“El Estado venezolano está obligado a sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la masacre, pero además debe incluir medidas para erradicar la actuación ilegal de estos grupos”, señala PROVEA en su comunicación
La masacre de Tumeremo, hecho en el que 17 trabajadores de la minería fueron asesinados en esa población del municipio Sifontes, no solo ha generado un sinnúmero de reacciones nacionales e internacionales, sino que ha dejado en evidencia ante el mundo la verdad a voces de los pueblos mineros del estado Bolívar: el control de las minas por parte de grupos armados.
Amén de esta realidad, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) tilda de inaceptable la permisividad del Estado venezolano para permitir el control de los yacimientos auríferos por parte de bandas armadas en el país, situación que los hace corresponsables de la masacre de Tumeremo y todo el círculo del delito que gira entorno de la actividad extractiva.
“El Estado venezolano está obligado a sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la masacre, pero además debe incluir medidas para erradicar la actuación ilegal de estos grupos, quienes además de operar de manera ilícita afectan a comunidades en situación de vulnerabilidad”, señala la organización no gubernamental (ONG) a través de una nota de prensa.
Ahí también señala la irresponsabilidad del Estado al señalar a grupos paramilitares integrados por ciudadanos colombianos sin que hasta el momento se hayan hecho las pesquisas para identificar a los culpables.
La cuestión indígena
La comunicación de Provea también se refiere a los derechos de los pueblos indígenas, también afectados por la extracción ilegal a manos de grupos armados. Sobre esto la oenegé recuerda que las organizaciones indígenas del estado Amazonas ya habían advertido que eran grupos paramilitares y guerrilleros los responsables de la extracción ilegal en esa entidad.
“Las organizaciones indígenas han entregado las denuncias a diferentes instancias del gobierno regional y nacional, incluyendo a las propias Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Vicepresidencia de la República, y hasta el día de hoy no han tenido respuesta efectiva a sus preocupaciones”, señalan.
Recuerdan también que comunidades indígenas del estado Bolívar han capturado en dos oportunidades a efectivos de la Fuerza Armada practicando minería ilegal de manera directa, y han denunciado la complicidad con grupos irregulares que se movilizan por los territorios donde se practica. “Por estos antecedentes es importante aclarar si hubo o no participación de efectivos policiales o militares en los hechos”.
De ahí que adviertan que toda acción que se realice para garantizar la seguridad en la zona debe darse con pleno respeto a los derechos humanos. Por eso consideran que la Defensoría del Pueblo debería vigilar que cualquier política se implemente con respeto a los derechos humanos.
“Asimismo exhortamos al Ejecutivo nacional a desarrollar una política integral que atienda el problema socioeconómico de las personas que practican minería en pequeña escala, garantice la preservación del hábitat de los pueblos indígenas y sus derechos y garantice la soberanía territorial”, expone Provea en la nota de prensa.
Su comunicación cierra no solo reconociendo la labor de la Fiscalía para el esclarecimiento del caso, sino exhortando a esta misma institución que canalice y responda a las denuncias de los familiares y sobrevivientes de la masacre, a fin de aclarar lo sucedido y cuantificar la cantidad exacta de víctimas, solicitando todas las medidas de protección necesarias para que los testimonios sean suministrados sin temor a represalias.
Fuente: Provea
