El proyecto de reforma de la Ley de Extranjería no le gusta nada a la Iglesia. Colectivos eclesiales se plantean la desobediencia civil si la propuesta sale adelante, ya que, según recoge la revista semanal ‘Vida Nueva’, seguirán atendiendo a los inmigrantes sin papeles ‘aunque el Gobierno quiera prohibirlo por ley’
Fuente: Tribuna Latina
El artículo 53 del documento sanciona con falta grave y multa de 501 a 10.000 euros «a quien promueva la permanencia irregular en España de un Extranjero». «Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto», señala.
La publicación religiosa recoge una entrevista al obispo de Sigüenza-Guadalajara y presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, monseñor José Sánchez, que criticó «la hipocresía de las políticas de extranjería, porque se basan en defender los intereses de los países europeos».
«Cuando las cosas van bien en nuestra economía, a los inmigrantes se les usa para engordar las arcas de la Seguridad Social y Hacienda, y cuando las cosas se ponen feas, todo son sanciones y castigos. Se levanta la mano cuando los necesitamos y se aprieta el zapato cuando nos sobran», señaló.
Asimismo, apuntó que las leyes que regulan la inmigración debería ser «los derechos y dignidad de la personas» y añadió que «las legislaciones que no respetan esos principios son muy imperfectas y, algunas, malas».
«Seguiremos ofreciendo hospitalidad»
La Conferencia Española de Religiosos (CONFER) anunció que «seguirán ofreciendo hospitalidad a quien lo necesite aunque no tenga papeles, incluso si eso significa llegar a la desobediencia civil». Además, esta organización acaba de enviar a todos sus miembros una relación de textos recientes del Magisterio de la Iglesia que recuerdan la obligación sagrada de prestar hospitalidad a quien más lo necesita.
También Cáritas ha enviado recientemente una circular a todas sus delegaciones en la que, además de valorar que el momento socioeconómico para un cambio legislativo «es poco afortunado», manifiesta su preocupación «por la graves consecuencias que esta legislación tendría para las organizaciones del tercer sector, que sería sancionadas a causa de las personas en situación de ‘sinhogarismo’ empadronadas en los centros».
Por su parte, el sacerdote mercedario Antonio Freijo, director del centro Karibu, en entrevista a Vida Nueva, afirmó que la propuesta es «una auténtica barbaridad». «Si esa ley sale adelante, ¿qué hacemos con las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz y que no tienen a dónde ir?, se preguntó.
Ante esta situación, tres sacerdotes, junto con un grupo de profesionales, acaban de constituir la plataforma ‘Salvemos la Hospitalidad’, autora de un manifiesto en el que apunta que «el objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la personas en situación irregular y que esta se quede en la calle». Así, continúa, «mediante la presión de esa situación precaria, vuelvan a su país».