El asesinato de sus hijas marcó su presente y arrancó de ellas una fuerza superior para poder no sólo enfrentar a las autoridades sino un futuro incierto. Amas de casa, obreras o trabajadoras domésticas, su vida dio un giro. Ayer abuelas, hoy son madres de sus nietas y nietos. El último informe de la organización Amnistía Internacional (AI) sobre el asesinato sistemático de mujeres en Ciudad Juárez, México, no se ahorra críticas contra el gobierno del presidente Vicente Fox…
Las madres de las mujeres asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez y Chihuahua se levantan todos los días para proseguir con su demanda de justicia. Para ellas, los festejos del Día de la Madre han quedado reducidos a los recuerdos de sus hijas masacradas. Han debido asumir brutalmente de nuevo la maternidad, puesto que ahora son ellas las responsables de las hijas e hijos de las víctimas de Juárez, señala un reportaje especial de la agencia de noticias mutimedia Cimac (de México).
El último informe de la organización Amnistía Internacional (AI) sobre el asesinato sistemático de mujeres en Ciudad Juárez, México, no se ahorra críticas contra el gobierno del presidente Vicente Fox. AI denuncia errores y negligencias del sistema judicial mexicano en la investigación de los crímenes.
Las denuncias están contenidas en el informe «México: muertes intolerables. Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua», cuya presentación en la capital mexicana estuvo a cargo de la Secretaria General de AI, Irene Khan. «Los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua son sintomáticos de las deficiencias en la administración de justicia en todo el país», afirmó Khan, quien luego se reunió con el presidente de México, Vicente Fox, para pedirle que el Gobierno termine con la impunidad.
«Ser mujer, joven, bonita y pobre es convertirse en blanco para los asesinos en Chihuahua», denunció la portavoz de la organización «Justicia para nuestras hijas», Norma Ledesma, cuya hija de 16 años, Paloma, fue asesinada en Chihuahua el año pasado.
Desde 1993 se han registrado en Ciudad Juárez alrededor de 350 asesinatos violentos de mujeres, considerada la capital de la industria maquiladora y cuya población fluctúa en un millón 319 mil habitantes, según datos de la presidencia municipal y que, de acuerdo a cifras del gobierno estatal, ha crecido 12 veces en los últimos 40 años.
El mismo gobierno de Chihuahua, reticente a asumir el problema, reconoce 330 crímenes a la fecha, 90 de ellos bajo el rubro de crímenes sexuales, es decir, aquellos que han despertado el horror de la comunidad internacional por su violencia.
En la capital estatal, Chihuahua, desde 1999 la organización Justicia para Nuestras Hijas, documentó y da seguimiento a nueve asesinatos y siete desapariciones de jóvenes trabajadoras o estudiantes que guardan similitudes con los crímenes en Ciudad Juárez.
Igualmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consigna en la pasada década cuatro mil reportes de desaparición de mujeres jóvenes.
Provenientes de la clase trabajadora y tras vivir el unánime maltrato del aparato de justicia en el norteño estado, muchas madres pronto renunciaron a la búsqueda de justicia o de sus propias hijas. Algunas de ellas se mudaron a otros estados. Otras sencillamente cerraron la puerta.
La vida de las que optaron por seguir buscando es una cuerda floja. La salud de todas ellas es frágil: abunda la diabetes, sufren estrés postraumático, los ataques de pánico, dermatitis o, simplemente, un peso en el corazón.
A su precaria condición económica con varios hijos, quizá desempleadas y con casas a medio construir, se suman hoy los gastos en salud, abogados, terapia y otras nuevas necesidades que las hacen vulnerables a ser atacadas por recibir una supuesta ayuda gubernamental y por enriquecimiento.
Todas ellas lamentan que la sociedad juarense, informada por las autoridades y los medios locales, califiquen a sus hijas de haber sido vaguitas, de andar muy sueltitas o incluso, de haberse prostituido.
La tragedia de perder a sus hijas
Esther Luna es la madre de Brenda Alfaro Luna, quien, una mañana de octubre de 1997, a sus 15 años de edad, salió de su casa a su primer día como trabajadora doméstica y nunca regresó. Pocos meses antes vivía cómodamente con su familia en El Paso, Texas, pero un problema familiar las obligó a regresar, sin dinero, a México.
Por los medios de comunicación, su hermana Lorena se enteró que había aparecido un cuerpo que podría corresponder a su hermana, ante lo cual acudió a identificarlo. Las ropas correspondían a Brenda, pero le negaron ver el cuerpo por el grado de descomposición en que se encontraba.
No fue sino hasta el año 2001 que la familia pudo recuperar el cuerpo. En esos años, la policía dijo a Esther en alguna ocasión: «Váyase a su casa, nosotros le hablamos, ¿qué, no tiene nada que lavar?», según refiere la señora Luna desde su casa ubicada cerca del centro de Ciudad Juárez.
La auditoría del Instituto Chihuahuense de la Mujer lo consigna como un caso aún sin resolver.
Una ciudad en la frontera
Ciudad Juárez sigue en movimiento, pese a que en el 2003 cerraron al menos 386 empresas. Es la hora maquiladora: cinco y 10 de la mañana. Todavía no clarea. Un ejército de autobuses escolares identificados como Transporte de Personal corre hacia las maquiladoras, lleno de mujeres y hombres. Juárez está vivo, lo que contrasta con el bajo voltaje de sus focos que sin embargo, no justifica la saña de las muertes.
La juventud universitaria y también las y los trabajadores pueden divertirse los fines de semana por 30 pesos de entrada (menos de $US3) y menos de 10 pesos por cerveza o un dólar, en largas y divertidas noches.
Noches que atemorizan a las otras, a las madres que ya perdieron, sin poder entenderlo, a una hija. Ellas confiesan tener miedo a la noche, a los hombres, a los taxis, a las relaciones sexuales.
«Ya no voy a tener miedo» se promete Marta Ledesma Hernández, madre de Angélica Márquez Ledesma, quien salió el 20 de abril de 1995 de la casa de su tía en Ciudad Juárez y desapareció a los 15 años de edad. «Todavía no estoy bien, pero le estoy echando ganas», asegura mientras se da fuerzas para proseguir la búsqueda.
La desaparición de Angélica obligó a migrar a la familia desde Casas Grandes, Chihuahua, a Juárez perdiendo casa y muebles. Hoy batallan por pagar la renta. Al venirse a vivir aquí, su esposo tuvo un accidente de trabajo, lo que agravó su situación.
Al final, esta ciudad es solamente un Afganistán para las pobres. Porque aquí, para las madres, hermanas, abuelas y amigas de las víctimas, ninguna de ellas universitaria, ninguna de ellas rica, llegar a casa antes de que oscurezca o a la hora que avisan es más que buena educación; es una estrategia para conservar la vida.
Antes nietos, hoy hijos
Donde las mujeres asesinadas o desaparecidas dejan hijos, las abuelas se hacen cargo.
Lilia Alejandra García Andrade, trabajadora de Servicios Plásticos y Ensambles hasta que desapareció el 15 de febrero del 2001 -cuatro días después se encontró su cuerpo sin vida-, dejó a dos hijos que tenían menos de un y tres años de edad.
Norma Andrade, maestra, madre recientemente viuda y con precaria salud, constata que la tutela que la ley le otorga no es suficiente para garantizar la manutención de sus dos nuevos hijos. Hoy lucha en la arena pública por lograr su adopción legal.
Un nieto de seis años también preocupa a María de Jesús Ramos, mamá de Bárbara Araceli Martínez Ramos de 21 años de edad, empleada, que apareció en el Campo Algodonero, páramo hoy adornado con ocho cruces y vigilado 24 horas al día por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Antes de que su hija desapareciera trabajaba en la limpieza del aeropuerto de la ciudad. Hoy se ha convertido en mamá a tiempo completo, y aunque recibe apoyo económico de sus otros hijos «me la veo verde», dice la güera, quien se apresura a señalar «ya quiero volver a trabajar».
En la ciudad de Chihuahua, Norma Ledesma, madre de Paloma Angélica Escobar Ledesma, – quien desapareció de la escuela de computación ECCO, al igual que otras jóvenes- se sostiene con la idea de que Paloma no se ha ido, lo que le da fuerza para seguir adelante en su lucha, lo que la ha llevado, dice sin entusiasmo, a exponer su caso en Estados Unidos y Suiza.
Mientras, Patricia Cervantes, madre de Neyra Azucena, viajó a Ginebra, Suiza, para presentar su caso durante la 60 Sesión de la Comisión de Derechos Humanos «Para mí que se haga justicia es que hallen a los verdaderos culpables», porque detuvieron a un primo de la víctima David Meza, lo que la obliga a luchar en dos frentes.
«Los funcionarios públicos de Chihuahua no están haciendo nada, solamente dar tiempo a los verdaderos culpables», sostiene con una mezcla de tristeza y furia y agrega: «Yo voy a hacer todo lo posible para que se investigue al ex procurador José Jesús Solís Silva y al gobernador Patricio Martínez, porque no es justo que siendo la máxima autoridad se esté burlando de nosotros».
Fuente. Cimacnoticias.com , Amnistía Internacional
