Mayoral aboga por que los acuerdos de 1979 con la Santa Sede, actualmente vigentes, «deben ser revisados», pues a su entender han institucionalizado «una situación de desigualdad muy fuerte en función del credo que practique cada ciudadano. La Iglesia católica, ante lo que se avecina, ya habla de «fundamentalismo laico» y «laicismo agresivo». La guerra, una más, está servida.
La Razon
12-07-2005
– España ha pasado de una sociedad fundamentalmente católica a una «mucho más permeable», pero la Carta Magna «sigue siendo la misma», asegura el ministro – Una financiación de la Iglesia al margen del presupuesto, anticipo del futuro estatuto de laicidad
Una reforma constitucional para subrayar el carácter laico del Estado español. El objetivo del ministro de Justicia, partidario de plasmar en la Carta Magna los «cambios radicales» de la sociedad, aventura un nuevo conflicto con la Iglesia.
P. Oroel
Madrid- Tras las sonoras confrontaciones por la clase de Religión, el «divorcio a la carta» y la aprobación de los matrimonios homosexuales, la siguiente piedra en las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado tiene marchamo constitucional. España dejó de ser un Estado confesional de la mano de la Constitución de 1978, pero el Gobierno quiere ahora, mirándose en el espejo del modelo francés, dar un paso más y subrayar esa laicidad mediante una reforma de la Carta Magna. El artículo 16 lo dice bien claro: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». Pero para el ministro de Justicia esas palabras no reflejan el mosaico confesional de la sociedad actual. Por este motivo, Juan Francisco López Aguilar defendió ayer la necesidad de reformar la Constitución y abogó por un Estado laico y aconfesional que garantice el respeto a la libertad religiosa y a la pluralidad confesional. En la apertura de dos de los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos de Aranjuez –«Estado laico y Constitución española» y «La Constitución Española de 1978»–, López Aguilar destacó el éxito de la Constitución «de superación de muchos antiguos traumas» en sus más de 25 años de vigencia.
En opinión del ministro, existen «desafíos» motivados «por los cambios radicales que ha vivido la sociedad española que, desde 1978, se ha transformado de modo espectacular en todos los órdenes, también en el institucional y en lo que atañe al pluralismo religioso». Hemos pasado, agregó, de ser una sociedad fundamentalmente católica a una «mucho más permeable», en la que conviven distintas confesiones religiosas, y todo ello supone un desafío que «nos ha obligado a evolucionar». López-Aguilar insistió en que «este Estado aconfesional está a la vez obligado a dialogar y cooperar» con un pluralismo religioso cada vez más amplio y diverso, «pero la Constitución sigue siendo la misma». El ministro resaltó que los mismos mandatos de cooperación invocados en el 78 con la Iglesia católica han de aplicarse al resto de confesiones religiosas. «España es un Estado aconfesional y laico –agregó–, pero sin ignorar la presencia del hecho religioso en la sociedad española y desde el respeto inexorable a la libertad religiosa, en igualdad y respetando la pluralidad», informa Efe.
Negociación con la Iglesia. Pero los planes de López-Aguilar pueden chocar con los del propio Ejecutivo. El Gobierno –que en estos momentos negocia con la Iglesia un nuevo sistema de financiación– no está por la labor de abrir un nuevo frente con los obispos. Por eso, y pese a que el propio programa socialista recoge el objetivo de avanzar en la laicidad del Estado, la reforma constitucional podría finalmente obviarse. Sobre todo, porque como reconoce el diputado del PSOE Victorino Mayoral, uno de los impulsores del estatuto de laicidad que defiende el sector más progresista del partido, «la estrategia la tiene que marcar el Gobierno, aunque para profundizar en la laicidad del Estado quizá no sea necesario reformar la Constitución». Mayoral aboga por que los acuerdos de 1979 con la Santa Sede, actualmente vigentes, «deben ser revisados», pues a su entender han institucionalizado «una situación de desigualdad muy fuerte en función del credo que practique cada ciudadano». El diputado socialista considera que el hecho de que los presupuestos del Estado consignen una cantidad para financiar a la Iglesia «es inconstitucional» y propugna que la Iglesia sea tratada como cualquier otra entidad sin ánimo de lucro. Además, asegura que la clase de Religión no debe tener alternativa.
La Iglesia católica, ante lo que se avecina, ya habla de «fundamentalismo laico» y «laicismo agresivo». La guerra, una más, está servida.