Según varios observatorios de la actividad militar en el globo, tales como la privada Red de Seguridad y Defensa de América Latina, las fuerzas armadas venezolanas se estiman en unos 365.000 efectivos y más de 1.000 generales en activo.
Con una población calculada en 31 millones de habitantes, la proporción entre generales y ciudadanos venezolanos es de un general por cada 31.000 personas decentes.
En marzo pasado, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, integrante de una respetada red mundial de lucha contra la corrupción, informó que de los 34 ministerios creados por la revolución bolivariana desde 1999, los militares están al frente de 14 de ellos, incluyendo Defensa, Interior, Petróleo y Minería, Agricultura y el notoriamente inepto y corrupto ministerio de Alimentación. Un general detenta la presidencia de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otros seis las gobernaciones de los Estados más populosos de los 24 en que, políticamente, se divide el país.
Siempre según cifras aportadas por Transparencia Venezuela, más de 11.000 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se hallan, de una u otra forma, en posiciones de poder y, de acuerdo con Control Ciudadano, otra ONG que escudriña el opaco mundo castrense venezolano, la participación de los militares en el Gobierno alcanza ya un 43,7%.
Vistas esas cifras, la responsabilidad de los militares en el desplome de la economía que ha precipitado la tragedia humanitaria venezolana es, pues, indiscutible. Su hegemonía en todos los ámbitos de gestión pública susceptibles de ser saqueados con ya probada absoluta impunidad se acrecentó con la creación, en 2016, del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO).
La propaganda bolivariana describe al AMO como una zona de desarrollo estratégico destinado a “romper con el rentismo petrolero”. Nicolás Maduro anunció, al crear el AMO, la participación de 135 compañías internacionales.
El AMO abarca un área de 111.843,70 kilómetros cuadrados, es decir, el 12,2 % del territorio venezolano, más del doble de lo que ocupa la faja petrolífera del Orinoco. Se extiende al sur del gran río, desde el norte del Estado Bolívar hacia el noreste del Estado Amazonas y parte del Estado Delta Amacuro. La región se corresponde groseramente con la del mítico reino de El Dorado que obsesionó a Sir Walter Raleigh en sus exploraciones, a fines del siglo XVI. Diversas fuentes estiman las reservas mineras del AMO en unas 7.000 toneladas de oro, cobre, diamantes, hierro, bauxita y el invalorable coltán. Inmediatamente después de su creación, comenzaron las matanzas de civiles dedicados a la minería ilegal.
Entre enero y septiembre de 2017, la prensa regional registró hasta 61 mineros informales asesinados en cinco municipios del Estado Bolívar. El portal Insight Crime logró atribuir, sin lugar a dudas, 40 de esas muertes a las fuerzas militares venezolanas.
La escalada de violencia criminal asociada a la minería había comenzado en marzo de 2016, con la desaparición y ejecución de 28 mineros venezolanos en Tumeremo, municipio aurífero donde, hace dos semanas, volvió a registrarse una matanza con saldo de al menos 7 víctimas.
Lugareños y diputados de la región ante la Asamblea Nacional dicen que los asesinatos sugieren una operación de exterminio de la minería informal presuntamente exigido por las transnacionales del oro atraídas por Maduro. Esta vez, lo acontecido en Tumeremo dejó ver que la bárbara lucha por el control de las minas incorpora nuevos actores amados.
Uno de ellos son los llamados trenes, aguerridas bandas criminales comandadas por líderes, a su vez llamados pranes, salidos todos de las dantescas cárceles venezolanas y luego cooptados por generales de la Guardia Nacional, la aborrecida policía militarizada. El otro bando en pugna es el inefable ELN (Ejército Nacional de Liberación) colombiano, obrando como subcontratista de los generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pranes y elenos actuarían como agentes de retención del diezmo que los generales venezolanos cobran a los mineros ilegales.
La codicia homicida de este paralelogramo de fuerzas deja ver el grado de envilecimiento moral del sector militar venezolano, el único sostén real de la dictadura de Nicolás Maduro.
Que aún haya opositores demócratas que lo esperen todo de mitológicos militares restauradores de la democracia civil y regeneradores de la moral pública es el más terco resabio del militarismo hondamente arraigado en el alma venezolana desde 1830.
Autor: Ibsen Martínez