Ya pasaron 20 años y familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca aún exigen justicia y sanción a responsables del crimen de lesa humanidad, perpetrado el 14 de agosto de 1985. La fiscal especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, denunció haber recibido presiones directas para abandonar el caso de la masacre de 69 campesinos en la comunidad de Accomarca.
Fuente: Noticias Adital
lunes, 21 de febrero de 2005
Ya se pasaron 20 años y familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca, en Perú, aún exigen justicia y sanción a responsables del crimen de lesa humanidad perpetrado el 14 de agosto de 1985. Las organizaciones de afectados por la violencia política y los familiares de las víctimas de la violencia ocurrida durante el gobierno de Alan García Pérez respaldan a la fiscal Cristina Olazábal Ochoa, por la denuncia presentada contra los responsables del asesinato de 69 pobladores de la comunidad de Accomarca (Vilcashuamán, Ayacucho), entre quienes se encontraban niños, ancianos, mujeres. «Queremos destacar de manera especial, la labor que viene cumpliendo la doctora Olazábal quien ha demostrado firmeza y valentía en su gestión», agregan.
A lo largo de veinte años los familiares vienen luchando por justicia sin obtener resultado hasta el momento. Incluso, ellos denuncian que el responsable directo por los crímenes, Telmo Hurtado, ha ascendido hasta el grado de mayor y condecorado en cuatro oportunidades, mientras las víctimas permanecen a la espera de la respuesta del Poder Judicial respecto de la responsabilidad del ex presidente, Alan García, y de los veinticinco militares denunciados por dicho crimen.
Las víctimas suman 69 por el arrasamiento y destrucción de una comunidad entera. Tras la incursión militar, se destruyeron las formas de organización, las costumbres y se generó desplazamiento e inseguridad en la población.
Durante la década del 80, según el comunicado de entidades de desaparecidos, se inició una estrategia contrasubversiva que ocasionó sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Según informaciones, el entonces presidente Alan García conocía esta situación y sin embargo, la toleró y encubrió a los responsables directos de los crímenes. Por lo tanto, debe responder ante la justicia también por los casos de: Pucayacu; Umaru y Bellavista; Parcco y Pomatambo; Cayara; Santa Ana y Pampamarca; los penales El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara; así como los casos presentados en San Martín, Apurímac, Pasco, Huancavelica, Huanuco, Tingo María, Ancash, entre otros.
Miembros del Partido Aprista, con el que García aspira a ascender nuevamente al poder en las elecciones del 2006, denunciaron a la prensa peruana que la acusación fiscal contra su líder es una «cortina de humo», para distraer la atención de la opinión pública de los escándalos que enfrenta el presidente Alejandro Toledo y su partido Perú Posible, por un caso de presunta falsificación de firmas.
La fiscal especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, denunció haber recibido presiones directas para abandonar el caso de la masacre de 69 campesinos en la comunidad de Accomarca. Las peticiones en su contra tendrían sido presentadas inicialmente por militares y ahora, por los abogados del ex presidente Alan García, a quien denunció por delito de omisión en el caso Accomarca.
Cristina señaló a la prensa que el ex mandatario podría enfrentar una pena de 20 a 25 años de cárcel por el delito que se le imputa. Ella pidió también el impedimiento de salida del país y el embargo preventivo de bienes del ex presidente Alan García y otras 25 personas por su presunta responsabilidad en la matanza de Accomarca.
El militar Telmo Hurtado, uno de los acusados, huyó en diciembre de 2002 – un año antes de la reapertura del caso por la fiscal Cristina Olazábal – para Colombia y de allí para Miami, en Estados Unidos. El Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) ya había procesado y sentenciado a Hurtado con una condena de cinco años de prisión por «abuso de autoridad», por su intervención en la masacre de Accomarca cuando tenía el grado de subteniente del Ejército. Pero continuó ascendiendo hasta mayor. Continuaba en el Ejército cuando el 19 de junio de 1995 fue beneficiado por la Ley de Amnistía del fujimontesinismo.
