Unos 40.000 indígenas del oeste de Colombia iniciarán el martes una marcha noviolenta hacia la ciudad de Cali para protestar contra la violencia, las políticas del gobierno y la pobreza en sus comunidades. 3.000 indígenas han sido asesinados en los últimos meses por los grupos alzados en armas, según cifras de diferentes ONG. Los aborígenes también protestarán contra la política de seguridad de Uribe, el ‘desmonte’ de la Constitución, la ‘militarización de la vida’, el ‘perdón y olvido’ para los culpables de crímenes de guerra y las políticas económicas del gobierno. Igualmente rechazarán el Area de Libre Comercio de las Américas (Alca) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Fuentes: AFP, EL PAIS
Procedentes de varios lugares del occidente del país, los aborígenes se concentran desde el domingo 12 en el municipio de Piendamó (suroeste, en el departamento de Cauca), de donde partirá la caminata en un recorrido de 120 km que se espera culmine el próximo miércoles.
El jueves los manifestantes realizarán un congreso en el que discutirán su problemática, y actividades similares tendrán lugar ese mismo día en Bogotá y en las caribeñas ciudades de Barranquilla, Riohacha y Sincelejo (norte).
La movilización, denominada Gran Minga por la Dignidad y la Vida, se inauguró oficialmente este lunes y fue convocada por la Organización Nacional Indígena (ONIC), que reúne al millón de nativos del país, quienes denuncian ser víctimas de un «exterminio». La «minga [trabajo de la comunidad] por la vida, la justicia, la autonomía y la libertad» tendrán uan marcha que recorrerá unos sesenta kilómetros, de la principal vía que une el suroeste y el centro del país, y terminará el jueves en Cali, la tercera ciudad colombiana, en un congreso indígena y popular.
Recorrido
El recorrido se efectuará por la carretera Panamericana, que une a Colombia y Ecuador, por lo que Uribe pidió el viernes último a los indígenas suspender la marcha advirtiendo sobre posibles taponamientos de la vía o desórdenes derivados de la infiltración de guerrilleros y paramilitares.
Pero la ONIC reiteró su decisión de realizar la protesta y rechazó acusaciones del mandatario de que la misma esconde un propósito político, en tanto que aseguró que esos señalamientos ponen en riesgo la vida de los aborígenes, 90 de los cuales fueron asesinados en lo que va del año, según la ONIC, aunque el gobierno reporta 61 homicidios en el primer semestre.
Las comunidades de la zona del Alto Naya, entre Cauca y el departamento de Valle denunciaron el domingo la presencia de un centenar de paramilitares en el área de donde saldrá la marcha, e impidieron el ingreso de un escuadrón policial.
«Sabemos que diferentes grupos armados podrían sabotear la movilización», dijo a la AFP un portavoz de la ONIC.
Seguridad
La seguridad de la protesta está a cargo de unos 7.000 miembros de la denominada Guardia Indígena, quienes requisan uno a uno a los manifestantes para evitar el porte de armas, y se comprometieron a impedir el bloqueo de la Panamericana.
Esa guardia ha repelido pacíficamente incursiones de los rebeldes izquierdistas en Cauca, y rechaza el pedido de Uribe de que actúe en alianza con la fuerza pública.
«Vamos a garantizar que no haya ningún taponamiento y que la marcha sea pacífica», dijo ayer Alfredo Acosta, jefe de la Guardia Indígena.
Para lograr el éxito de la marcha, los organizadores han prohibido la presencia de niños menores de 5 años y un grupo especial de los guardias indígenas evitará que se consuman bebidas embriagantes.
Precisamente el pasado domingo dos indígenas fueron sancionados por haber llegado borrachos y, de acuerdo con las normas, no harán parte de la marcha.
Los nativos que desde ayer llegaban como hormigas hasta el resguardo de La María se prepararon durante siete meses para la marcha.
Parte de esa preparación incluyó el almacenamiento de cerca de 2.500 toneladas de productos como plátano, yuca, papa, tomate, arracacha, cebolla, ulluco y maíz. Cada grupo de caminantes, igualmente, aportó varias toneladas de leña.
En el curso de la marcha se permitirá que cada persona lleve su fiambre, pero la organización tiene prevista la preparación de alrededor de 90.000 refrigerios, en la primera parte de la marcha. Un trabajo que será complementado con los almuerzos y desayunos que las cocineras ofrecerán en las tres estaciones estipuladas por los organizadores.
Además de prever la alimentación, los organizadores han dispuesto el acompañamiento de numerosos maestros de medicina natural o tewalas, así como médicos graduados en universidades.
Rechazo a políticas
La lista de las peticiones de los manifestantes es larga: piden a los grupos armados que no los sigan matando y que respeten su autonomía. Al Gobierno le exigen la realización de un referéndum para que la población opine sobre la conveniencia o no del Tratado de Libre Comercio (TLC) que se negocia con EE UU, y exigen también que no les involucren en la guerra. Los indígenas aseguran que su marcha será pacífica y que su guardia cívica será la encargada de impedir que se infiltren guerrilleros y paramilitares.
El movimiento de resistencia civil de los indígenas del Cauca, departamento con mayor población nativa del país, es considerada como ejemplo de autonomía. Hace apenas una semana más de cien comuneros -como se llaman los integrantes del movimiento de resistencia-, armados con sus bastones de mando, lograron, con su presión, la liberación de cuatro de sus líderes, secuestrados por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). En los últimos años, con música y bastones han impedido tomas guerrilleras, han expulsado a narcotraficantes de sus tierras…. han liberado a muchachos reclutados por los armados.
«Cualquier acción que ponga en riesgo nuestra cultura o nuestro territorio, llámese guerrilla, paramilitares, Estado o Iglesia, la rechazamos», le explicó, hace un tiempo, a este periódico el líder del Consejo Regional Indígena del Cauca, Gilberto Yagué. Y su enfrentamiento con el actual Gobierno ha sido duro. Se han opuesto a la instalación de batallones de alta montaña en su zona, a las redes de informantes y a los soldados campesinos, ejes de la política de seguridad democrática del presidente Uribe.
Este movimiento de resistencia, que se empezó a gestar hace 20 años, parte de la organización de la comunidad. En la base está la guardia cívica, uno de cada 10 habitantes. Un brazalete y un bastón de guayacán identifica a este cuerpo de seguridad que realiza rondas y avisa a las autoridades nativas cuando ven «algo raro».
El sueño de esta organización es construir un consejo territorial indígena, como lo permite la Constitución de 1991, y llegar a la autonomía plena en lo político, económico y social. Por eso, uno de los puntos de la marcha de tres días es protestar contra los cambios de la Carta Magna. Uribe, quien se reunió con ellos hace unos días para tratar de disuadirlos de una protesta que considera innecesaria, les aseguró que por la mente del Gobierno no ha pasado el reformar el artículo que da vida a los consejos territoriales indígenas. Uribe les advirtió de que la fuerza pública actuará si se «perturba la tranquilidad» o se bloquean las carreteras.
