Miles de niños inmigrantes se hacinan en los centros de detención tailandeses en precarias condiciones. Los menores de edad no nacionales son sometidos a las mismas leyes que los adultos detenidos, pese a las denuncias internacionales
“La peor parte era estar atrapada, no poder moverte. Si mirabas a la izquierda, siempre había lo mismo. Si mirabas a la derecha, siempre lo mismo. Y, enfrente de ti, sólo un montón de gente, tantísima gente. Si conseguía mirar hacia afuera y veía gente caminando por el barrio, sólo deseaba ser uno de ellos”.
Así describía la pequeña Cindy los tres desesperantes años que pasó en un centro de detención de inmigrantes en Tailandia cuando sólo tenía nueve. Una eterna espera donde cada día era igual al anterior, y donde el temor más profundo radicaba en que el siguiente fuera igual que la jornada transcurrida.
No había delito que justificara el internamiento de la niña y su familia –el único crimen era carecer de papeles que legalizasen su situación en Tailandia- pero tampoco había soluciones que le garantizasen la libertad: sus padres, entre rejas como ellos, no podían reunir la suma que le pedían las autoridades para pagarse el viaje de vuelta a su país, y el proceso de reasentamiento familiar como refugiados registrados ante la ONU se eternizaba.
Tres largos años que robaron un pedazo de infancia a Cindy y a sus hermanos en unas prisiones que sólo en Tailandia devoran las inocencias de un miles de niños cada año, según los cálculos de Human Rights Watch. Unos 4.000 menores de edad pasan periodos cortos –de días o semanas- en los infames centros de detención tailandeses y un centenar, como Cindy, periodos de meses o años, pero si miramos hacia el resto del mundo, hablamos de decenas de miles de casos: un escándalo aceptado por gobiernos e instituciones que contraviene las convenciones internacionales.
Muchas veces son víctimas del tráfico humano, tras caer en las despiadadas redes de traficantes que secuestran a los desesperados errantes para someterles a trabajos forzados en barcos de pesca o para extorsionar a los familiares a cambio de un puñado de dólares, pero todo eso es accesorio: si son detenidos, las autoridades tailandesas les consideran inmigrantes ilegales y como tales, pueden ser detenidos y hacinados en instalaciones migratorias desbordadas y en un estado deplorable.
Julia Mayerhofer, responsable de la Red de Derechos del Refugiado en Asia-Pacífico (APRRN) en Bangkok, detalla cómo son las condiciones de vida en el interior de estos centros, repartidos por todo el país. “Pueden llegar a hacinarse hasta 100 personas en una celda con capacidad para 35. Deben hacer turnos para dormir por falta de espacio, a veces lo hacen sentados, y en ocasiones tienen que dormir también en la letrina. Su alimentación depende de los voluntarios, y éstos, a su vez, de la voluntad de los agentes de migración que custodian estos centros de detención. No se trata de una política férrea sino errática, cada centro funciona de una forma”, explica desde la oficina de la ONG en la capital tailandesa.
El director de APRRN, Anoop Sukumaran, incide en que, en realidad, no se trata formalmente de detenciones dado que no son temporales. Y ahí radica la angustia de las víctimas. “A veces son semanas, meses… A veces son años. Son largos periodos sin aire fresco, sin condiciones sanitarias dignas, sin acceso a un sistema de salud. Y todo ello, por nada: no existe crimen, no hay delito. Carecer de papeles o cruzar fronteras para pedir asilo no es un crimen”, explica Sukuraman.
Al menos 2.500 niños de Camboya, Birmania y Laos pasan cada año sólo por el principal centro de detención de Bangkok antes de ser deportados. Las autoridades tailandesas sólo se encargan de devolver a su lugar de origen a nacionales de países con los que comparten frontera: más allá –se calcula que unos 2.000 refugiados detenidos son de Pakistán, Sri Lanka, Somalia o Siria entre otros países- son las víctimas las que deben costearse el viaje de vuelta. “Si esos niños huyen de sus países con sus familias es porque la situación no era buena. Si se han visto obligados a huir, hay que considerarles víctimas a las que hay que proteger.
Autor: Mónica G. Prieto ( * Extracto)
