Libia es como una cárcel enorme para emigrantes ilegales: los detenidos en 2006 por haber entrado ilegalmente en el país son, al parecer, 60.000.Las autoridades libias informan de que –en el mismo año- se han hallado 360 cadáveres.
Cinzia Gubbini Il Manifesto Traducido por Gorka Larrabeiti
Libia es como una cárcel enorme para emigrantes ilegales: los detenidos en 2006 por haber entrado ilegalmente en el país son, al parecer, 60.000. Así lo dice el informe de la segunda misión técnica enviada a Libia por la Comisión Europea, este año encargada a la Agencia Frontex, que se ocupa de gestionar el control de las fronteras de la UE. Un informe que no se ha discutido jamás en el parlamento europeo y que inexplicablemente no se ha publicado en el sitio internet de la Agencia.
El grupo de trabajo –en el que se incluía también, en calidad de país «de destino» a Italia (representada por el oficial representante Vincenzo Tagliaferri)- realizó su viaje del 28 de mayo al 5 de junio. Han pasado cuatro meses sin que las noticias que contenía el informe se hayan hecho públicas. Obtenerlo no es sencillo. Pero reserva noticias sorprendentes. De entrada el número exorbitante de detenidos entre los emigrantes ilegales: sesenta mil, o sea, casi tantos como los detenidos en las cárceles italianas, si bien en un apéndice el número de detenidos desciende hasta 32.000. Sea como sea, la cifra es enorme, si se piensa que la población italiana es casi 60 millones, mientras Libia cuenta sólo con 5 millones de habitantes. Otro dato más: las autoridades libias informan de que –en el mismo año- se han hallado 360 cadáveres. Se supone que se trata de personas fallecidas en el intento de atravesar la frontera desértica, pero no se entra en detalles, por lo que se puede pensar de todo. ¿Han muerto personas también durante la detención? Lo que preocupa, por otro lado, es el número de expulsados del país norteafricano: 53.842. Este número equivaldría –valga la comparación- a lo que consiguió hacer Italia el año pasado sólo que con medios más eficientes. Así pues, cabe preguntarse: ¿qué se ha hecho de estas personas? ¿De qué nacionalidad eran? ¿A qué países se les ha repatriado y según qué acuerdos? La preocupación es legítima, ya que a Libia van a parar muchos solicitantes de asilo –por ejemplo, eritreos- y ya que, en sitiaciones precedentes, se habían efectuado vuelos de repatriación (uno de ellos financiado por Italia) hacia este país atormentado. Los eritreos siguen siendo el principal motivo de preocupación: 600 solicitantes de asilo, entre los que hay mujeres y niños, llevan casi dos años detenidos en el centro de permanencia libio de Misratah y corren el peligro de ser expulsados, tal y como ha denunciado Amnistía Internacional.
La Agencia Frontex y el grupo de trabajo parecen no preocuparse de todo ello. Ninguna pregunta, ninguna demanda. Los invitados europeos se limitan a tomar nota. Sin embargo –lo escriben ellos mismos- esta misión se ha de considerar como la continuación de la de 2004. Entonces, la Comisión asumió un compromiso en primera persona y los enviados redactaron un informe durísimo acerca de la condición y la tutela de los emigrantes detenidos. Este año se pasa por alto casi todo. El objetivo es otro: incluir a Libia en Frontex. Establecer una relación proficua para controlar las fronteras tanto marítimas como terrestres. Este es el encargo del Comisario para la justicia y los asuntos internos, Franco Frattini. Los enviados europeos se acercaron solamente a un centro de permanencia, el de Kufra, construido precisamente con fondos italianos (cosa que el informe no dice). La descripción es sucinta, pero dramática al mismo tiempo: «Las condiciones de esta estructura pueden describirse como rudimentarias y carentes de servicios básicos». La colaboración –que Frattini incluso recientemente ha dado por segura- no será gratuita. La misión volvió a la base con una especie de lista de la compra que las autoridades libias se han ocupado de entregar. Querrían, entre otras cosas, 18 helicópteros, 86 camiones, uno de los cuales debe ser frigorífico.