El Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha finalizado sus trabajos en medio de las dudas
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda cerraba sus puertas el 31 de diciembre de 2015 después de 21 años de juicios a los responsables del genocidio y violaciones a los derechos humanos cometidos en 1994. Los resultados son 93 personas acusadas, 61 condenadas, 14 absueltos y 9 en busca y captura bajo una recompensa de cinco millones de dólares. ¿Se ha sacado algo en claro durante el proceso?
El vértigo y las náuseas de J-Paul Akayesu se disiparon inmediatamente al escuchar el veredicto: pasar el resto de sus días en una prisión en Malí. El 2 de septiembre de 1998, Akayesu, el que fuera alcalde de la ciudad ruandesa de Taba, se convertía en el primer condenado internacional por participar —e incluso supervisar— el genocidio ruandés entre abril y junio de 1994.
La herida todavía sangraba por reciente. Las víctimas, tutsis y hutus moderados, asistieron metafóricamente al juicio junto al taimado, manipulador y brutal Akayesu. Durante la vista celebrada en la sede del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) en Arusha (Tanzania), los magistrados sentenciaron que el joven alcalde cambió el traje ejecutivo por el de militar durante su mandato para garantizar su futuro político a costa de los suyos. Se estima que 800.000 ruandeses fueron asesinados, 200.000 ruandesas fueron violadas y dos millones de ciudadanos huyeron del país. Aparte del imaginario —tatuado a fuego en las retinas— sobre la crueldad humana y la brutalidad con la que se produjo, que permanecerá para siempre.
Un genocidio no se produce en un contexto de anarquía. Lo que ocurrió en Ruanda estaba perfectamente orquestado por un grupo extremista hutu, un ejército compuesto por personas desempleadas, conocidos como interahamwe o impuzamugambi —. Además, según los documentos desclasificados, tanto Bill Clinton, el entonces presidente de Estados Unidos, como su homólogo francés, François Mitterand, tenían pleno conocimiento de la situación antes de los fatídicos 100 días de 1994. Ambos países, además, mantenían claros intereses en ese escenario que supone la frontera con Congo (RDC), rica en recursos minerales.
La noche del 7 de diciembre de 2015, de forma casi mediática y a pocos días de que el TPIR anunciara su cierre, después de 21 años persiguiendo a los intelectuales del genocidio, la Interpol detenía en Goma (RDC), ciudad fronteriza con Ruanda, a Ladislas Ntaganzwa. De acuerdo con la acusación, el TPIR subrayó que Ntaganzwa participó en la planificación, preparación y ejecución de la matanza de más de 20.000 tutsis en la parroquia de Cyahinda entre el 14 y 18 de abril de 1994-
Durante esos días las campanas enmudecieron ante la partitura que se interpretaba. Tanto el juicio de Ntaganzwa, como el de otras nueve personas que siguen en busca y captura, pasarán por los banquillos ruandeses sin que la justicia internacional, hasta el momento, haya zanjado la historia.
Ruanda bajo el mandato de Kagamé simboliza un desarrollo económico al ritmo que marcan Occidente y los donantes internacionales, cuyas ayudas suponen la mitad del PIB del país. Sin embargo, no queda claro si las medidas adoptadas para garantizar la reconciliación social, incluyendo los juicios internacionales y nacionales de los implicados en el genocidio, han tenido éxito y han conseguido abordar las causas por las que este se produjo.
La ¿reconciliación? social
Más de 120.000 personas fueron detenidas en los años posteriores al genocidio, con pruebas escasas o nulas. Prácticamente todos hutus. La labor de la Corte ha sido socavada por la falta de apoyo del propio Gobierno de Kagamé, que siempre ha manifestado su rechazo por tres elementos claves relativos a: su ubicación (Tanzania), su jurisdicción temporal (solo atendía a los hechos de 1994 y no consideraba la violencia contra los tutsis previa al genocidio) y a la ausencia de sentencias de muerte.
Para acelerar el proceso, el Ejecutivo ruandés estableció los gacaca, tribunales comunitarios, elegidos por el pueblo. Cerca de 12.000 gacaca trataron más de 1,2 millones de casos en todo Ruanda. Dos tercios de estos casos tenían que ver con delitos contra la propiedad. Ningún otro país recién salido de un conflicto ha llevado a juicio a tantos delincuentes de poca importancia.
El Presidente del país P. Kagame ha sido procesado por jueces en Francia y España por crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de terrorismo
Hubo un segundo genocidio. Mientras que los tutsis y algunos hutus moderados fueron las claras víctimas del genocidio, el FPR, en su origen guerrilla liderada por Kagamé, mató a entre 25.000 y 45.000 civiles hutus durante su marcha hacia Kigali.
El juez de la Audiencia Nacional española. Fernando Andreu Merelles, imputaba al presidente ruandés en 2008 bajo los cargos de «delitos de genocidio y de lesa humanidad, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, integración en organización terrorista y actos terroristas».
Diversas ONG como Human Rights Watch o Amnistía Internacional detallan el control autoritario de Kagamé en el poder. Los críticos dicen que no hay libertad de prensa y las figuras de la oposición han sido intimidadas, acosadas y encarceladas. Incluso antiguos aliados tutsis han sido expulsados cuando han mostrado una voz crítica contra el Gobierno.
En enero de 2014, el ex jefe de Inteligencia de Ruanda, Patrick. Karegeya, fue encontrado muerto en Johannesburgo (Sudáfrica). Karegeya acusó a Kagamé y su séquito de estar detrás del ataque, en 1994, contra el avión en el que viajaba el presidente ruandés, Juyénal Habyarimana, atentado que se considera como el inicio del genocidio.
Y, mientras, la historia se encuentra en vilo. El 18 de diciembre de 2015, un 98% de la población ruandesa votaba «sí» a la reforma constitucional decidida en noviembre, que harán posible que Kagamé, pueda mantenerse en el poder 17 años más. La justicia en Ruanda parece comprensiva por los crímenes del vencedor.
La geopolítica de la estabilidad
Durante el genocidio y la ocupación de Kigali por el FPR, más de 2 millones de hutus fueron expulsados de Ruanda. Se cree que después del genocidio, Ia presencia de grupos агmados de Ruanda en la frontera y las incursiones militares subsiguientes han causado directa e indirectamente al menos 3 millones de muertos en territorio congoleño. Bajo el pretexto de querer evitar otro genocidio, Kagamé dirigió dos incursiones militares en 1996 y nuevamente en 1998. La guerrilla sigue aterrorizando a la población local en la región de Kivu Norte y Kivu Sur.
Muchos líderes de Gobiernos nacionales y de instituciones interna-cionales han expresado su pesar por las respuestas a la crisis en Ruanda. En 1998, el presidente de Estados Unidos, BilI Clinton, se disculpó por no haber actuado y, en 2004, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Arman, explicaba que él personalmente podría haber hecho más para detener el genocidio. En 2005, la ONU reconoció por unanimidad que tenía una «responsabilidad de proteger» a colectivos amenazados por genocidio y otros crímenes en serie.
Junto a esta realidad, otros tres factores contribuyen a una connivencia geopolítica: el lenguaje diplomático de Kagamé con los donantes, el discurso de éxito empresarial que supone Ruanda en la región de los Grandes Lagos, y el apoyo casi incondicional al FPR, partido en el poder desde 1994, por parte de Reino Unido y Estados Unidos.
El TPIR cerraba sus puertas en diciembre pero el país continuará sin el visto para sentencia de una sociedad que permanece entre la represión y la espera de la restauración de la verdad.
Autor: Sebastián Ruíz (* Extracto)