El objetivo de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) para fomentar las exportaciones españolas raramente coincide con su teórica función de ayudar a los países empobrecidos.
Los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) son uno de los mecanismos a través de los cuales el Estado español mantiene su posición de acreedor de deuda con los países empobrecidos. En el año 2007 supusieron el 49,38% del total de la deuda que terceros países debían al Estado, mientras que la deuda comercial CESCE supuso el 43,10% y otros créditos, líneas de créditos especiales y avales sumaron el 7,52% restante.
Los créditos FAD se circunscriben dentro del denominado Fondo de Ayuda al Desarrollo. El Gobierno español otorga estos créditos, previa aprobación del Consejo de Ministros, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La deuda FAD también es conocida como deuda concesional, ya que los créditos FAD tienen una componente de donación (mínimo del 35%, siendo del 50% en países más empobrecidos) al ofrecerse en unas condiciones de pago más favorables que las que exige el mercado financiero. Es decir, con menores tipos de interés, combinado con plazos de devolución del capital y periodos de carencia (tiempo en que tan sólo se pagan intereses) más largos. Se trata, por tanto, de financiación susceptible de ser considerada Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Para su inclusión en la AOD, los créditos FAD deben financiar proyectos no rentables en condiciones reales de mercado y estar orientados hacia el ‘desarrollo’ de los países empobrecidos. Desde su creación en 1976, los créditos FAD intentan cumplir el doble objetivo de promover las exportaciones españolas, actuando como instrumento de internacionalización de la economía española, y de canalización de la ayuda para el desarrollo de los países más empobrecidos. Ambos objetivos no son muy compatibles ya que los intereses empresariales difícilmente coinciden con las necesidades que tienen las poblaciones más desfavorecidas de los pueblos del Sur.
Por ello, los créditos FAD han sido y son duramente discutidos desde el mundo de la solidaridad internacional. Y es que, excepto en casos extraordinarios, el ICO otorga estos créditos blandos de manera ligada a la compra de bienes y servicios españoles. Este hecho imposibilita al país que recibe los créditos FAD de disponer de libertad de contratación para la ejecución de los proyectos. Ello no permite el que sean empresas locales y, por extensión, la economía de estos países, las que se puedan beneficiar de dichos contratos. En consecuencia, al ser una empresa española quien ejecuta los proyectos FAD, la mayoría de los efectos de arrastre se sienten sobre la economía española y no en la de los países empobrecidos, una característica inapropiada para un instrumento cuya finalidad principal debiera ser el desarrollo de los pueblos empobrecidos.
Por ello, se exige que se desligue la ayuda e incluso que desaparezca el FAD como elemento crediticio dentro de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Desde las organizaciones sociales también se denuncia que los FAD pueden ser fuente de una deuda ilegítima. Entendiendo por deuda ilegítima aquella que procede de préstamos que esconden, financian o tienen como consecuencia comportamientos, mecanismos o fenómenos que, a corto, medio o largo plazo, atentan contra la dignidad de la vida de los ciudadanos del mundo y/o ponen en peligro la convivencia pacífica entre los pueblos. Por ello, se está reivindicando la necesidad de auditar el origen de la deuda, a fin de conocer su legitimidad. Si como resultado de esta auditoría se evidenciara la ilegitimidad de estos créditos, haría falta cancelar inmediatamente esta deuda y exigir responsabilidades, tanto a quien los concedió como a quien los aceptó en aras de sus respectivos Estados.
Por todo ello, y dado que el Gobierno español está obligado a presentar una reforma del FAD durante esta Legislatura, según establece la Ley 38/2006 Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa, desde la sociedad civil estaremos atentos y vigilantes para que dicho texto recoja los cambios exigidos a fin de que el FAD deje de ser un lastre para el bienestar de los pueblos empobrecidos.
SOMALIA : TANQUES PARA UN DICTADOR COMO AYUDA AL DESARROLLO
La deuda que Somalia mantiene con el Estado español asciende a 22,63 millones de euros, cifra que tan sólo representa el 0,8% del total de su deuda exterior. Esta cantidad proviene de dos créditos FAD que se otorgaron bajo el régimen dictatorial de Mohamed Siad Barre para la venta de vehículos militares españoles cuando Felipe González era presidente del Gobierno. Aunque la legislación internacional del momento permitía desarrollar dichas operaciones mediante créditos concesionales como el FAD no parece que ello sea legítimo, ya que en este caso se trataba de alimentar la máquina militar de un régimen dictatorial y sanguinario como el de Barre. Menos todavía si se tiene en cuenta que éstos computaron como Ayuda Oficial al Desarrollo. Está claro que la venta de material militar no es una prioridad de desarrollo para un país como Somalia donde la esperanza de vida al nacer se encuentra en 47 años. Entendemos que estamos frente a una deuda de opresión, ya que estos créditos sirvieron para mantener o fortalecer al régimen dictatorial y represor de Somalia. Por todo ello, cabe denunciar que el gobierno de Felipe González es corresponsable del más que probable origen ilegítimo del 100% de la deuda somalí. En consecuencia, el actual gobierno del PSOE, más que esperar el cobro de dicha deuda, lo que debería hacer es auditar el caso, cancelar la deuda ilegítima y exigir responsabilidades a aquellos que concedieron los créditos, por más que los imputados pudieran ser de su mismo color político.
Daniel Gómez-Olivé, del Observatorio
de la Deuda en la Globalización (ODG)
