El Gobierno de Mauritania detiene de forma arbitraria a personas negras en sus casas, en la calle o en el trabajo. Durante al menos tres días –en algunos casos, meses– son encarceladas sin cargos y en condiciones infrahumanas, sin comida, agua ni inodoro. Por último, les quitan todos sus enseres, las suben a autobuses policiales y las abandonan en mitad del desierto, en un lugar bajo control yihadista llamado Gogui, en la frontera con Mali, y también en Rosso, en la frontera con Senegal. Todo esto se hace con el beneplácito, equipamiento, entrenamiento e información que desde hace años el Gobierno de España suministra al de Mauritania. La lógica de la externalización de fronteras solo obedece a una premisa: hay que frenar los flujos migratorios. ¿Cómo? Como sea.
A continuación una crónica del diario El País
“La policía me golpeó mucho y no me dio comida. Me trataron como a un animal. Cuando quería ir a orinar o hablar con un agente, me golpeaban la mano o la espalda con un látigo”. Ibrahim Kamara, un joven de 23 años de Sierra Leona, es uno de los inmigrantes que se ha atrevido a denunciar la violencia que sufrió en su paso por Mauritania, desde donde pretendía dar el salto a Europa. Su caso, ocurrido en agosto de 2022, está recogido en un extenso informe de la organización Human Rights Watch (HRW) en el que se documentan los abusos, malos tratos y hasta tortura contra los migrantes y refugiados que recalan en este país de la costa occidental africana, principal puerto de salida de los cayucos que llegan a las islas Canarias. Durante más de cuatro años la organización ha entrevistado a 223 personas, entre ellos más de 100 migrantes o solicitantes de asilo, que en algunos casos mostraron las cicatrices y heridas compatibles con las agresiones que describían. También recopiló fotos, vídeos y documentos que confirmaban detenciones, expulsiones o lesiones.
El documento revela la cara oculta del control migratorio, la que explica por qué las llegadas de embarcaciones precarias han caído en lo que va de año más de un 46% respecto a 2024, según datos oficiales del Ministerio del Interior español. Las autoridades mauritanas, como ya lo hacen las marroquíes o las tunecinas, ejercen de gendarmes de la UE y últimamente han multiplicado su control. Sus métodos, sin embargo, llevan años en entredicho. Los relatos de los migrantes recogidos por HRW denuncian golpes, hambre, humillaciones, expulsiones masivas y miedo a morir bajo custodia policial. El maltrato, señalan las víctimas, se aplica contra las personas negras.
En el camino, muchos de esos migrantes ―entre los que se encuentran mujeres, mujeres embarazadas y menores de edad― han denunciado abusos de todo tipo, encierros y expulsiones a zonas remotas. Solo el viaje en autobús de los centros de detención a los confines del país, a cientos de kilómetros de distancia, es un castigo en sí mismo por la dureza de las condiciones en las que se realiza. Pero es que esas expulsiones además, según HRW, serían ilegales por su naturaleza colectiva, prohibidas por el derecho internacional.
“Perfilación racial, extorsión, arrestos masivos, detención de días o semanas, con poca o ninguna comida, expulsiones colectivas, palizas y tortura: estas son solo algunas de las violaciones que migrantes y solicitantes de asilo han sufrido en los últimos años a manos de las fuerzas de seguridad en el contexto del control fronterizo y migratorio en Mauritania”, denuncia la organización. “Mientras tanto, estas mismas fuerzas de seguridad han seguido recibiendo apoyo financiero y material de la Unión Europea y España”, añade.
