son rubros habituales para la trata de personas, aún en el 2017
«Trabajaba desde las siete hasta la una o dos de la mañana (entre 18 y 19 horas), de lunes a sábados», comenta Olga Cruz Ortiz, una boliviana de 40 años que fue víctima de la vulneración de los derechos humanos más básicos. Hace 20 años que vive en Argentina, llegó sin documentos y eso le imposibilitó conseguir un trabajo formal. Por la extensa jornada, pensó que le pagarían el doble, pero eso nunca sucedió.
Al arribar al país con sus dos hijos, la contrató un pariente de su misma nacionalidad que tenía un «taller familiar» en la Ciudad de Buenos Aires. Olga no pensaba que iba a ser esclavizada por su propio primo. En efecto, se desempeñó durante cinco meses en una casa que fue adaptada para realizar actividades textiles en una de sus habitaciones. «Como no sabía usar las máquinas de coser, cocinaba y limpiaba todo el tiempo, para la casa y el taller», relata.
Esto abarca a toda la industria, no solo hablamos de ferias populares, la trata también termina en ventas de lugares de moda y grandes shoppings
En el lugar trabajaban «unas 12 personas que solo paraban para ir al baño», comenta, y añade: «Nadie se despegaba de su máquina, incluso comían sobre ella». En las pocas horas que tenían para descansar, intentaban dormir: «Éramos tres o cuatro familias en una pieza con cuchetas para compartir», se acuerda.
Ortiz también deja evidencias de su vulneración mental en ese contexto: «Los que estaban hace mucho tal vez trabajaban con retiro, pero los que no conocíamos nada teníamos que estar con cama adentro». Y comenta la decepción de aquel momento: «Era una migrante que venía con un montón de sueños, y de pronto me encontraba encerraba entre cuatro paredes, con música, hilo y ruidos de máquinas. Otra cosa no teníamos», se lamenta.
El control de los obreros, y sobre todo, su manipulación psicológica, eran fundamentales para el empleador: «Podíamos salir los domingos, pero solo con el dueño y dejando nuestras cosas en el taller»,explica el sometimiento. Sobre ese punto, añade a RT: «Nos decían que no conocíamos a dónde ir, que nos contrataron para trabajar, no para pasear». Y sentencia: «En general el trabajo esclavo es así, nunca te sueltan».
En aquel entonces era una inmigrante ilegal, y su jefe jugaba con esa desesperación: la perjudicada nunca haría una denuncia frente a las autoridades por temor a sufrir una deportación. El dueño del taller también creía ser el dueño de su vida. A pesar de ello, Olga logró escapar: «Agarré a mis hijos y nunca más volví». Luego hizo trabajos que no le requerían documentación, como limpieza de hogares, hasta que se unió a ‘La Alameda’, una cooperativa de trabajo textil que a su vez denuncia decenas de casos de explotación laboral. Actualmente trabaja en dos marcas de la organización, No Chains y Mundo Alameda, cuyo lema es: «Libre de trabajo esclavo».
Capital de la explotación
Sobre estas demandas, el caso que más resonó contó con acusaciones a los hermanos Daniel y Juliana Awada –actual esposa del Presidente Mauricio Macri -, por reducción a la servidumbre de costureros bolivianos en las reconocidas empresas Cheeky y Como Quieres que te Quiera. Gustavo Vera, titular de la agrupación y presidente de la Comisión Especial por Trata de Personas en la Legislatura porteña, explica: «Fueron cuatro causas penales, pero a pesar de las cuantiosas pruebas, las mataron». Todas comenzaron tiempo antes de que Awada se convierta en Primera Dama, «pero perduraron en el tiempo».
Una de ellas, iniciada en 2007 junto al Gobierno de la Ciudad –cuando gobernaba Jorge Telerman- y la Defensoría del Pueblo, contó con el sobreseimiento de los acusados otorgado por el ex Juez Federal Guillermo Montenegro. Poco tiempo después, renunció a su cargo de magistrado y asumió como ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, cuando Macri ganó las elecciones porteñas. Todo cierra. Actualmente, Montenegro se postula a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
«El 80% de la ropa proveniente de la industria textil es ilegal», retoma Vera, y añade otro dato preocupante: «Buena parte se produce en talleres clandestinos ubicados en la capital del país y provincia de Buenos Aires, con trabajadores de Bolivia y el norte de Argentina, para más de 110 marcas importantes». Cabe mencionar que este rubro es uno de los que más fuentes laborales produce, aunque, como destaca el experto, son ilegítimos en grandes proporciones: «Solo en la ciudad más importante de Argentina hay 3.000 talleres textiles clandestinos, el Gobierno porteño en el 2015 registró 2.000 sin habilitar, pero estimamos que son más, contando lo que no se inspeccionó».
Para cuantificar esto en vidas humanas perjudicadas, agrega que «hay un promedio de diez trabajadores por taller», y calcula: «Hablamos de 30.000 personas». Por último, el precandidato a diputado en la Legislatura por el frente Unidad Porteña, concluye: «Esto abarca a toda la industria, no solo hablamos de ferias populares, la trata también termina en ventas de lugares de moda y grandes shoppings». Hasta la fecha en que se publicó esta nota, el Ministerio de Trabajo argentino no respondió las preguntas de RT.
La naturaleza del maltrato laboral
Lejos del ruido de las grandes ciudades, el panorama es todavía más complejo. Si bien es cierto que en la actualidad la cartera laboral del país no brinda datos precisos, en el 2014 –bajo el mandato de Cristina Kirchner- un informe sobre los asalariados agrarios expuso: «Solo un 36% terminó los estudios primarios». En el documento también se destacaron los precarios sistemas de contratación, los bajos salarios, el escaso acceso a la salud y el desarraigo que padecen los trabajadores que abandonan sus comunidades. Incluso, muchos de ellos son empleados por temporadas específicas, produciendo aún más inestabilidad en su desarrollo personal.
Los altos índices de vulnerabilidad en el ámbito rural reflejan que este sector casi no tiene llegada a la Justicia para presentar demandas y lo que es peor: casi no conocen sus derechos laborales. El Gobierno de Kirchner creó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), con el supuesto fin de controlar las irregularidades. Cuando asumió la presidencia Mauricio Macri en 2015, se reemplazó –fallo judicial mediante- por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores (RENATRE), y aunque el nombre suene casi igual, la diferencia es que el Estado dejó de estar a cargo de los controles.
Ahora, el organismo que debe regular el mercado laboral está conformado por asociaciones como la Sociedad Rural Argentina (SRA) – compuesta por grandes terratenientes y empresarios del sector agropecuario – y el sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Según diversas fuentes consultadas para este artículo, que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, el gremio está dirigido por la patronal al servicio de sus intereses. Para confirmar esta hipótesis, ambas entidades se negaron a contestar preguntas sobre el trabajo esclavo en Argentina. ¿Qué ocultan? ¿Qué es más importante que defender a los trabajadores que ellos mismos representan?
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Autor: Leandro Lutzky ( * Extracto)
