Por Rosa Martínez
El pasado verano, pocos días antes de los comicios que llevaron a la reelección de Paul Kagame como presidente de Ruanda por siete años más, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) publicó un informe que, además de cuestionar la popularidad del líder del Frente Patriótico Ruandés (FPR) que parecerían demostrar los resultados electorales, realiza un amargo balance con respecto a la situación socio – política del país y a los derechos y libertades de sus ciudadanos.
En concreto, el informe del FIDH proyecta una gran sombra sobre los logros económicos del gobierno ruandés, quien presenta los datos sobre crecimiento económico, mejora de infraestructuras y servicios públicos y clima favorable a las inversiones extranjeras como una explicación de los apoyos al régimen. Sin embargo, estas políticas económicas, sobre todo en materia agrícola, han ido acompañados de graves atentados contra los derechos de los ciudadanos, con una gran opacidad y ausencia de diálogo y una gran desigualdad en el reparto de las riquezas. Esto ha provocado una creciente disparidad entre una clase elitista, que ha obtenido grandes beneficios y las clases populares, que sufren los efectos colaterales perjudiciales del crecimiento económico.
Desde su llegada a la presidencia de Ruanda en el año 2000, Kagame se propuso la transformación del país. Es innegable que en estos años ha habido grandes transformaciones en todos los sectores económicos del país: finanzas, transportes, comunicación, sanidad, turismo… pero detrás de estos aparentes éxitos se esconden importantes violaciones, por ejemplo del derecho a la propiedad.
Siempre según el mencionado informe, cuando el FPR alcanzó el poder, numerosos bienes financieros e inmobiliarios fueron acaparados por los militares recién llegados o sus familias. Con el retorno de los refugiados varios de estos bienes fueron devueltos a sus propietarios, pero sin ninguna compensación. Algunos de estos dueños fueron asesinados mientras intentaban recuperar sus propiedades. Además, las reformas legislativas dificultan en muchos casos esta restitución, sobre todo para aquellos que tuvieron que exiliarse.
Por otro lado, las políticas agrarias han obligado a muchos pequeños agricultores a abandonar sus cultivos de subsistencia, lo que ha generado importantes hambrunas en un país que presume de gran prosperidad económica.
A todo esto vienen a sumarse las expropiaciones forzosas o la destrucción de barrios enteros de casas antiguas en nombre de unos planes urbanísticos que no han tenido consideración alguna por las poblaciones afectadas, así como la privatización o venta -en condiciones poco claras- de importantes bienes y empresas públicas del sector financiero, petrolífero, transportes … Todo esto ha permitido el enriquecimiento de una parte de la población ligada al partido de Paul Kagame, sin que haya ningún contrapoder capaz de denunciar esta situación.
Esta ausencia de fuerzas políticas, civiles o mediáticas que puedan denunciar o hacer frente a las políticas arbitrarias y opacas del gobierno se consigue en primer lugar con una legislación que en teoría permite su existencia pero, en la práctica dificulta su actuación, sobre todo con la represión, la intimidación y el acoso continuos a opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos, llegando incluso al asesinato, detención o desaparición.
Opositores asesinados y encarcelados
La actuación del gobierno de Kagame con la oposición política es un ejemplo clarísimo de arbitrariedad y opacidad. La legislación ruandesa garantiza sobre el papel la libertad de asociación y el multipartidismo, pero en la práctica las trabas son innumerables y a menudo insuperables. Así, es obligatorio el registro de los partidos políticos, un proceso para el que hay que presentar numerosos documentos y cumplir una serie de difíciles condiciones. La relatora de Naciones Unidas sobre libertad de reunión y asociación, Marina Kiai denunció en su día este proceso de registro por ser «demasiado largo, laborioso y a menudo arbitrario». Los hechos lo demuestran.
El partido Inkingi, Fuerzas Democráticas Unidas, no solo lleva desde 2010 intentando en vano conseguir registrarse, sino que su presidenta, Victoria Ingabire, está desde entonces encarcelada, con una condena de 15 años por conspirar contra las autoridades, «minimización del genocidio y propagación de rumores con la intención de incitar a la violencia»
Illuminée Iragena, miembro también de FDU-Inkingi, desapareció en marzo de 2016.
Intimidación y acoso continuos a opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos, llegando incluso al asesinato, detención o desaparición
Tanto ella, como su marido, Martin Ntavuka, representante del mismo partido, habían sido previamente arrestados por sus actividades políticas. A pesar de las denuncias de numerosas organizaciones internacionales, el gobierno no ha abierto ninguna investigación ni ha proporcionado información alguna sobre su detención.
También fue detenida en las mismas fechas otra mujer miembro de FDU, Léonille Gasengayire. Liberada tres días después, fue de nuevo arrestada en agosto del mismo año acusada de incitación a la sublevación. Estuvo encarcelada siete meses.
En mayo de este año apareció el cuerpo sin vida de Jean Damascene Habarugira, representante local de FDU-Inkingi, después de que su familia hubiese denunciado su desaparición. Habarugira se oponía especialmente a la política de planificación agrícola del gobierno en el distrito de Ngoma.
Bernard Ntaganda, fundador del Partido Social fue detenido después de presentarse a las elecciones presidenciales de 2010. Condenado por atentar contra la seguridad del estado ha estado en prisión hasta 2014.
El Partido Democrático Verde obtuvo su registro en 2013, cuatro años después de su creación. A pesar de ser el único partido de oposición registrado actualmente, sus miembros sufren continuos actos de acoso e intimidación, amenazas de muerte incluidas. Su vicepresidente, André Kagwa Rwisereka, fue hallado decapitado en 2010. Siete años después el crimen sigue impune.
La realidad es que los únicos partidos tolerados son aquellos cercanos a la línea gubernamental.
La oposición en el exilio también ha sido víctima de asesinatos y secuestros.
En las elecciones presidenciales del pasado agosto, Kagame solo tuvo que enfrentarse a otros dos candidatos. Franck Habineza, del Partido Verde y al independiente Philippe Mpayimana. Las demás candidaturas fueron rechazadas, entre ellas la de Diane Rwigara, tras una campaña en su contra en la que llegaron a aparecer en internet fotos de ella desnuda. Pocos días después de los comicios fue detenida, sin que haya actualmente noticias claras sobre su paradero.
Sociedad civil debilitada e intimidada
Desde hace años el gobierno no solo ha intentado impedir el surgimiento de partidos de oposición, sino que se ha dedicado también a debilitar a la sociedad civil reforzando su control sobre las organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos y manipulando su trabajo. De hecho la FIDH considera que ya no existe en Ruanda ninguna organización independiente defensora de los derechos humanos.
En Ruanda es cada vez más fuerte el miedo y autocensura en la población
Paralelamente a este intento de control de las organizaciones, los activistas y defensores de los derechos humanos se ven sometidos constantemente a acosos judiciales, intimidaciones e incluso asesinatos y desapariciones que quedan impunes. Gustave Makonene, que trabajaba para la organización Transparencia Internacional fue encontrado estrangulado en 2013 cuando trabajaba en un caso de corrupción que parecía implicar a miembros de la policía. Otro ejemplo muy representativo es lo ocurrido con varios miembros de la Liga de derechos de la persona en la región de los Grandes Lagos (LDGL), detenidos en más de una ocasión. Su secretario ejecutivo, Pascal Nyiribakwe, tuvo que huir del país después de recibir varias amenazas.
En este clima de represión de toda contestación al poder, objetivo prioritario son también los medios de comunicación independientes. El gobierno utiliza la ley contra la difamación para forzar el silencio o el cierre de los periódicos molestos. Incluso, en los últimos años varios periodistas han sido asesinados, como Jean-Léonard Rugambage, de la revista Umuvugizi; Charles Ingabire, editor del portal de internet Inyenyerinews.org fue asesinado en Kampala en 2011, donde vivía desde 2007, tras tener que huir de Ruanda por haber criticado el régimen de Paul Kagamé. Otros han sido encarcelados.
Tras su reelección, posibilitada por la reforma constitucional de 2015, Kagame podría enlazar otros diecisiete años más en el poder alegando siempre que son los votos del pueblo los que le mantiene en el poder, sin embargo, en Ruanda es cada vez más fuerte el clima de miedo y autocensura en la población.
Revista Umoya 4º trimestre 2017