Estados Unidos, al igual que Europa, no puede prescindir de su mano de obra inmigrante indocumentada por varias razones:
Fuentes: The Progressive, Boston Globe, Los Angeles Times.
En primer lugar, la mayor parte de las grandes empresas quedarían inoperativas si no contasen con estos trabajadores; en segundo lugar, esta mano de obra permite mantener unos salarios bajos que fortalecen los beneficios de las compañías; y por último, y no menos importante, esta mano de obra permite tener más controlado el tejido sindical, históricamente muy fuerte en este país, al contrario de lo que se piensa en Europa.
El objeto de este artículo es entrar a explicar el tercer aspecto, sobre el que menos se habla.
Para trabajar en Estados Unidos necesitas un permiso de trabajo. Una vez obtenido éste puedes aspirar a ser titular de un número de la Seguridad Social que no lleve estampado el «NOT VALID TO WORK» (no tener permiso de trabajo), que debes facilitar al empleador. Pues bien, lo que hacen los inmigrantes indocumentados es proveer un número falso que les permita trabajar. Hay doce millones de trabajadores en USA en esta situación, lo que supone más o menos el 15% de la población activa, pero que, al concentrarse en el trabajo en el campo, la confección, la limpieza y la construcción, tiene un peso muy importante en la economía del país, hasta el punto que resulta impensable el funcionamiento económico de USA sin estos trabajadores.
Pues bien, la Ley de Control y Reforma de la Inmigración, de 1986, obliga a los empleadores a controlar el estatus de los trabajadores inmigrantes y les prohíbe contratar a aquellos que no tengan documentos legales o «autorización para trabajar». De hecho, esta ley considera un crimen que los inmigrantes indocumentados trabajen, y es la base de todas las campañas de acoso a los trabajadores inmigrantes de USA desde hace 24 años.
Dolores Contreras (nombre ficticio) es una costurera experimentada. Llegó a Estados Unidos hace trece años, después de trabajar muchos años en las maquilas de confección de ropa de Tehuacan (México). Allí, compañías como Levi´s hacen tal cantidad de pantalones vaqueros que el agua corriente de la ciudad se ha vuelto azul. En Los Ángeles, Contreras esperaba conseguir el dinero suficiente para enviarlo a su casa y costear así el tratamiento de diálisis de su hermana y los gastos de manutención y educativos de otros cuatro familiares. Durante cinco años, se movió de tienda en tienda. Al igual que muchos trabajadores de la confección, muchas veces no recibía dinero por las horas extra, su salario era inferior a lo pactado, y en ocasiones su empleador desaparecía con la mercancía por la noche, debiéndoles unas cuantas semanas de salario.
Finalmente, Contreras encontró un trabajo en American Apparel, famosa por su ropa sexi. Recibía por su trabajo de costurera 400 dólares a la semana, después de pagados los impuestos (mal sueldo en USA, pero el mejor al que puede aspirar una costurera en toda la zona). Ella pagaba también la Seguridad Social, aunque no veía ni un céntimo en beneficios al hacer la contribución a un número inventado. Esta situación laboral le permitía pagar sus facturas, comer y mantener a su hija de 14 años, pero todo cambió cuando American Apparel la echó a la calle (junto con otros 1800 trabajadores) por su condición irregular, tras una auditoría a la empresa realizada por el Inmigration and Customs Enforcement (ICE), agencia del Department of Homeland Security (DHS), institución encargada de investigar los registros de las empresas de USA en busca de trabajadores indocumentados.
El caso de esta señora no es aislado: en las mismas fechas, otra auditoría del ICE dejó en la calle a 1200 porteros y bedeles contratados por American Building Maintennance (ABM). También Overhill Farms (empresa de procesado y empacado de carne) despidió, por la misma razón, a 250 empleados.
Estas auditorías dicen perseguir a los empleadores, pero en la práctica a quienes castigan es a los trabajadores. De hecho, si la compañía colabora con la investigación, se le exonera del pago de la multa (no se conocen sanciones a las grandes empresas auditadas). Sin embargo, los trabajadores se ven obligados a buscarse la vida en otras empresas del sector mientras acumulan deudas y sufrimiento.
En septiembre pasado, la administración Obama extendió la política de Bush anunciando que todo contratista del gobierno tendría que verificar el estatus inmigratorio de sus empleados a través del sistema elecrónico del DHS. En un discurso típico del presidente (emocionante, bien trabado, con una oratoria brillante), Obama afirmó que las sanciones apuntan a los empleadores, «quienes están usando mano de obra ilegal para bajar los salarios y, a menudo, abusar de los trabajadores». Pero lo cierto es que las condiciones intolerables que sufren los trabajadores despedidos (y a veces deportados) no ayuda a estas personas ni a cambiar las condiciones de trabajo de quienes les sustituyen.
Además, no es esa clase de empresas que critica Obama a quien el ICE está investigando. La oficina del ICE en Los Ángeles nunca auditó a una de las miles de empresas sin sindicato, especialmente las empresas de confección textil y empacadoras de comida, en las que se pagan salarios de miseria y las condiciones laborales son durísimas. Esto es algo de sobra conocido por todo el mundo (que quiera conocerlo) en California, Arizona, Nuevo México, Texas,…
Pero no, no son estas las empresas auditadas. Overhill Farms tiene sindicato; American Apparel paga más y da más beneficios sociales a sus empleados que la mayoría de las empresas del sector; en Mineápolis, los 1200 bedeles y porteros despedidos tenían un salario más alto que los trabajadores no sindicados, después de haberlo ganado luchando en la calle.
Por lo tanto, la campaña de auditorías y despidos de ICE parece intentar castigar a los trabajadores indocumentados que tienen mejores salarios, o a los que se dejan notar reclamando salarios más altos y mediante su acción sindical, de tal manera que ponen en peligro el modelo productivo estadounidense, en el que los inmigrantes son auténticos esclavos modernos (sin derechos y con todas las obligaciones que al amo le plazcan).
No resulta nada descabellado este análisis, especialmente si tenemos en cuenta que las grandes campañas sindicales desarrolladas en el país durante los últimos 15 años han estado lideradas por inmigrantes, sin lugar a dudas los más combativos entre los trabajadores de USA. Campañas como «Justicia para los bedeles» o «Por la dignidad de los trabajadores de los hoteles» supusieron un hito y un éxito que recordó a los triunfos de «huelgas de brazos caídos» del siglo XIX. Y estas dos grandes campañas sindicales fueron lideradas por inmigrantes, documentados e indocumentados, que gracias a su determinación y acción consiguieron mejorar de forma significativa la vida de decenas de miles de trabajadores en Estados Unidos ( y de sus familias en México, Honduras, Guatemala,…). A los que venimos de Europa nos sorprende y admira por igual este activismo, especialmente si lo comparamos con el papel de los sindicatos en España.
Es fácil entender, pues, que la ola de despidos esté provocando un fuerte debate en los sindicatos, especialmente en aquellos con muchos afiliados inmigrantes. Muchos de los trabajadores de las plantas de comida de Overhill Farms y de los bedeles de ABM han estado sindicados muchos años. Ellos esperan que el sindicato los defienda cuando la compañía los despida por carecer de documentación en regla. «El sindicato debería intentar frenar el despido de los trabajadores», demanda María (nombre ficticio), trabajadora de Overhill Farms. «Debería intentar que la compañía nos vuelva a contratar y nos dé una compensación por el tiempo que no hemos trabajado».
José Covarrubias (nombre ficticio) llegó a American Apparel como limpiador y siguió su labor de militante sindical intentando convencer a sus compañeros de que debían sindicarse, con el fin de luchar juntos y de tener el respaldo de la organización.
A pesar de esta realidad, a pesar de que los inmigrantes son el mayor activo del sindicalismo de USA, AFL-CIO, la mayor federación sindical del país, no acaba de dar la cara de manera decidida por estos trabajadores. «Hay quince millones de afiliados a AFL-CIO», dice Covarrubias, el organizador de American Apparel. «Ellos tienen un gran poder económico y político. ¿Por qué no se oponen a esta campaña de despidos y nos defienden? Nosotros llevamos veinte años defendiendo esta causa y no nos vamos a ir. Vamos a seguir luchando por una reforma migratoria justa».
Nativo López, director de la Hermandad Mexicano Latinoamericana, dice que ellos organizarán a los trabajadores despedidos si los sindicatos no lo hacen. «Estos trabajadores no han hecho nada incorrecto, ellos se han pasado años enriqueciendo a la compañía. Nunca nadie dice que los beneficios de las compañías sean ilegales, o que debieran devolverle a los trabajadores esos beneficios. Entonces, ¿por qué son llamados «ilegales» los trabajadores?, dice.
La Hermandad ha organizado protestas contra los despidos de Overhill Farms y American Apparel. «Cualquier política de inmigración que diga que estos trabajadores no tienen derecho a trabajar y alimentar a sus familias es equivocada y debe ser cambiada», declara López. Además, el año pasado la Hermandad ha dado un paso más en su intento de crecer en combatividad. En los vecindarios del Sur de California, está promoviendo la constitución de Consejos Obreros con el fin de resistir el acoso de las empresas y de las administraciones, así como de organizar mecanismos de ayuda mutua.
En definitiva, en Estados Unidos está teniendo lugar una campaña de acoso hacia los inmigrantes que luchan, que no se dejan pisar, que se revuelven ante el abuso y se organizan. A este inmigrante se le quiere ahogar, humillar, convencer de que no debe rebelarse contra su papel en la sociedad (el de esclavo). Ante esta opresión, muchos de ellos luchan juntos, resisten, se juegan la vida, crean asociaciones y sindicatos,… Nos dan esperanza y son testimonio.