Nike Inc., el mayor fabricante de calzado deportivo del mundo, anunció que pagará 1.5 millones de dólares para arreglar un juicio iniciado por un consumidor que dijo que la compañía mintió al negar que sus productos fueran hechos en condiciones de explotación y esclavitud en el exterior. El arreglo resuelve un juicio que puso a prueba los límites de la libertad de palabra corporativa. Nike sostuvo que una campaña de relaciones públicas que respondiera a acusaciones de prácticas laborales abusivas debía estar constitucionalmente protegida. Nike, con sede en Beaverton, Oregon, hizo las afirmaciones cuestionadas en respuesta a acusaciones de condiciones abusivas en fábricas que eran propiedad de subcontratistas en la China, Vietnam e Indonesia. Las noticias aparecidas a mediados de los años 90 sostenían que los trabajadores ganaban menos que el salario mínimo, trabajaban horas extras sin paga, estaban expuestos a productos químicos perjudiciales y sufrían abusos verbales, físicos y sexuales.
WASHINGTON, EU (Bloomberg). —Nike Inc., el mayor fabricante de calzado deportivo del mundo, anunció que pagará 1.5 millones de dólares para arreglar un juicio iniciado por un consumidor que dijo que la compañía mintió al negar que sus productos fueran hechos en condiciones de explotación y esclavitud en el exterior.
El arreglo resuelve un juicio que puso a prueba los límites de la libertad de palabra corporativa. Nike sostuvo que una campaña de relaciones públicas que respondiera a acusaciones de prácticas laborales abusivas debía estar constitucionalmente protegida. Nike, con sede en Beaverton, Oregon, hizo las afirmaciones cuestionadas en respuesta a acusaciones de condiciones abusivas en fábricas que eran propiedad de subcontratistas en la China, Vietnam e Indonesia. Las noticias aparecidas a mediados de los años 90 sostenían que los trabajadores ganaban menos que el salario mínimo, trabajaban horas extras sin paga, estaban expuestos a productos químicos perjudiciales y sufrían abusos verbales, físicos y sexuales.
El consumidor Mark Kasky sostuvo que la defensa de Nike violaba una ley de California sobre la verdad en la publicidad.
La Corte Suprema de EEUU permitió en junio que el caso de Kasky prosiguiera.
“Para Nike, este es dinero bien gastado», opinó Jonathan Turley, profesor de derecho en la George Washington University en Washington. “Cualquier juicio en este caso habría sido una cruenta pesadilla, el tipo de prensa que una compañía como Nike jamás recibiría con agrado”.
Nike hará su pago a la Fair Labor Association, un grupo sin fines de lucro con sede en Washington, que fue fundado en 1999 para supervisar el cumplimiento por parte de las empresas de un código de conducta y asegurarse de que los productos no se fabriquen en condiciones laborales de explotación.
Nike negó las acusaciones en informes de prensa, una carta a los directores atléticos de las universidades, un panfleto sobre sus prácticas de producción y cartas a editores de diarios.
El juicio de Kasky, iniciado en 1998, sostenía que Nike violó las leyes californianas de falsa publicidad y práctica comercial desleal al insistir en que garantizaba a los trabajadores un salario para vivir, comidas sin cargo y atención de la salud, y que las condiciones de trabajo cumplían con las leyes locales.
Nike emprendió una campaña publicitaria para desmentir acusaciones de prácticas laborales abusivas para la fabricación de sus productos.
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NIKE CONTRA KASKY
Información de la organización Maquila Solidarity Network
En la Suprema Corte de los EE UU se ha tenido un caso de importancia crítica con importantes implicancias legales y políticas para el movimiento por la responsabilidad social corporativa.
Nike contra Kasky pone al gigante de indumentaria deportiva Nike, contra el activista contra la explotación de San Francisco, Mark Kasky, en un caso de David y Goliat, si es que alguna vez hubo algo parecido.
El tema específico que trata la Corte Suprema es si las declaraciones públicas hechas por Nike en respuesta a acusaciones de abusos de explotación son «opinión comercial» o «libertad de opinión». Sean o no verdad las declaraciones públicas de Nike sobre asuntos sociales y ambientales no es un tema en el caso ante la Corte Suprema.
El tema principal detrás de la cuestión específica bajo revisión es si las corporaciones deben ser tratadas como «personas» en lo que concierne a la Primera Enmienda Constitucional de los EE UU sobre libertad de opinión, si las corporaciones pueden ser hechas responsables por declaraciones falsas sobre sus prácticas sociales y ambientales, y si las causas judiciales sobre este tema hará más responsables a las corporaciones o las hará menos dispuestas a informar voluntariamente sobre acciones que están realizando para tratar con problemas sociales y ambientales.
Esta historia comienza en 1998 cuando el ex atleta Mark Kasky inició una demanda contra Nike por «propaganda falsa» debido a declaraciones públicas hechas por la empresa, incluyendo que sus trabajadores en las fábricas proveedoras del extranjero ganaban el doble del salario mínimo local y estaban protegidos contra abuso físico y sexual. Según una ley de protección al consumidor de California, cualquiera puede demandar judicialmente a una empresa por falsa propaganda.
Las cortes tanto del estado como de apelaciones dictaminaron a favor de la posición de Nike de que sus declaraciones eran opiniones «no comerciales», protegidas por lo tanto por la Primera Enmienda Constitucional, pero la Suprema Corte de California anuló esta decisión en una apelación, dictaminando que las declaraciones de Nike constituían «discurso comercial en el caso de la aplicación de las leyes estatales que prohíben mensajes comerciales falsos y engañosos.» En otras palabras, Nike y otras corporaciones quedan expuestas a demandas legales por declaraciones falsas sobre sus prácticas sociales o ambientales. Nike luego apeló esta decisión ante la instancia judicial superior del país.
En una presentación amicus curae (amigo de la corte) a la Corte Suprema en nombre de Domini Social Investments, la profesora de derecho Cynthia A. Williams declara «[D]ebemos tratar a las declaraciones de las empresas sobre hechos sociales y ambientales precisamente de la misma manera que tratamos sus declaraciones o hechos financieros. Estos factores son críticos para inversionistas y consumidores, pero sólo tienen valor si son verdaderos. Un dictamen amplio a favor de Nike contribuirá a socavar seriamente la capacidad de la Comisión de Intercambio de Securities y otros entes reguladores para asegurar que estas declaraciones sean verdaderas y no engañosas.»
Aunque la mayoría de los grupos estadounidenses contra la explotación, como Press for Change, la Campaña por los Derechos Laborales y Estudiantes Unidos contra la Explotación están de acuerdo con la evaluación de la profesora Williams sobre el impacto negativo de un dictamen de la Corte Suprema a favor de Nike, varios defensores de la responsibilidad social corporativa, periodistas, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la AFL-CIO están preocupados también de que un impacto negativo imprevisto del caso ante la justicia pueda ser que desanime a las empresas a participar en un debate público sobre temas sociales o ambientales, o a la información voluntaria sobre su desempeño social y ambiental.
En su presentación a la Corte Suprema «sin apoyar a ninguna de las partes», la AFL-CIO declara: [E]n el debate continuo sobre los estándares laborales de Nike, las declaraciones públicas de la Corporación no constituyen la única ni la última palabra, sino que más bien son parte de un diálogo permanente, y sirven de hecho como catalizador para ese diálogo. El retiro de Nike bajo presión legal del diálogo sobre condiciones laborales en sus plantas de producción sirve tanto para disminuir las fuentes de conocimiento público sobre estos asuntos como para frustrar el debate mismo.»
Sea que una decisión de la Corte Suprema a favor de Kasky desanime o no a las empresas a informar voluntariamente sobre sus prácticas sociales y ambientales, una decisión a favor de Nike sería peor, si dicha decisión consolida aún más la visión de que las corporaciones sean tratadas como «personas» y consagra su «derecho» a engañar al público sobre dichas prácticas.
