Amnistía Internacional lanza una campaña para abolir la aplicación de la pena capital a delincuentes juveniles antes del fin de 2005. Tres hombres que cometieron delitos cuando eran menores están a la espera de ejecución en Estados Unidos. Edward Capetillo tiene prevista su ejecución para el 30 de marzo, Efraín Pérez debería ser ejecutado el 23 de junio y Raúl Villarreal debería morir sólo un día después que el anterior.
Por YOLANDA MONGE
Relegar definitivamente al olvido la ejecución de personas por delitos que cometieron cuando éstas eran menores de edad; ése es el objetivo a batir por la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) antes de que acabe el año 2005. «Los avances internacionales hacia el fin de la pena de muerte para menores nos dan motivos para creer que nuestra meta es alcanzable», declaró ayer Esteban Beltrán, director de la sección española de AI. El derecho internacional prohíbe el uso de la pena de muerte contra menores de edad, incluidos los que eran menores de 18 años en el momento de cometer el crimen por el que se les condena.
En un informe hecho público ayer, Amnistía Internacional documenta ejecuciones de menores en ocho países desde 1990: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo y Yemen. La mayoría de estos países han modificado ya sus leyes para prohibir el uso de la pena de muerte contra menores, convirtiendo a Estados Unidos en el único país que reconoce abiertamente llevar a cabo este tipo de ejecuciones y que defiende su derecho a hacerlo. No en vano, comentó Beltrán, Somalia y Estados Unidos son los únicos países del mundo que no han ratificado la Convención de los Derechos del Niño.
A su vez, Rob Freer, miembro de AI en EE UU e investigador de estos temas, declaró: «Estados Unidos se autocalifica como defensor mundial de los derechos humanos, y sin embargo ha sido autor de 13 de las 19 ejecuciones de menores de que se ha tenido noticia desde 1998. A medida que otros países que cometían esta misma violación de los derechos humanos se van retirando de este camino, podría decirse que EE UU es el país menos progresista del mundo respecto a esta cuestión». En cualquier caso, desde el año 2000 se han llevado a cabo ejecuciones de menores en Oklahoma, Tejas y Virginia, y 16 de los 38 Estados que mantienen la pena de muerte, así como el Gobierno federal, prohíben aplicarla a los menores. Sin duda alguna, Tejas es el Estado donde más ejecuciones de menores se han llevado a cabo: trece.
Amnistía Internacional, concluyó Freer, se opone a la pena de muerte en todos los casos (menores y adultos), pero, «cuando se trata de un menor de edad, se niega totalmente la posibilidad de recuperación y, además, se olvida la inmadurez que caracteriza a un menor». Tanto para Freer como para Beltrán, es «simplemente inaceptable» que todavía haya países que sigan aplicando la pena capital y consideran que esos países están en el lado equivocado de la historia. El director de la sección española de AI pidió por último el apoyo de todos los ciudadanos a esta iniciativa, recordó que la organización recogerá firmas a través de la web www.es.amnisty.org y mostró su convencimiento de que se puede acabar con esta lacra.
Por último, la Sección Española de Amnistía Internacional pidió al Gobierno español que, «dadas sus buenas relaciones con la Administración de Bush», solicite a ésta la derogación de la pena de muerte para sus menores de edad. «España debe presionar para que Estados Unidos elimine la pena de muerte contra los menores», dijo Beltrán, «y también la Unión Europea tiene un mandato riguroso de oponerse a la pena de muerte en cualquier caso, especialmente cuando se trata de personas que no han alcanzado la mayoría de edad».
