Una nueva ley de la UE tiene como objetivo detener la financiación del comercio de metales en los conflictos armados y las violaciones permanentes de los derechos humanos. Pero la UE no puede olvidar que ha asistido, como “actor beneficiado”, a millones de muertos (en forma de genocidios de hecho) en el ya iniciado siglo XXI, en países como la República Democrática del Congo (RDC)
El reglamento que plantea la UE exigirá chequeo de cadena de suministro para los importadores de tungsteno, tántalo, estaño y oro – denominados metales 3TG – así como algunos de sus compuestos. Las empresas que importen sólo pequeñas cantidades o productos terminados que contengan estos metales estarán exentos de la regulación.
Casi todos los dispositivos electrónicos pequeños – desde teléfonos móviles hasta audífonos y sistemas antibloqueo de frenos – contienen tántalo dentro de sus condensadores. El estaño se utiliza en la soldadura, mientras que las brocas de la herramienta eléctrica y los accesorios a menudo contienen carburo de tungsteno, uno de los materiales más duros conocidos usados en minería (perforación). El oro se utiliza principalmente en joyería o almacenado para la especulación.
El trabajo esclavo y otros abusos contra los derechos humanos son comunes
La alta demanda de metales 3TG significa que son una mercancía valiosa que puede traer gran riqueza a los países con estos recursos. Sin embargo, la mayoría de las veces, especialmente en la República Democrática del Congo, esto ha llevado a grupos armados a generar ingresos mediante el control de las operaciones mineras. Cuando esto ocurre, el trabajo esclavo y otros abusos contra los derechos humanos son comunes, y los fondos del comercio de minerales pueden perpetuar conflictos violentos, como el sufrido en RDC.
A pesar de importar casi el 25% del estaño global, el tántalo y el tungsteno y el 15% del oro, una consulta pública encontró que las fundiciones y refinerías de la UE no siempre aseguran que sus minerales “están limpios”. El 17 de mayo, el Consejo de la UE aprobó una legislación que hace cumplir el cumplimiento de las directrices de diligencia debida de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. La ley exige que las empresas que importan 3TG de «áreas afectadas por el conflicto y de alto riesgo» para auditar su cadena de suministro, para “identificar y mitigar los riesgos”, y para publicar sus conclusiones. Los pequeños importadores, como los dentistas, así como los importadores de productos terminados que contengan 3TG, estarán exentos del reglamento.
El reglamento entrará en vigor a comienzos de 2021 – hasta entonces, cada Estado miembro tendrá que aprobar las leyes locales para hacer cumplir el cumplimiento y establecer posibles sanciones. La Comisión Europea se ha comprometido a revisar regularmente la eficacia de la legislación y aplicar medidas adicionales si las actuales resultan insatisfactorias. Largo me lo fiáis. Cada día hay muertos, violaciones, desplazados por estos intereses y las guerras que conllevan, no pueden esperar a la burocracia.
Pero los cambios reformistas de la UE no acabarán de raíz con el problema. Ya que paralelamente son necesarias otras medidas; en cuanto a ponderar justamente los impuestos por la extracción en beneficio de los países, o apuntalar la tareas de cara a la democratización eliminando la corrupción inducida por las transnacionales, así como la inmediata y necesaria eliminación de cualquier violencia contra las poblaciones.
Recordemos que esa zona abundante en coltán (en torno a Kivu), ha sido de las más espiadas por las grandes agencias, para tener el control (o descontrol) político y militar (guerrillas) de la riqueza mineral.
Autor: Luis Antúnez
