¿ESTAMOS SIENDO “INVADIDOS” por los INMIGRANTES?

Si hacemos caso a las declaraciones del gobierno, la oposición y a los titulares de ciertos medios de comunicación, España se encuentra sometida a una presión migratoria sin precedentes, que desborda todas las posibilidades razonables de integración de los inmigrantes.

Por Amanda Yoro

Los términos invasión, avalancha, oleada, riada, etc., usados con machacona insistencia, son eficaces transmisores de esa forma de percibir la inmigración, que una vez asentada y consolidada puede asegurar el respaldo social a las políticas restrictivas supuestamente dirigidas a contener y limitar los flujos migratorios. La percepción dominante es que España está sometida a una presión migratoria proveniente del Tercer Mundo que resulta imposible de asimilar. Pero una percepción así está guiada por intereses que deforman y enmascaran la realidad de los flujos migratorios.

En la actualidad, los inmigrantes, representan el 6% de la población (4 de cada 10 carecen de documentación en regla). En poco más de 10 años el número de extranjeros residentes en España pasará de 2 millones a 11 millones, lo que supone que 1 de cada 4 residentes será inmigrante (esta cifra incluye a los que ya residen, a los que llegarán y a los hijos de ambos).

Muchos, muchísimos españoles (60%) ante estas cifras llegan a la conclusión de que España acoge a más extranjeros de los que puede, y sólo un 14% opina que se podían y debían abrir las puertas de par en par.

Se olvidan, los españoles que no aceptan abrir las puertas, que el flujo de individuos en busca de mejores condiciones de vida difícilmente se frenará mientras el 20% de la población mundial posea el 85% de la riqueza.

Este fenómeno no tiene nada de nuevo. Las migraciones han sucedido en la historia siempre y siempre motivadas por la misma necesidad: la de poder vivir dignamente.

No conviene olvidar que durante cuatrocientos años España ha sido un país de emigración. En el siglo XX el número de emigrantes españoles asciende a 6,7 millones de personas, sobre todo a América (4,1 millones) y a Europa (1,5 millones), pero también a África (1 millón) y a Asia (0,1 millones),

de los cuales 2,5 millones lo hicieron en los últimos cincuenta años. Pero a pesar de estas cifras nadie emplea los términos invasión o avalancha para referirse a esos flujos migratorios. De modo que no son las cifras sino el clima anti-inmigración lo que hace percibir las migraciones como un fenómeno de especiales magnitudes en el presente, aunque en términos comparativos sean menores que en otras épocas históricas.

Si buscamos las causas de los cambios en la percepción del fenómeno migratorio en Europa veremos que han sido determinantes las políticas adoptadas en cada momento dependiendo de la situación económica. La crisis económica del 73 trajo consigo el final de una etapa de «puertas abiertas» y de fomento de la inmigración en los países más industrializados de Europa y el comienzo de las restricciones y de la incentivación del retorno, lo que coincide con la aparición social del «problema de la inmigración». Tras el fracaso de esas políticas, a partir de comienzos de los noventa, se empieza a levantar un «muro» legal y administrativo para restringir radicalmente las afluencias migratorias, también en los países sólo recientemente convertidos en receptores de inmigración. Europa empieza a presentarse ante el mundo como una «fortaleza».

Todavía el número de españoles residentes en el extranjero supera los 2 millones, cifra más alta que de extranjeros residentes en España.

REDES DE INMIGRACIÓN ILEGAL

Gran parte de la inmigración ilegal entra en España a través de redes delictivas más o menos organizadas. La inmigración procedente de África es la menor organizada a nivel de redes. El método más utilizado siempre ha sido llegar a Ceuta o Melilla desde Marruecos y, desde allí, intentar el paso del Estrecho por medio de pateras, barcos pesqueros, ocultos en las bodegas de los ferrys o en camiones de mercancías. Sin embargo, recientemente, y ante el aumento del control en la frontera, se han ido sofisticando también los métodos. Los programas de acogida de inmigrantes africanos ilegales asentados en Ceuta y Melilla están generando un nuevo tráfico de inmigrantes ilegales, que son conducidos a estas ciudades desde la Península o desde otros países europeos para acogerse a estos programas.

Las más organizadas son las redes chinas, que utilizan para la introducción clandestina de ciudadanos chinos diversas rutas, dependiendo fundamentalmente de la capacidad económica del inmigrante. La más barata es la que hace Pekín-Moscú-Ucrania-Bratislava-Praga-Alemania-Francia-España, atravesando las fronteras de los Estados europeos por pasos clandestinos y en horas nocturnas. Las más caras incluyen la falsificación de pasaportes de países que no necesitan visado para entrar en España, como pueden ser Japón o Bolivia.

La inmigración ilegal procedente de Hispanoamérica también utiliza los servicios de las redes de inmigración, accediendo preferentemente por vía aérea a países como Alemania, Holanda o Portugal, con traslado posterior a España por carretera o ferrocarril.
Las organizaciones que trafican con inmigrantes procedentes de la Europa del Este son todavía muy rudimentarias y cuentan con infraestructuras muy pobres, aunque están creciendo.

Las redes de inmigración suelen incluir entre sus servicios al inmigrante ilegal la oferta de empleo al llegar al país Schengen de destino. El tipo de empleo ofertado pertenece generalmente a la economía sumergida, en condiciones muy duras, sin seguros sociales ni reconocimiento de derechos laborales. Algunos trabajan en condiciones de esclavitud, controlados por las mafias hasta que paguen en su totalidad el precio exigido por éstas para sus «servicios». La consecución de documentación falsificada es otro aspecto de este negocio repugnante.

Quienes llegan a España a través de las redes de inmigración ilegales suelen ser mayoritariamente inmigrantes jóvenes, entre 18 y 30 años, existiendo una cierta especialización por nacionalidad en el tipo de empleo sumergido al que se dedican. Especial referencia merece el tema de la mujer, ya que, aunque tradicionalmente se ha dicho que en las migraciones predominaban los hombres, en los últimos años esta situación está cambiando, adquiriendo una importancia creciente la mujer, que suele ser la más explotada.

COMO VIVEN EN ESPAÑA

Trabajo: tipo de mercado

Con o sin «papeles», el inmigrante se integra en un segmento del mercado laboral caracterizado por la inestabilidad, los bajos salarios, la falta de cualificación y la desregulación. En dos ámbitos típicos de ocupación, el servicio doméstico para las mujeres y el trabajo como jornalero del campo para los hombres, las condiciones de trabajo son duras, fijadas unilateralmente por el patrono, que define horarios y salarios a su conveniencia. Mantener el puesto de trabajo es vital para la permanencia del inmigrante porque incide en la renovación de su permiso de residencia.

Vivienda

Un factor importante de discriminación y que condiciona en gran medida sus posibilidades de integración, es el acceso a la vivienda. Sea en el campo, donde el alojamiento de los trabajadores agrícolas suele estar proporcionado por el empresario en condiciones indignas, o en la ciudad, donde el acceso a un piso de alquiler resulta muy difícil por su alto coste, las condiciones de vivienda de los inmigrantes económicos se caracterizan en gran medida por el hacinamiento y la insalubridad. Al problema económico se unen los recelos xenófobos de muchos propietarios de pisos.

Educación

En este tema, como en el de la vivienda, hay diferencias importantes según los colectivos (sobre todo entre los latinoamericanos y los magrebíes) y también según las regiones de asentamiento.
Sabemos que primero llegaron los hombres, después las mujeres y por último los niños. En el año 2003 entraron en patera 900 menores, menos de un centenar pudo ser devuelto a Marruecos mientras que 4800 se encuentran bajo la tutela de las autoridades españolas. En los centros de acogida donde están estos muchachos no están atendidos, sus educadores no vocacionados no los atienden o no asisten a los centros. Muchos como respuesta a su trato se fugan. El gobierno habla de la imposibilidad de integrarlos a centros escolares con normalidad. ¿Será tan incompetente nuestro gobierno para no encontrar una solución? ¿Qué querrá hacer con estos 5000 menores?.
Sabiendo que ese número irá en aumento ya que España se ha comprometido a no llevar a cabo expulsiones masivas y sólo llevar a cabo repatriaciones en caliente, es decir a pie de playas y en la frontera, ¿qué hará con los miles de niños que irán llegando?. Esto se hará así porque el gobierno empeñado sólo en abrir las puertas a la inmigración legal se gastaba más dinero en devolverlos a casa (casi 100.000 los inmigrantes ilegales en el 2003: rumanos, marroquíes, búlgaros, ecuatorianos) que en admitirlos en el país.
Ante el tema de la educación y los niños se han creado muchas falacias, la principal la de asegurar que estos niños son niños de la calle y que nadie los echará en falta, se haga lo que se haga con ellos. Se sabe que el 45 % de los niños que emigran a España proceden de ámbitos familiares estables y afectivos y sólo un 15% vivían en las calles antes de emigrar.

Salud

Se puede afirmar que los trabajadores extranjeros que residen legalmente en España, con permiso de trabajo y en situación de alta en Seguridad Social, son los únicos que realmente tienen acceso a la salud en igualdad de condiciones con los ciudadanos españoles.
El resto de extranjeros, aun en situación regular en nuestro país, tienen acceso al sistema público de salud de forma muy desigual y dependiendo en muy alta medida de su nivel cultural, el tipo de atención médica que requieran, el lugar geográfico donde se encuentran, etc.
En cuanto al lugar de residencia o estancia de los inmigrantes, y puesto que las competencias en materia de sanidad han pasado en la última década de la Administración Central a la Autonómica, se observa que el comportamiento real de los responsables sanitarios de las distintas Autonomías, e incluso provincias, difiere ,notablemente y va desde la posición generalizada, en algunos lugares, de facilitar tarjeta sanitaria a los inmigrantes, hasta a poner obstáculos a la atención en los ,servicios de urgencias en algunos casos.
A pesar de que el sistema español de sanidad tiene carácter universalista y de que se ha procedido al desarrollo normativo de la Ley General de Sanidad, por lo que prácticamente ningún español queda fuera de la posibilidad de acceso, como un derecho, a la sanidad pública, una parte de los inmigrantes se encuentran de facto sin posibilidad de acceder de forma regular al sistema público de salud. Además, estos casos suelen ir unidos a una situación económica y personal muy precarias.

Sigamos analizando las causas del fenómeno migratorio y el cúmulo de problemas que estas personas llegadas a nuestro país para trabajar y establecerse encuentran en el día a día y cómo los poderes públicos y la sociedad reaccionan al respecto.

¿Ilegalidad?

Junto a la percepción del fenómeno migratorio como invasión e indisociable de ella está su vinculación con la ilegalidad, lo que ha contribuido de modo determinante a una estigmatización social de los inmigrantes, convertidos de modo general en sospechosos. Esto se debe, en gran medida, al enfoque adoptado por la UE frente a la inmigración, centrado en el control fronterizo y policial, como pone de manifiesto la atribución de competencias fundamentales a los Ministerios de Interior. Las cuestiones dominantes en las políticas migratorias son el control de los que residen en el país y su regularización, la expulsión de los irregulares o irregularizados y la impermeabilización de las fronteras para que no lleguen más inmigrantes. El eslogan más difundido es: «lucha a la inmigración ilegal», aunque aparezca a veces acompañado de la proclamación de buenas intenciones respecto a la integración de los «legales». Pero ni las políticas que intentan restringir las afluencias reducen la mal llamada «ilegalidad», ni se ha demostrado una relación entre mayor control y mejor integración.

Son las políticas restrictivas las que definen y fomentan la «ilegalidad», que no puede ser vista como una realidad ajena a las normativas estatales. Frente a la percepción común de que la mayoría de inmigrantes se introduce en el país por caminos ilegales controlados por mafias sin escrúpulos, tal como refuerzan a diario en el caso español las imágenes televisivas de las pateras y los polizones interceptados, y sin negar la existencia de dichas mafias, sus métodos más o menos abyectos y sus ganancias crecientes, sin embargo, la entrada de más del 80% se produce de manera legal, con visados de turistas o estudiantes o con un visado temporal para llegar a otro país europeo o visitar un familiar. La situación irregular se produce con posterioridad, ya en el país, por prolongación de la estancia una vez cancelado el visado. Además, también los establecidos legalmente en él durante más tiempo pueden ver cancelada la legalidad de su estancia, ya que para la mayoría la renovación del permiso de residencia depende de requisitos como el permiso de trabajo, condicionado a su vez por la tenencia o no de un contrato de trabajo congruente con él, un domicilio, etc. De modo que la no renovación automática y el límite temporal de los permisos de residencia y de trabajo, así como la vinculación entre ambos y las dificultades o la lentitud administrativas para las tramitaciones de dichos permisos, son la causa fundamental de «re-ilegalización» de los previamente considerados «legales».

Así pues, la distinción entre regularidad o irregularidad es una construcción administrativa. Y llama poderosamente la atención que quede fuera de consideración el gran número de jubilados y pensionistas de la UE que residen la mayor parte del año en España, pero no poseen documentación en regla. Si de lo que se trata es de aplicar la ley, ¿por qué nadie piensa en ellos cuando se habla de luchar contra la inmigración «ilegal»?

Se impone la observación de que la política migratoria está estrechamente unida a la política económica y al fenómeno de la economía llamada informal, lo que queda patente en el desequilibro resultante del diferente peso administrativo de los controles fronterizos respecto a las inspecciones de los lugares de trabajo o de las medidas de expulsión de los trabajadores extranjeros «irregulares» respecto de las sanciones a los empresarios que infringen la ley. El control basado en la exteriorización y criminalización de los inmigrantes como trabajadores «ilegales» es un instrumento clave en el proceso estructural de expansión y transformación del sistema capitalista mundial. Podría hablarse incluso de una «funcionalidad» económica de la «ilegalidad», pues la «irregularidad» de los inmigrados facilita su sobreexplotación, reduce los costes de contratación, fragiliza su posición negociadora frente a patrón y debilita sus posibilidades de oposición a condiciones laborales draconianas e injustas, ahorra costos estatales, a pesar de que los inmigrantes contribuyan a las arcas del Estado al menos con los impuestos indirectos, y dificulta sus posibilidades de organización y reivindicación, aunque en muchas ocasiones también los «regularizados», dada la precariedad del estatuto legal de muchos de ellos, se vean sometidos a condiciones similares.

El mito del inmigrante: “amenaza” para la seguridad

El estereotipo negativo más dañino con relación a los inmigrantes en la España actual es la extendida idea de que son éstos los responsables de un significativo porcentaje de la delincuencia. Esta idea, reflejada en los resultados de distintas encuestas de opinión, es reforzada habitualmente por los medios de comunicación así como por representantes políticos que han denunciado persistentemente la supuesta relación entre inmigración y delito.

También forma parte de la asociación entre inmigración e «ilegalidad» su vinculación con la criminalidad. La estadísticas oficiales al respecto suelen referirse a «detenciones», pero reflejan el número de actuaciones policiales, lo que no debe ser confundido con el número de personas que supuestamente delinquen, ni debe ser tomado como un indicador de delincuencia sin más, ya que la mayoría de las detenciones no tiene como causa la comisión de un delito o falta. En 1997 el 58,6% de las detenciones se debió a la falta de documentación administrativa y el 6,6% a que las personas estaban reclamadas en otros países. Según el Colectivo Ioé, dejando fuera esos supuestos «delitos», tendríamos un índice del 4% de detenciones sobre el conjunto de extranjeros. Los delitos considerados importantes, como las agresiones sexuales, los asesinatos, homicidios o lesiones, representaban en 1997 sólo 5,2% del total y sorprendentemente entre los detenidos por esta causa no sobresalen los inmigrantes del sur, sino los del Reino Unido (12,2%) y Alemania (8,2%), aunque también China Popular (9,6%), Perú, Polonia y Rumania (más del 7%). En 1996 tan sólo el 4% de los detenidos extranjeros estaba relacionado con delitos de tráfico de drogas. En todos estos casos el grupo más significativo de inmigrantes del Tercer Mundo, los marroquíes, carece de relevancia estadística. Por último, la sobreproporcionalidad de extranjeros condenados (5-6% sobre 2%) no puede ser tomada como índice de una mayor criminalidad, como demagógicamente pretenden algunos, ya que las poblaciones de referencia, los extranjeros y la población en general, presentan diferencias demográficas y sociales que invalidan dicha significación.

El mito del inmigrante como delincuente tiene además el efecto perverso de generar una dinámica de profecía autocumplida ya que, si existe la creencia de que las personas inmigrantes cometen más delitos, aumenta más la vigilancia sobre ellas dando lugar a más detenciones, juicios y condenas, justificándose así la hipótesis inicial de la mayor tenencia delictiva de los inmigrantes. En todo caso, los estereotipos tienen una increíble capacidad de sobrevivir cualquier análisis de la realidad y es sorprendente escuchar a personas, a las que se les han expuesto razonadamente los argumentos vertidos en este articulo, reacciones como: “bueno, será así….pero a un amigo mío le robaron un par de marroquíes”.

Ladrones de empleos

Otro aspecto importante de la percepción social del fenómeno migratorio tiene que ver con la posible competición en el mercado de trabajo entre nativos e inmigrantes. Lo primero que cabe decir al respecto es que queda descartada una relación causa-efecto entre inmigración y paro. Ha habido momentos de alto nivel de inmigración y pleno empleo en muchos países de Europa. Todavía hoy los países con más índice de paro son los que reciben menos inmigración (España) y viceversa, los que tienen un mayor número de inmigrantes poseen un índice de paro más bajo (Suiza). Sin embargo, esto no significa que la llegada de inmigrantes no produzca una presión a la baja sobre los salarios y una sustitución de los nativos en determinados tipos de trabajo. Lo que haya de realidad en ello tiene reflejo en ideas de tipo popular que consideran falsamente que el número de puestos de trabajo es fijo y que los inmigrantes «les quitan el trabajo a los nativos».

A pesar de su posible rentabilidad política, una visión tan simplificadora no se sostiene desde el punto de vista económico, pues ni el número de puestos de trabajo es una magnitud fija, ni el mercado de trabajo es un todo uniforme donde los oferentes de mano de obra compiten entre sí sin ningún tipo de trabas. Existen indicios de peso sobre el efecto dinamizador de las migraciones sobre el conjunto de la economía y, por tanto, sobre la creación de empleo, sobre la contención de los niveles salariales y de inflación en períodos de crecimiento, etc.. Por otro lado, la teoría del dualismo del mercado de trabajo propuesta por Piore a comienzos de los setenta puso de manifiesto la segmentación de dicho mercado y la existencia de factores discriminatorios («raza», género, etc.) que, independientemente de formación y cualificación, dificultan y obstaculizan el acceso de determinados sectores de población a segmentos del mercado laboral mejor retribuidos, con más estabilidad y prestigio reconocido. De este modo se produce una dualización de dicho mercado que impide que los trabajadores inmigrantes y los nacionales compitan entre sí de modo completamente abierto, dado que actúan en segmentos bastante separados, incluso aunque trabajen en el mismo sector o en las mismas empresas. Los trabajos realizados por los inmigrantes, o al menos por la retribución por la que éstos los realizan, no son deseados por los nativos, que o bien previamente los han rechazado, lo que genera la demanda de inmigración, o bien ascienden en la escala de segmentos con la llegada de los inmigrantes. Esto explicaría la etnoestratificación del mercado laboral y la concentración étnica o nacional en ciertos trabajos.

Según el Anuario de Estadísticas Laborales de 1999 el total de trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral asciende a 334.976 (216.194 varones y 118.604 mujeres), de los cuales 185.088 pertenecen al régimen general, 43.006 al régimen especial agrario y 44.841 al régimen especial de empleadas del hogar. Mientras en este último régimen la presencia femenina es abrumadora, en el agrario lo es la masculina. También predomina en el primero la procedencia de América Central y del Sur y en el segundo el de África, aunque más del 35 % del conjunto de altas laborales corresponden a ciudadanos comunitarios. Por lo que respecta a la presencia de inmigrantes los sectores de actividad más importantes son el agropecuario (33,25 %), el servicio doméstico (14,99 %), la construcción (14,91 %) y la hostelería (11,37).
La vinculación entre permisos de trabajo y de residencia, así como el tipo de vigencia temporal de los mismos, por un lado, y la política de cupos, que orienta la fuerza de trabajo inmigrante hacia ocupaciones específicas del mercado laboral con un índice mayor de irregularidad y precariedad, por otro, ha creado un círculo vicioso de inestabilidad laboral y jurídica, que aumenta considerablemente la vulnerabilidad y la discriminación de los inmigrantes en el mercado de trabajo. De hecho se han creado unos nichos laborales en sectores económicos y tipos de actividad con una presencia destacada de determinados colectivos inmigrantes no comunitarios. Mientras que en el servicio doméstico sólo trabaja un 2,7% de las personas ocupadas autóctonas, lo hace un 31% de las personas ocupadas inmigrantes, procedentes fundamentalmente de Latinoamérica y Asia. También la proporción de personas ocupadas en la agricultura dentro del colectivo inmigrante, fundamentalmente de las procedentes de África, es mayor que en el autóctono (18% y 8% respectivamente). Este fenómeno lo ha calificado I. Wallerstein de «etnización del mercado laboral». Su funcionalidad económica está clara: la pertenencia al grupo social sirve para hacer posibles unos salarios muy bajos para sectores enteros de la fuerza de trabajo.

Además de la discriminación que supone una asignación de los inmigrantes a sectores y actividades con un índice mayor de irregularidad y precariedad, la posición que ocupan los inmigrantes laborales dentro de los respectivos mercados de trabajo, en gran medida condicionada por el tipo de acceso a los mismos, es peor de modo sistemático. En el caso de la agricultura, esto supone una inserción casi exclusiva en la modalidad eventual de trabajo y unas enormes dificultades para la inserción social debidas a la estacionalidad (cambio frecuente de zonas de trabajo, alojamiento en infraviviendas, imposibilidad de reunificación familiar, etc.). En el caso del servicio doméstico, las inmigrantes son empleadas en muy buena parte como «internas», lo que conlleva frecuentemente condiciones de explotación extrema, tanto por los horarios de trabajo, el grado de informalización y los salarios inferiores, como por la dependencia casi total respecto de las familias que las contratan. En la construcción se observa un predominio de la ocupación de los inmigrantes en la categoría de peón no cualificado. Sufren en mucha mayor proporción que los autóctonos la privación de derechos laborales como pagas extra, vacaciones pagadas, etc.

Asistimos a una nueva forma de esclavitud y de reducción de seres humanos a mano de obra barata y explotable supeditada a las exigencias arbitrarias de los contratantes. Por eso hablar de inmigración en España es imposible sin apuntar a los límites y las contradicciones del proyecto democrático del Estado social de derecho y a la falta de cumplimiento de todos los derechos humanos para todos los seres humanos que habitan en nuestro país.

Los países de la Unión Europea, con sus políticas limitativas respecto al derecho a vivir en familia, a la residencia permanente, a la obtención de la nacionalidad y no siempre sensibles al deber ético de regularizar a cuantos se encuentran insertos en la economía sumergida, han optado formalmente por establecer políticas orientadas al movimiento migratorio económico. Pero se equivocan.
Europa necesita 44 millones de inmigrantes hasta el 2050 para mantener su crecimiento y sus pensiones, lo otro es lavarse la cara.