Niños y niñas en España, víctimas de exclusión, abusos y desprotección

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Amnistía Internacional ha elaborado El Informe ‘Si vuelvo, ¡me mato!’. Extracto de la carta de un menor de 15 años a su madre, amenazando con ideas de suicidio si le volvían a ingresar en el centro en el que había sido sometido a incomunicación, registros corporales íntimos y otras humillaciones durante meses en Cádiz.

Fuente: AI


Centros de protección terapéuticos en España.

En España, miles de niños y niñas en situación de riesgo y desamparo, ingresan en centros bajo la responsabilidad de la Administración que, desde ese momento y hasta su mayoría de edad, es garante de su cuidado y protección.


Una parte de esos niños y niñas, en condiciones de dificultad social o por supuestos trastornos de conducta, van a parar a centros de protección terapéuticos, donde se les debería ofrecer la atención adecuada para dichos casos. Algunos ingresan a solicitud de los padres para que reciban el tratamiento que necesitan.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha constatado, a través de testimonios de menores, familiares y profesionales a cargo de los menores, graves violaciones de los derechos humanos de estos niños y niñas.


A pesar de que no han cometido ningún delito, algunos de estos menores han sido víctimas de privación de libertad sin orden judicial, malos tratos y aislamiento en celdas. En ocasiones, se les ha atado y amordazado.


En los denominados centros terapéuticos, se han dado casos en que se ha vulnerado su derecho a la salud con tratamientos médicos sin diagnóstico, administrados sin la debida diligencia, sin información y sin su consentimiento, e incluso mediante medicación forzosa con fines sancionadores.


La Administración reconoce desconocer cuantos menores hay en España bajo su protección. Su invisibilidad, la falta de controles y la poca atención brindada a estos niños y niñas ha conducido al olvido y negación de las violaciones de sus derechos, facilitando la impunidad.


Los casos que fueron puestos en conocimiento de Amnistía Internacional por parte de menores, familiares, abogados, educadores y otros profesionales incluyen castigos físicos, aislamiento, suministro abusivo de medicación, ausencia de servicios adecuados para el cuidado de su salud y otras conductas y omisiones que, en algunos casos, tuvieron como desenlace el suicidio de alguno de los menores.