La cuenta de ciudadanos procesados judicialmente por protestar contra el gobierno supera los 5.000 casos desde hace 10 años, según la cuenta que llevan organizaciones no gubernamentales.
De este número, 3.151 han pasado por cárceles y tribunales desde el pasado 4 de febrero, según el grupo de abogados Foro Penal Venezolano, que lleva registro diario y asiste penalmente a casi todos. Y de ellos, siguen tras las rejas 126 personas.
No es la primera vez que los tribunales venezolanos procesan disidentes políticos, pero han sido de otra naturaleza. Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), identifica que en la Venezuela de las décadas del sesenta y setenta se dio el primer auge de procesados políticos, pero estos eran vinculados a los grupos insurgentes del momento.
El segundo momento más grave es este. “La mayoría de los presos políticos entonces eran detenidos en el marco de la represión de estos grupos insurgentes. Lo que tenemos, ahora, son personas vinculadas a la lucha social, estamos hablando de dirigentes estudiantiles, comunitarios, sindicales. Son presos políticos porque se les procesa judicialmente no por haber cometido delitos, sino por exigir reivindicaciones sociales o protestar contra el gobierno, algo que se permite en democracia y es protegido por la Constitución”, afirma a EL TIEMPO.
Tras superar el golpe del 2002, el paro petrolero y el referendo revocatorio en su contra del año 2004, el presidente Hugo Chávez estrechó la tolerancia de su gobierno hacia las protestas.
Para ello utilizó el sistema judicial como instrumento ejemplarizante y disuasivo, donde se exponen, sin tapujos, violaciones al debido proceso (como el juicio contra Iván Simonovis y los otros 10 acusados por los asesinatos del 11 de abril de 2002, día del fallido golpe de Estado a Chávez), dilaciones incontestables (como el juicio contra Henrique Capriles, que pasó por las manos de 40 jueces) o presiones a los jueces, en su mayoría provisionales.
Los archivos de Provea contabilizan juicios a sindicalistas y obreros en 2005, demandas contra periodistas y detenciones de estudiantes que protestaron contra el cierre de la televisora RCTV en 2007. Desde entonces, denuncia que la criminalización de la protesta es “una política del Estado venezolano”.
La vorágine oficial contra la disidencia política tuvo un respiro en el 2012, poco después de que el presidente Chávez ganó las elecciones de octubre y expresó la necesidad de un “gran diálogo nacional”.
Ya, entonces, la oposición trabajaba en la Ley de Amnistía, que fue considerada por el Ejecutivo, y en la que comenzó a trabajarse la liberación –o atenuación de las condiciones– de presos como Simonovis.
El diputado Édgar Zambrano fue la cabeza de la oposición para tratar el tema, y lo hizo con el entonces canciller Nicolás Maduro. “Se hizo un inventario de cada caso y las formas para resolverlos, uno por uno”, confirmó Zambrano. “Se nos informó en diciembre de 2013 que el presidente Chávez tenía la intención de hacer algunas liberaciones, pero con su recaída y muerte se acabó el tema”. Zambrano asegura que ha enviado 50 cartas al presidente Maduro para retomar la discusión de la Ley de Amnistía y su propio conteo de presos políticos (fuera de los que cuenta el Foro Penal) es de 76 y 25 exiliados por ser perseguidos por la Justicia venezolana.