Durante tres meses, el periodista Bram Ebus recorrió esta zona, ubicada en su mayoría en el estado de Bolívar, Venezuela. Un escenario donde confluyen varios males del vecino país: los grupos armados ilegales, comunidades indígenas reprimidas y mineros infectados de malaria.
Cuatro áreas del estado de Bolívar (Venezuela) fueron decretadas en 2016 como una inmensa zona minera. Wílmer González-Correo del Caroní
*Las 6 entregas del reportaje en Infoamazonía
Con las manos embarradas, un minero lanza rocas ricas en minerales a un molino mecánico que las tritura para ser procesadas con mercurio. A poca distancia, aguardan unos soldados. Los militares nos escoltaron durante la visita en los cerros cerca de El Callao, uno de los muchos yacimientos fuertemente disputados en Venezuela. “En cualquier momento podría ocurrir una balacera o una masacre. Todos los días eran así”, cuenta con entusiasmo un minero sobre el violento proceder con el que grupos armados disputaron esta misma mina. El oro que se extrae de ella termina en el mercado mundial en forma de joyas, resguardado en un banco o usado en equipos electrónicos, pero poca gente sabrá su origen.
“Ellos trabajan tipo ‘comandos’ (refiriéndose a las tropas élite de Estados Unidos)”, dice el minero acerca de las balaceras nocturnas en el pueblo, donde se dispara al aire ante cualquier luz de faro, como si se tratase de un toque de queda impuesto por las bandas armadas. La mayoría de los mineros no quieren ser nombrados, ya que temen reacciones de los actores armados en la región.
Los militares venezolanos participan también en la violencia que frecuentemente resulta de la explotación minera a través de bandas armadas y sus propias operaciones. Las Fuerzas Armadas venezolanas recibieron mucho poder durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez. Cliver Alcalá Cordones, retirado en 2013 y leal a Chávez, fue un mayor general que comandó las regiones mineras. En una reunión en el lobby de un hotel en Bogotá, Alcalá explicó que Maduro sigue entregando funciones a los militares y a sectores del gobierno que ahora participan en el “desastre y en el botín”.
Su afán por los minerales se traduce en una visible militarización de las zonas mineras. Un viaje al sur de Venezuela, en la región donde se extrae ilegalmente el oro, da la impresión de que está bien controlada. Cada 30 minutos de camino hay alcabalas, puntos de control de la policía militar, la Guardia Nacional, encargada del orden público, pero entre más cerca de las minas, son más los militares los que dominan la escena.
Poco importa realmente si el oro tiene un origen legal o no, si es extraído por compañías o por las bandas que controlan las minas. Cuatro áreas del estado de Bolívar, decretadas en 2016 como una inmensa zona minera nombrada como Arco Minero del Orinoco, representan una simbiosis oscura de ambos mundos.
Lo realmente significativo es el impacto del Arco Minero. Las cuatro áreas coinciden con muchos territorios indígenas y ambientales legalmente protegidos y que, se cree, serán destruidos. Los mineros arriesgan su salud y sus vidas trabajando en condiciones inseguras, en áreas de disputas violentas. El daño ambiental carece de importancia para los enclaves de subsistencia minera y para las brutales fuerzas que operan en estas zonas; tampoco es un factor de importancia para el Gobierno, que creó un marco legal sobre la explotación minera de esta área.
El 12 % del territorio venezolano se abrió a minería. / Wílmer González-Correo del Caroní
Alexánder Luzardo, exsenador con un doctorado en Derecho Político y Ambiental, ha estado directamente involucrado en la legislación ambiental de Venezuela. Él redactó los estándares ambientales para la actual Constitución de 1999. Con estos esquemas, delimitó la zona para que Venezuela protegiese estas regiones. Sin embargo, en 2016 vio cómo el Arco Minero echó por tierra la legislación que había creado. “El Arco Minero es ilegal. Niega, vía decreto, la existencia y la creación de áreas protegidas”, expresa Luzardo en una entrevista en un café en el campus de la Universidad Central de Venezuela, donde es docente.
El profesor tiene una predicción muy nefasta para el país. “Este es el camino más fácil para la destrucción ambiental en Venezuela, la gran contribución de Venezuela a la destrucción del planeta”, afirma Luzardo, quien añade que el país había alcanzado un progreso impresionante en términos de protección ambiental y teme que el Arco Minero lo revierta: “Este proyecto es la peor respuesta a la crisis y es una negación a toda perspectiva ambiental”.
No se sabe mucho sobre la minería en el país, que ha solidificado toda su economía en la industria nacionalizada del petróleo. Ahora intentan con otro recurso no renovable, porque Venezuela no sólo posee las reservas más grandes de petróleo en el mundo, el gobierno también afirma tener la segunda reserva más grande de oro. Si Venezuela es capaz de certificar los yacimientos, sería una gran noticia, sobre todo en las horas más oscuras del país.
Venezuela se encuentra en una gran agitación política y financiera desde hace ya varios años, pero actualmente los niveles de hiperinflación y de escasez de productos básicos están llevando la economía a tocar fondo. El gobierno necesita soluciones latentes, por eso el anuncio de la apertura de una parte significativa del país a un nuevo motor de desarrollo económico: la minería.
Los billones de dólares provenientes del petróleo y del gas financiaron los programas sociales del hoy fallecido presidente Chávez desde 1999 hasta su muerte en 2013. Por desgracia, estos ingresos se agotaron después del autoenriquecimiento de las élites del país y de la caída de los precios del petróleo en 2014. En un último intento para inyectar capital extranjero a la economía destruida, el presidente Maduro abrió 12 por ciento del territorio nacional a futuras operaciones mineras de gran escala.
“Es una jugada desesperada de Maduro para conseguir liquidez”, sostiene David Smilde, profesor de Sociología en la Universidad Tulane y miembro titular en el centro de investigación Oficina de Washington para América Latina. “Hay un peligro latente que conducirá a operaciones mineras ecológicamente destructivas en un territorio con una increíble biodiversidad y con una población protegida por los indígenas”. El docente está convencido de que Venezuela destruirá un recurso importante en términos de cuencas y de turismo potencial, a cambio de ganancias a corto plazo.
Las economías que están basadas únicamente en lo que está oculto en el suelo, no necesariamente implican problemas, financieramente hablando. “A mi modo de ver, a diferencia de otros académicos, considero que una economía rentista no es básicamente el problema, sino las malas políticas” argumenta Smilde. “Pienso que los problemas actuales de Venezuela poco guardan relación con la caída de los precios petroleros y sí con las políticas económicas insostenibles. Hay que recordar que el ciclo de protestas de 2014 estuvo en parte motivado por la escasez, la inflación y el desempleo, y que el crudo estaba en casi 100 dólares el barril. El modelo ya era insostenible, la caída de la cesta petrolera sólo ha apresurado su decadencia”, dice.
El Gobierno afirma tener la segunda reserva más grande de oro en el mundo. / Bram Ebus/Infoamazonia
Mientras los acreedores internacionales intentan recuperar su dinero de Venezuela, que está al borde del impago, hay quien está feliz con el Arco Minero. Ese es Maduro. Con una sonrisa curiosa debajo de su bigote característico, le muestra un lingote de oro a la prensa venezolana. El oro pertenece a uno de los primeros envíos del Arco Minero, un área de no menos que los 112 mil kilómetros cuadrados que bordean el sur del río Orinoco, la principal fuente de agua en el país y el tercer río más importante en Latinoamérica.
En agosto de 2016, Maduro anunció oficialmente: “El Arco Minero es ahora una realidad”. Según el gobierno, 150 compañías de 35 países desean invertir en minería, pero después del gran anuncio, pocos son los proyectos concretos en minería.
Hubo una agenda mediática apretada e incluso se creó el Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico. Se autorizó a una empresa mixta con Endiama, una trasnacional minera de Angola, a explotar diamantes y se estrecharon las manos con el embajador de Palestina, quien postuló a dos corporaciones palestinas para extraer coltán. Los aliados usuales, China y Rusia, quieren su porción de la torta de los minerales en sus platos, más que todo por el manejo de deuda con ambos países. En total, Venezuela debe 150 mil millones de dólares a una larga cola de acreedores.
Hasta ahora, compañías reconocidas en el sector minero continúan ausentes en Venezuela. La trasnacional minera Barrick Gold respondió a nuestra pregunta y explicó que “mientras Barrick participó en la revisión de proyectos mineros en el país, no busca ningún proyecto o inversión en Venezuela”. Maduro aseveró, sin embargo, haber firmado un contrato con Barrick Gold en agosto de 2016.
Más de un año después de los anuncios de Maduro, sigue el tabú sobre quién realmente controla la minería en el país sumido en crisis. “Detrás de la minería en Venezuela, siempre ha habido la opacidad de factores militares”, manifestó Américo de Grazia, diputado opositor en el Parlamento marginado por el Gobierno. De Grazia representa al estado Bolívar, donde la mayoría de las reservas de oro están ocultas. “La minería [ilegal] ha sido criminalizada por la opinión pública, pero se permite su clandestinidad. Aquí, el máximo operador [quienes están a cargo] son las fuerzas públicas, y el operador práctico [el ejecutor] es el crimen organizado”, dijo.
Venezuela cuenta con un número increíble de generales, cerca de dos mil, y las fuerzas armadas controlan el Arco Minero, como resaltan De Grazia y Luzardo, que argumentan que la mayoría del sector es dominado por los militares. Ellos extorsionan a las bandas que operan las minas ilegales y controlan las rutas de exportación. La minería es una caja chica que se ha institucionalizado lentamente. El año pasado se creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) junto con una Zona Económica Militar. Activos o pensionados, los militares están presentes en alrededor de 30 por ciento de las compañías estatales con juntas directivas conocidas. Partiendo de que el Arco Minero será explotado en empresas mixtas en las que el Estado posee la mayoría porcentual de propiedad, es muy posible la presencia militar a cargo.
De Grazia dice que los generales son cambiados frecuentemente, así como el personal militar en las directivas de las compañías: “Cada militar que llega quiere enriquecerse de la noche a la mañana, lo que lo hace más cruel, más violento y sus normas serán más inhumanas porque él sabe que esta es la forma de volverse rico y que solo dispondrá de uno o dos meses, quizás un año”.
Bandas armadas les pagan a los castrenses para continuar con las operaciones ilegales mineras. “Cuando acabamos con algunas de las actividades de minería ilegal, los mineros se quejaron, porque les habían pagado a los militares antes”, dice Alcalá. El hoy general retirado menciona que muchos aviones sacan ilegalmente la mayoría del oro de Venezuela a las islas del Caribe. Los militares están involucrados: “Ellos bajan [el avión] de manera que el radar no sepa dónde están”.
También confirma que el ejército recibe beneficios significativos de la minería ilegal y de las bandas que operan los proyectos, y aplican la violencia para mantener el control. “Desde hace un año, ha habido masacres ejecutadas por el ejército en algunas zonas porque hay oro”.