Comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala.
Reunidos en Asamblea extraordinaria, las Pastorales de la Tierra de los Vicariatos del Petén e Izabal, las Diócesis de las Verapaces, Escuintla, San Marcos, Quiché, Suchitepéquez-Retalhuleu, la Arquidiócesis de Quetzaltenango-Totonicapán, y la región del Ixcán; para analizar y conocer las presiones que las políticas públicas agrarias están generando en las comunidades que habitan cada una de estas regiones.
Concluimos que las políticas públicas agrarias implementadas por los gobiernos de la época de la paz siguen vulnerando derechos fundamentales de familias campesinas, entre ellos el derecho a la alimentación. La práctica cotidiana de cada una de las diócesis demuestra que la institucionalidad existente y creada para resolver los grandes problemas que afectan a mujeres y hombres pobres, es débil y carece de herramientas para abordar o resolver la conflictividad agraria. Esto nos lleva a decir que la Carta Pastoral, de la Conferencia Episcopal de Guatemala, EL CLAMOR POR LA TIERRA, sigue vigente veinte años después.
El 49 por ciento de los ingresos de las familias campesinas en el área de occidente (San Marcos, Quetzaltenango y Quiché) se obtienen por medio de la actividad de cultivos, fondos que en su mayoría se utilizan para alimentación. Sin embargo, el 74 por ciento de las tierras en propiedad de estas familias enfrentan algún conflicto que el Estado ha propiciado con sus prácticas o falta de atención, generando incertidumbre en los ingresos que se perciben para adquirir alimentos.
Lo anterior se ve reflejada en todas las regiones del país, con el agravante en la región norte, del impacto social provocado por la implementación de los agronegocios que han generado el desplazamiento de 2.182 familias de 27 comunidades; dando origen a nuevos conflictos agrarios y rurales, entre los que se encuentran ocupaciones en áreas protegidas.
Exhortamos al gobierno de Álvaro Colom a que cambie la lógica de abordaje que ha prevalecido para la resolución de la conflictividad agraria, cuyos fundamentos legales se rigen bajo el principio de la propiedad privada, que debe basarse en otro principio constitucional regulado en el artículo 44 que establece que «el interés social prevalece sobre el interés particular». En tanto la conflictividad agraria persista y se siga abordando desde una perspectiva que criminaliza la resistencia y lucha de las familias afectadas, el Estado será responsable por la violación al derecho a la alimentación.
En momentos que el Gobierno y la Alianza para el Desarrollo Rural han iniciado un proceso de diálogo, pedimos cuando antes, la concreción de acuerdos y de carácter vinculante, para propiciar soluciones integrales al desarrollo, la tierra y la gobernabilidad del país.
Guatemala, 18 de junio de 2008.