En Lomas de Manchay, zona limeña de quebradas y colinas de tierra muerta habitada, viven 50.000 personas, la mayoría pobres migrantes de zonas andinas, el agua potable vale oro
Por cada metro cúbico, los pobladores pagan el equivalente a 3,22 dólares. Pero a solo unas cuantas calles, cruzando la avenida principal, en Rinconada del Lago, una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital peruana, los propietarios abonan por la misma cantidad de agua sólo 45 centavos de dólar.
«Ese contraste grafica la desigualdad en la distribución del agua», dijo a IPS María Teresa Oré, coordinadora del libro «El agua ante nuevos desafíos. Actores e iniciativas en Ecuador, Perú y Bolivia», un estudio conducido en esos tres países (Oxfam In.)
«Los pobres son los que tienen menos acceso a los recursos hídricos, es un patrón que se repite en las naciones que investigamos», dijo Oré.
«Ese es el abismo que hay entre ricos y pobres», apuntó el secretario general del Movimiento Peruanos Sin Agua (MPSA), Abel Cruz. «Los ricos pagan menos que los pobres por el agua potable. Es una realidad que insulta, que agrede, que humilla», dijo Cruz a IPS.
Lomas de Manchay está en el distrito de Pachacamac, parte de la región metropolitana de Lima.
Desde la altura de cualquiera de las colinas de este conjunto de asentamientos humanos que comenzó a formarse hace casi 25 años, es posible divisar una imagen de la desigualdad hídrica: en Manchay no hay un solo metro cuadrado de áreas verdes, mientras en Rinconada del Lago se destacan amplios y frondosos jardines, azulísimas piscinas y hasta una bellísima laguna artificial.
«Hay dos millones de pobladores que no cuentan con agua potable. Con la plata que se gasta en publicidad estatal para ahorrar agua, se podría haber dotado del recurso a miles de familias. Esa es la verdad», dijo Cruz.
Los que más sufren en Manchay son los que han construido sus casas en las partes altas. Casi todas las viviendas en el llano son de ladrillo y cemento. Pero cuesta arriba los materiales son estuco, madera, cartón, latón. Y todo cuesta más caro.
Los «aguateros», camiones cisterna que distribuyen el líquido, transitan todos los días en la parte baja, pero se dirigen a las elevaciones de Manchay una o dos veces a la semana, y cobran un poco más por metro cúbico.
«Tenemos que bajar hasta la carretera para rogarles que suban. Depende de su voluntad si nos venden el agua. Un cilindro nos puede durar una semana, pero cuando lavamos la ropa solo alcanza para un día», explica a IPS Sonia Huayhua.
Como la mayor parte de los pobladores, Huayhua es andina. Llegó aquí hace casi una década con su esposo desde Sancos, en la región sureña de Ayacucho, en busca de un nuevo porvenir y una vivienda propia. Tenían entonces un hijo de dos años, y ahora tienen otro de cinco. «Ninguno conoce qué es una ducha o un caño en casa. Solo tenemos cilindros y bidones», dice.
El 22 de diciembre de 2006, menos de cinco meses después de que el presidente Alan García iniciara su segundo gobierno, visitó Manchay.
«Hoy, cuando faltan 48 horas para celebrar la Nochebuena, he querido venir a este acto que marca un punto de ruptura, un punto de trascendencia para el pueblo de Manchay», dijo el jefe de Estado para anunciar que la zona tendría agua potable.
En enero de este año finalmente se iniciaron las obras, con una inversión de algo más de 38 millones de dólares.
«Ojalá sea verdad porque ya nos prometieron muchas veces que habrá agua potable y solo recibimos engaños», dice Huayhua.
El Congreso legislativo aprobó la Ley de Recursos Hídricos en un intento de terminar con el problema que genera la intervención de hasta nueve ministerios en las decisiones relativas a los recursos hídricos. El presidente la promulgó este lunes.
Incorpora mucho «de los decretos que se emitieron para la aplicación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Como resultado, se ha retrocedido en cuanto a la descentralización de la gestión del agua», dijo.
Otras críticas son que «no contempla fórmulas para resolver conflictos entre organismos estatales, compañías privadas y comunidades», aseguró Josefa Rojas.
Bolivia y Ecuador, como Perú antes de la nueva norma, «se rigen por decretos leyes dictados para temas específicos de la gestión del agua que se aplican en todo el país, pasando por alto la diversidad de las regiones que tienen dinámicas propias, e ignoran el riego campesino o comunitario», explicó Rojas. «Es evidente la ausencia de políticas integrales que visibilicen a las comunidades».
Según la Defensoría del Pueblo, muchos conflictos sociales estallan cuando compañías mineras, petrolíferas y gasíferas disponen de recursos hídricos locales sin autorización de las comunidades.
«El no reconocimiento del derecho de las comunidades rurales y pueblos indígenas al acceso, gestión, distribución equitativa y control social de los recursos hídricos ha demostrado que puede originar situaciones de conflicto», apuntó.
Para Cruz, líder del MPSA, los políticos apuntan a necesidades insatisfechas de los asentamientos humanos, como la construcción de acueductos y saneamiento, para sus ofertas electorales destinadas a ganar votos, pero cuando son elegidos olvidan sus promesas.
«Aparecen para inaugurar grandes obras. Pero después de colocar la primera piedra, desaparecen para siempre», dijo Cruz.
De acuerdo con Oré, los problemas no terminan con la edificación de obras hídricas.
«Los conflictos exigen la búsqueda de consensos, la construcción de mecanismos de concertación», afirma en el informe. «La gestión del agua en los países andinos como Bolivia, Ecuador y Perú se hace de forma sectorial y aislada. Cada sector –agricultura, minería, salud, industria, municipio– tiene su propia normatividad y organismos de dirección, y no existe mayor coordinación ente ellos».
Cruz saludó que el gobierno haya avanzado en el cumplimiento de los proyectos para saciar la sed de casi dos millones de limeños sin agua potable, pero consideró que la gestión del recurso hídrico necesita democratizarse. Lima tiene unos ocho millones de habitantes.
Las obras hídricas de Manchay son las más grandes en importancia, si bien hay proyectos en marcha en otras zonas del país. Se estima que ocho millones de personas no tienen agua potable en este país.
«Tenemos una nueva ley del agua pero eso no resuelve la desigualdad ni la exclusión en el manejo y distribución del recurso», sentenció.