Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Error, parece ser que al que se le ocurrió esa frase, es un inepto. Según el Estado español, los ciudadanos rumanos, no tienen derecho a trabajar por cuenta ajena en trabajos legales, es decir se les está condenando a la delincuencia o a la mendicidad.
Me importa. Todas las leyes justas o injustas que el gobierno de mi país aprueba, me afectan directamente y nos afectan a todos los que en él vivimos ya que condicionan nuestra convivencia, nuestra forma de relacionarnos.
Los rumanos, casi un millón en España, están desempleados en un 50%. De los que están empleados, la mayoría trabajan en condiciones de precariedad, temporalidad… muchas veces con salarios de miseria que no cubren las necesidades de sus familias, viviendo amontonados… Los que están en paro o se quedan desempleados, ya saben que durante el año 2013, tienen que optar: o mendigos o delincuentes.
Rumanía pertenece a la UE desde el año 2007, desde entonces los rumanos tenían los derechos de libre circulación y trabajo, pero a partir del 1 de enero de 2012 entra en vigor una nueva normativa, el Estado español legisla suspendiendo derechos laborales de los rumanos durante un año. Europa lo permite y el gobierno español aplica la medida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Once días antes de que termine ese periodo excepcional, es decir el 20 de diciembre, España pide a Europa poder seguir aplicando la medida otro año más: PROHIBE TRABAJAR, POR LEY a un colectivo numeroso de población (no se tramitan altas para trabajadores por cuenta ajena). Ante esta medida inaudita, los sindicatos no han abierto la boca y los medios de comunicación, han mirado para otro lado, ¿racismo?, ¿segregación? No, es porque son pobres. Los pobres necesitan trabajar por cuenta ajena. Los rumanos que viven en España sufren especialmente el problema del desempleo (el 50%).
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Oficina de la Seguridad Social exhibiendo sus vergüenzas |
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Recordamos a nuestros políticos que el deber del trabajo es anterior a la formación de los estados. Que toda persona, por serlo, tiene la obligación de trabajar para cubrir sus necesidades y las de su familia, así como para contribuir al bien común de toda la sociedad.
Nadie, ninguna institución, tiene fundamento de autoridad para suprimir esta obligación al trabajo de toda persona adulta. Nadie puede aplastar este deber y este derecho inalienable. Ninguna ley puede obligar a un ser humano a la mendicidad o a la delincuencia.
Las excusas para consumar este brutal abuso de poder son esperpénticas:
“Es que…” “tenemos una difícil situación debida a la crisis económica”. Recordamos que el argumento de “los españoles primero”, es el mismo argumento que está utilizando la ultra-derecha racista.
“Pero…” en Europa ”existe un marco legal que hay que respetar”. Dice el señor Andor, comisario responsable de esta medida, quien reconoce que desde que la medida se empezó a aplicar, la situación ha empeorado, es decir, aparte de humillar y maltratar a los rumanos, la medida no sirve para mejorar la economía. Y reconoce explícitamente también, el comisario Andor que “restringir el movimiento de los trabajadores no es la respuesta al alto desempleo”.
“Solo…” es una medida temporal, transitoria… hasta enero de 2014 se excusa la UE. La Comisión hará un seguimiento cada tres meses… “para ver si mejora el mercado laboral español”. “Si la evolución lo permite…”
“Además…” en países europeos están estudiando como limitar otros derechos sociales o acceso a servicios públicos a estos colectivos, por ejemplo presionando para que retornen a casa los que no tengan medios para subsistir.
Ni rumanos… ni murcianos, ni gente de mal vivir
Dicen que Carlos III promulgó una ordenanza real en 1768 en la que se mandaba a los reclutas no relacionarse con “murcianos, gitanos y gente de mal vivir”. Esta ordenanza fue retirada del Código militar recientemente tras dos siglos de aplicación, se retiró en la transición española de 1978.
El historiador Chris Ealham hablando de la Barcelona de 1937 cuenta que: “Los murcianos eran el principal blanco de críticas, pese a representar tan sólo un porcentaje pequeño de la población inmigrante de Barcelona. Se les vilipendiaba acusándoles de ser fuente de crimen, enfermedad y conflicto. Según el estereotipo del «murciano inculto», los inmigrantes eran una tribu inferior de degenerados».
Parece increíble que en la España del siglo XXI sigan teniendo valor normativas como la promulgada por Carlos III. No podemos consentir que se haga pagar tan duramente a los más pobres, las consecuencias de esta “crisis” provocada por el afán de lucro de mercaderes, banqueros, especuladores y gobernantes sin escrúpulos.
Sabido es, que “un Estado sin justicia, es una banda de ladrones”.
Por Mt. Gómez del C.
