Denuncian la directiva de la vergüenza

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Este proyecto de Directiva, en continuidad de las políticas europeas de extranjería únicamente orientadas hacia aspectos represivos, oficializa la desaparición de los principios fundamentales de las personas.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia la Directiva del Retorno.


La Directiva del Retorno, prevé el retorno forzado de los extranjeros en situación irregular, en el territorio europeo. Denominada como «Directiva de la Vergüenza» ha sido denunciada por más de 30.000 ciudadanos europeos que se han movilizado en su contra, además de 906 organizaciones y 368 responsables políticos.


En efecto, este proyecto de Directiva, en continuidad de las políticas europeas de extranjería únicamente orientadas hacia aspectos represivos, oficializa la desaparición de los principios fundamentales de las personas.


Esta Directiva es escandalosa por varias razones:


1) Prevé un encierro de los extranjeros en situación irregular de entre 6 y 18 meses. Lo que significa que aumenta la duración de internamiento, que es actualmente de 40 días en España, hasta al menos 6 meses. Puede prolongarse 12 meses en total en caso de obstrucción en el curso del procedimiento de expulsión, por lo tanto son 18 meses en total.


2) Prevé una prohibición de entrada en territorio europeo de 5 años para las personas expulsadas, lo que equivale a criminalizar y excluir a estas personas.


3) Los menores ya no se beneficiarán de la protección que les es, hasta ahora, concedida por el Convenio sobre los Derechos del Niño, que todos los Estados de la Unión han firmado.


De hecho, los Menores Extranjeros No Acompañados podrán en adelante ser retenidos/detenidos en centros de internamiento y expulsados como adultos, en violación del principio fundamental del interés superior del niño.


Esta Directiva del Retorno significa pues una verdadera regresión en cuanto a la protección de los Derechos fundamentales de los migrantes en situación irregular, que son pura y simplemente criminalizados.


En vista de estas violaciones manifiestas de los Derechos Humanos y del espíritu represivo que preside la elaboración de esta propuesta de Directiva, pedimos pues a los euro-diputados, y en particular a los diputados españoles, rechacen este proyecto de Directiva.


En este sentido, se entregará la petición «No a la Directiva la vergüenza» firmada por 32.679 signatarios al Presidente del Parlamento Europeo.


 Queremos expresar nuestra inquietud por el desarrollo actual de las políticas de la Unión Europea y pedimos al Parlamento Europeo y a los Estados miembros tengan en cuenta los principios que enuncian en su Carta para no incurrir en una regresión tan grave del Derecho Comunitario.


En efecto, el claro objetivo de esta Directiva consiste en sistematizar el encierro y la expulsión de los extranjeros no deseados en su territorio, y de armonizar las condiciones de la represión a nivel europeo.


 Esta Directiva, si fuese adoptada, se impondría a los Estados miembros de la UE, quienes deberían transferirla y aplicarla en su Derecho nacional en virtud de la jerarquía de las normas, queremos llamar la atención particularmente sobre estos puntos:


La Comisión de las Libertades propone que la detención de los indocumentados pueda prolongarse hasta 18 meses cuando el extranjero no coopere, cuando haya dificultades para obtener los documentos de viaje, o cuando éste representa una amenaza para el orden público.


Ahora bien, se sabe por experiencia que el alejamiento de un extranjero se lleva en la mayoría de los casos en los 10 primeros días de su detención , entonces está claro que la utilización de una duración tan larga no permite una mejor efectividad de las expulsiones, sino que aumenta el sufrimiento del retenido, los costes de estancia para los contribuyentes, y sólo tiene por objetivo castigar y controlar a los extranjeros.


Este proyecto es todavía más preocupante al prever un alargamiento de la duración de retención en los CIEs de 40 días hasta un año y medio, cuando estas infraestructuras españolas acaban de ser duramente denunciadas por las instituciones europeas por tener las condiciones más deplorables de toda la UE. Concretamente, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y de Interior del Parlamento Europeo ha denunciado, en un Informe Publico de marzo del 2008, a España por retener o detener a los inmigrantes indocumentados en las condiciones las más deplorables de toda la Unión Europea.


Tras la laboriosa visita a cinco Centros de Internamiento (Fuerteventura, Madrid, Barcelona, Málaga y Algeciras), la citada Comisión en su informe concluye que el Estado Español vulnera gravemente los derechos fundamentales de los extranjeros que por estar en situación administrativa irregular, se encuentran literalmente detenidos en centros de internamiento de carácter penitenciario, en condiciones lamentables y sin que se pueda ejercer ningún control externo sobre la gestión de dichos centros.


La sociedad civil, una vez más, se moviliza a nivel europeo en contra de estas violaciones manifiestas de los Derechos fundamentales de las personas. Numerosas manifestaciones tuvieron lugar en Europa, y especialmente en España  para reclamar el cierre de los centros de internamiento (CIEs) y para exigir el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes.