El español medio no tiene una gran cultura económica y es fácil hablar de dinero dando la sensación de que "hay algo turbio". Es bueno aclarar algunos mitos.
Queremos comentar aquí algunas ideas que circulan últimamente sobre la economía de la Iglesia en España y más en concreto sobre su relación con el Estado. No hablaremos de las cuentas de la Santa Sede ni de la Iglesia en otros países, excepto por comparación.
MITO 1: La Iglesia es, económicamente, UNA gran entidad
Falso. Jurídica y administrativamente, la Iglesia católica no es UNA entidad. Son -textualmente- 40.000 entidades distintas, sólo en España. Son parroquias, órdenes, movimientos, asociaciones, fundaciones, organizaciones, diócesis… Cada una tiene su propio estatuto económico, cada una lleva sus propias cuentas, según las leyes civiles vigentes y según el derecho canónico. El tesorero de un obispado no tiene nada que ver con el de una ONG católica o con el de una parroquia. Hablar de «el dinero de la Iglesia» es como hablar de «el dinero de la sociedad civil»: se refiere a muchas entidades distintas y de muy diversas funciones.
MITO 2: En España, el Estado subvenciona a la Iglesia.
Falso. Son los ciudadanos quienes libremente asignan una cantidad de dinero a la Iglesia mediante la famosa «crucecita» del IRPF. El Estado no da ese dinero, lo dan los ciudadanos. El Estado lo único que hace es ayudar a recaudarlo.
MITO 3: El «sistema alemán» de financiación de la Iglesia es una alternativa que propone el Gobierno
Ojalá. El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, propuso hace unos meses recurrir a un sistema «similar al alemán», que según él es un «impuesto religioso voluntario y adicional» donde el Estado haría de mero recaudador. En realidad, en Alemania, cada ciudadano con capacidad fiscal, por el sólo hecho de estar bautizado, destina automáticamente a su iglesia (católica o protestante) una cantidad adicional de un 9% sobre lo que paga a Hacienda (un 8% en Baviera y Baden-Wutenberg).
La administración alemana se queda entre un 2 y un 4,5% de comisión según el land. Sólo se libran de pagar aquellos que renuncian a su fe mediante declaración de apostasía. Así, en el 2003, la Iglesia católica de Alemania, la más rica de Europa, ingresó, por la vía del Impuesto sobre la Renta, casi 4.500 millones de euros. ¡Compárese el contraste con los 141 millones que recibirá la Iglesia española por la «crucecita» del IRPF este año 2005! Sería muy extraño, realmente, que el Gobierno implantase este sistema en España.
MITO 4: «Lo de las expropiaciones es cosa del pasado».
En España el Estado tiene una larga tradición de confiscar bienes eclesiales. Cuando al Estado le falta dinero, confisca cosas a la Iglesia. Empezó en 1768 (Reforma de Olavide), cuando se expulsó a los jesuitas y se confiscaron sus tierras. Justo antes de la Guerra de Independencia (desamortización de Godoy) se confiscaron los bienes de hospitales, hospicios, casas de misericordia y cofradías, casi todas ellas entidades eclesiales.
En 1808 era José Bonaparte, el hermano de Napoleón, quien confiscaba bienes eclesiales. En 1823 fueron las Cortes de Cádiz, decretando la reducción a un tercio del número de monasterios y conventos. De 1834 a 1854 la famosa desamortización de Mendizábal confiscó todas las propiedades de monjes y frailes y parte de las del clero secular. En 1855 la Ley Pascual Madoz fue la confiscación más completa de bienes del clero, tanto regular como secular. Estas confiscaciones enriquecieron sobre todo a la burguesía urbana y rural.
Hoy, más eficaz que expropiar es amenazar una y otra vez a la Iglesia con dificultar su financiación. El 4 de mayo de 2004 el ministro de Justicia, Juan-Fernando López Aguilar ya declaró que el Gobierno quiero revisar la financiación de la Iglesia y reformar los Acuerdos de 1979, entre la Santa Sede y el Estado. El 22 de julio era el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quien anunciaba que la financiación de la Iglesia «tendrá que acabarse algún día».
Pero aún así hoy, en pleno siglo XXI, la tradición de expropiar se mantiene viva. El 27 de diciembre de 2004, uno de los portavoces del tripartito catalán, Joan Boada (IC-V-EUA) pedía en el DIARI DE GIRONA «una confiscación y posterior socialización de los bienes de la Iglesia». En mayo de 2002, el arquitecto Oriol Bohigas, ex-concejal y actual asesor del alcalde socialista de Barcelona, pedía «que la Sagrada Familia sea el vestíbulo de la estación del Tren de Alta Velocidad».
Una víctima preferencial son los conventos de monjas carmelitas: en el 2003 el Ayuntamiento de Córdoba (IU) quería expropiar un huerto a un convento carmelita, pero 40.000 firmas y una oleada de e-mails pararon la medida. Lo mismo intentó el ayuntamiento socialista de León en el 2004 con sus carmelitas descalzas, con la consiguiente oleada de quejas ciudadanas. En Esplugues (Barcelona), el Ayuntamiento socialista este año 2005 acosaba con deshaucios y expropiaciones a un monasterio de dominicas aunque la presión ciudadana ha bloqueado el proceso por ahora.
MITO 5: Hay una sobrefinanciación de la Iglesia según el Gobierno laicista de ZP
Es todo lo contario La IGLESIA CATÓLICA ESPAÑOLA AHORRA al ESTADO más de 31.000 MILLONES de EUROS (5,19 billones de pesetas)
Semejante es la cifra que tendría que costear el Estado español para sustituir la labor social que realiza la Iglesia. Levantar sus colegios y hospitales, atender a los enfermos, ancianos, marginados, niños e indigentes, mantener las instalaciones… toda una red de actuaciones que se sostiene gracias a la esmerada y silenciosa labor de los católicos. Nada que ver con la «sobrefinanciación» que comentó el ministro de Trabajo.
Desde que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, planteó la posible «sobrefinanciación» a la Iglesia católica, el debate sobre la contribución económica del Estado a la institución eclesial ha sido incesante. Cargos políticos, medios de comunicación, representantes católicos… todos han aportado su visión al respecto. Sin embargo, han sido pocos quienes han ofrecido la visión contraria: lo que la iglesia católica, a través de sus distintas acciones sociales, aporta al Estado español.
LA RAZÓN ha elaborado una tabla de gastos e ingresos en la relación Iglesia-Estado y el resultado es demoledor: más de 31.186 millones de euros (cerca de 5,19 billones, con b, de pesetas). Esta escandalosa cifra es lo que le costaría a la Administración Pública toda la labor de la Iglesia en el hipotético caso de que ésta desapareciese o dejara de hacerse cargo de sus colegios, hospitales, ambulatorios, dispensarios, organizaciones no gubernamentales… La labor es tan amplia y los datos tan cuantiosos que resultan más comprensibles analizándolos en los tres grupos mayoritarios de acción -enseñanza, sanidad y obra social- y partiendo de este supuesto: ¿qué le costaría al pueblo español mantener con sus impuestos las actividades de la iglesia y construir y sostener los centros desde donde las realiza? Tradicionalmente la Iglesia siempre ha jugado un papel fundamental en la enseñanza. Algo lógico, puesto que antes de que el Estado financiase la Educación (y la Sanidad, y la obra social…), ella ya tenía escuelas. Tal y como señala el semanario Epoca en su último número, las distintas congregaciones religiosas mantienen en activo 5.141 centros entre guarderías, centros de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, en cuyas aulas se sientan 990.774 alumnos dispuestos a compaginar las matemáticas y la literatura con el aprendizaje de los valores cristianos. Según la estimación del exsecretario de Estado de Universidades, Álvaro Marchesi, el coste medio por alumno es de 2.989 euros. Así, la Iglesia se gasta en sus alumnos unos 2.962 millones de euros, pero con la ayuda de 1.783 millones que aporta el Estado, la cifra se reduce a 1.178. A esto hay que añadir que si, según fuentes consultadas por este periódico, construir un colegio público cuesta alrededor de 3 millones de euros, el Estado debería invertir 15.423 millones para ofrecer el mismo servicio que hace la Iglesia -algo menos que el presupuesto de 2004 para los ministerios de Defensa, Interior y Fomento-
El economista y colaborador de LA RAZÓN José Barea afirma que «si la Iglesia no prestase sus servicios, tendrían que aumentarse los impuestos. El beneficio es doble: para los beneficiados y para los contribuyentes». La obra sanitaria de la iglesia no es menos esmerada. Sus 107 hospitales, 128 ambulatorios y dispensarios, 876 centros para ancianos, enfermos crónicos, terminales y minusválidos, atienden a 387.356 personas al año. Para ello cuenta con 51.312 camas que le cuestan 270 euros al día. 0 lo que es lo mismo, 5.056 millones de euros al año. Además, teniendo en cuenta que construir un hospital cuesta del orden de 50 millones de euros, y el resto de los centro unos 4 millones, el Estado deja de hacerse cargo de 5.350 millones en hospitales y de 4.016 en otros centros. La obra social de la Iglesia es muy amplia. Según datos del año 2000, sólo con las aportaciones monetarias de Cáritas (155 millones, de los cuales 47 corrían a cargo del gasto público), Manos Unidas (43 millones en 2003, con una ayuda estatal de 9 millones) y Obras Misionales Pontificias, (21 millones en 2000), el Estado tendría que haber aportado 163 millones. Además, financia el 80 por ciento del patrimonio histórico y artístico de España. Así las cosas, no parece demasiado sensato decir que el Estado mantiene a la Iglesia católica.