BOLIVIA: El TRASFONDO de la ´GUERRA DEL GAS´

Por CLETUS GREGOR BARIÉ

Cletus Gregor Barié es periodista e investigador especializado en América Latina. Actualmente es asesor en la Cooperación Alemana (GTZ) en un programa sobre Manejo de Conflictos sociales en Bolivia. Recientemente apareció su manual: Pueblos Indígenas y derechos constitucionales en América Latina: un panorama
barie@web.de

Publicado en 2003
Revista Papeles nº 84

El desplome estrepitoso de Gonzalo Sánchez de Lozada, protagonista clave en la historia contemporánea de Bolivia y presidente en dos ocasiones (de 1993 a 1997, y desde agosto de 2002 hasta octubre de 2003), comenzó el 12 de octubre de 2003 – fecha en que se celebra el día de la Raza en Bolivia y fiesta oficial en casi todos los países latinoamericanos, en conmemoración de la llegada de Colón a la isla de Guanahani en 1492-.

Bajo la consigna «no a la exportación del gas por Chile» los sectores indígenas, campesinos, sindicales y los productores de coca, desde hacía más de un mes, habían cercado La Paz, la sede del Gobierno y El Alto, la ciudad colindante. El tráfico se paralizó en las dos urbes, los comercios permanecieron cerrados, la escasez de los alimentos básicos como pan, leche y huevos se hizo cada vez más notoria. El nerviosismo de los tres dirigentes de la Mega-Coalición se tornó evidente «Goni», como es conocido popularmente el ahora ex presidente Sánchez de Lozada, quien dirige el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); Jaime Paz Zamora del populista Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR); y Manfred Reyes Villa quien con su Nueva Fuerza Republicana (NFR) se había integrado recientemente al Gobierno. «Acecha un gran proyecto subversivo, organizado y financiado desde el exterior para destruir la democracia boliviana», advirtió Gonzalo Sánchez de Lozada. El Ministro de Defensa, Carlos Sánchez de Berzaín remarcó: «Pueden marchar una, dos semanas o un mes, pero el presidente no renunciará. Así de constitucional y democrático es».

El temor de la clase política no era para menos: apenas ocho meses atrás un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y la Policía había dejado la ciudad de La Paz y El Alto en una situación de suspensión total del Estado de derecho. El descontento por un decreto que determinaba el aumento de impuestos sobre los sueldos se transformó en una explosión social incontrolable con saqueos y la quema de ministerios, dejando un saldo de 60 víctimas civiles y centenares de heridos.

Con estos antecedentes, y siguiendo las sugerencias del ministro de Gobierno, el presidente optó por la salida militar; El Altó, la ciudad de los inmigrantes aymaras, sufrió una arremetida militar indiscriminada. Las ametralladoras retumbaron durante días contra una población armada con piedras y ondas. Más de 30 personas fueron acribilladas en una jornada, el saldo final de los sucesos de octubre fue de 81 muertos y 400 heridos. Así, durante la segunda presidencia de Sánchez de Lozada murieron más de 134 personas en conflictos sociales..

El desconcierto sobre la matanza sacudió a Bolivia y el mundo: «Que se vaya el asesino Goni», era desde entonces el reclamo unánime en las manifestaciones de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. El alcalde del El Alto, miembro del partido de la coalición, afirmó que «en persona iría a sacar a patadas al presidente». Con Ana María Romero de Campero, ex Defensora del Pueblo, y la cantante Jenny Cárdenas a la cabeza, la clase media paceña rápidamente formó piquetes de huelga de hambre que se instalaron en las parroquias. La resistencia pacífica se masificó, incluyendo a las juntas vecinales, estudiantes y mineros: «El Alto de de pie, nunca de rodillas», fue la frase repetida. «Me han preguntado si tengo el coraje de matar y mi respuesta es no», con estas palabras el Vicepresidente Carlos Mesa rompió con Goni y se distanció de las acciones violentas.

El 17 de octubre, ante el temor de ser masacrado por la turba, Gonzalo Sánchez de Lozada, rodeado de sus familiares y colaboradores más cercanos escapó rumbo a Miami en un helicóptero militar. El «jefe de la tribu de Potomac», como se le había definido a Goni un tiempo atrás, volvió a EEUU donde pasó gran parte de su infancia y juventud y cuyo idioma habla mejor que el español. Unas horas después, el Congreso boliviano aceptó la carta de renuncia de Sánchez de Lozada. Siguiendo las reglas de la sucesión constitucional, el vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert, tomó posesión del cargo como jefe de Gobierno. En su discurso de posesión, el historiador y periodista Carlos Mesa propuso realizar un referéndum sobre la exportación del gas, afirmó su compromiso con la Asamblea Constituyente y anunció la conformación de un gabinete sin participación directa de los partidos políticos.

¿Un golpe de líderes populistas o un proceso de resistencia civil?

La salida forzada de uno de los aliados más confiables del Gobierno de EEUU en Sudamérica provocó cierta irritación en los círculos diplomáticos estadounidenses y europeos. Bolivia, junto con Colombia y Perú, es destino estratégico de la política de la erradicación de las plantaciones de coca, además de pertenecer al grupo de los países de preferencia para la cooperación internacional en América Latina. En el editorial del Washington Post del 27 de octubre se subraya que «los ganadores [de esta nueva situación] son una coalición dé xenófobos y populistas cuya agenda lleva a negar a Bolivia los beneficios económicos de su recurso natural más preciado, el gas natural». Esta línea argumental ya había sido trazado por Sánchez de Lozada en su carta de renuncia: «La democracia está bajo el asedio de grupos corporativos, políticos y sindicales que no creen en ella, y que, la utilizan según su conveniencia».

El levantamiento en la ciudad aymara fue popular, no dirigidoz

Los dos partidos fuertes de la oposición, el Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, y el Movimiento indígena Pachakuti (MIP), dirigido por Felipe Quispe, en los últimos meses lograron aglutinar a muchas personas alrededor de los slogans antichilenos y anti-privatización. Desde hacía tiempo las marchas y protestas de rechazo a una posible, exportación del gas llenaban los centros de las grandes ciudades bolivianas del Altiplano. Sin embargo, el desenlace dramático del «octubre negro» no es completamente atribuible al liderazgo de Evo Morales y Felipe Quispea quienes en ningún momento estuvieron presentes en la zona.

El levantamiento en El Alto, la ciudad más pobre de Bolivia, fue un movimiento de base, sin el protagonismo de dirigentes nacionales, en el que se mezclaron organizaciones barriales; como las ]untas vecinales, estudiantes, obreros pertenecientes a sindicatos como la Central Obrera de Bolivia (COB) y , en la Central Obrera Regional de El Alto, campesinos indígenas, pequeños comerciantes y mineros del altiplano. El rencor contra las fuerzas públicas aumentó desde que una unidad policial especial evacuó con fuego a 900 personas de dos localidades del altiplano bloqueadas, Warisata y Sorata, dejando un saldo de 9 muertos.

La estructura social urbana de los 650.000 habitantes de El Alto reproduce fuertes rasgos de la organización indígena aymara expresados en la reciprocidad, la asamblea popular, la fácil revocación de sus autoridades y la defensa de bienes colectivos. A partir del asalto militar de octubre, los alteños actuaron, de forma símilar a un ayl1u -una gran comunidad unida por lazos de parentesco, que se defiende frente a un invasor externo-. Esta situación de resistencia popular improvisada explica la dificultad de los emisarios del Gobierno de encontrar un interlocutor -o representante para negociar.

Los grandes líderes, como Evo Morales y Felipe Quispe, actualmente no gozan de suficiente prestigio para liderar un levantamiento popular. El primero porque es identificado como representante de los «cocaleros» en la zona del Chapara y los Yungas, por lo que su visión de los problemas nacionales no se considera suficientemente amplia. El segundo, porque pese a su retórica indigenista redentora, mantiene un estilo de sindicalismo autoritario y poco transparente.

Consecuencias de las privatizaciones de los años noventa

Durante su primera presidencia (1993-1997) Sánchez de Lozada impulsó un proceso de modernización que incluía la reforma educativa, judicial y económica. Las grandes empresas estatales como Empresa Nacional de Teléfonos (ENTEL), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Lloyd Aero Boliviano (LAB) fueron privatizadas. Algunas reformas, como la descentralización, la participación popular, la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria y el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas tuvieron cierto impacto positivo. La presencia actual (datos referido al año 2003) de 30 diputados indígenas en el Congreso (de 157 parlamentarios), y el aumento de la inversión pública en las zonas rurales, son también producto del primer Gobierno de Sánchez de Lozada.

Sin embargo, las reformas económicas – una de las más radicales en el hemisferio- resultaron desastrosas: «En Bolivia se hizo en cuatro años y en democracia lo que tomó casi el triple de tiempo en Chile bajo férrea dictadura (…)
No se adoptó ninguna medida para llevar adelante un proceso de transformación productiva. En los hechos, Bolivia quedó anclada a su tradicional papel de vendedora de materias primas: antes plata, goma, quinina, estaño; ahora gas natural, oro, maderas» (1)

Sánchez de Lozada cosechó los amargos frutos de su propia gestión anterior: su reforma de pensiones de los años noventa produjo una generación sándwich de trabajadores sin derecho a jubilación que no han dejado de manifestarse; los mineros que fueron relocalizados en 1985 bajo la responsabilidad del ministro de Planeamiento y Coordinación, Sánchez de Lozada, hoy conforman gran parte de la población marginada en El Alto. La apertura comercial afectó en mayor medida a los pequeños productores agrícolas, ocasionando la erosión creciente de los precios. Los más perjudicados del primer Gobierno de Sánchez de Lozada fueron los campesinos e indígenas del altiplano boliviano. Muchos de ellos inmigraron a El Alto, donde sobreviven en una situación de extrema precariedad. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 58,6% de los 8,5 millones de bolivianos son pobres, en el área rural alcanza al 90% de la población.(2).

Gonzalo Sánchez de Lozada logró en su primera gestión presidencial un aumento extraordinario de su fortuna personal a través de la explotación de importantes yacimientos minerales. Con un capital declarado de 55 millones de dólares, y un mayor capital estimado; es el nombre mas acaudalado de Bolivia.

El sentimiento anti-estadounidense

Durante el conflicto, Mauricio-Antezana, vocero presidencial, no dejó de insistir en la necesidad de analizar el tema de la exportación del gas con racionalidad: «Muchos bolivianos no saben que, por el momento, no existe ninguna decisión gubernamental en materia del gas.» Ciertamente, la información sobre los yacimientos existentes de gas en Bolivia es muy precaria y las diferentes opciones de exportación no fueron investigadas con seriedad.

Bolivia cuenta con aproximadamente 54,9 trillones de pies cúbicos (TCFs) de reserva de gas natural descubiertas que (aunque no se pueden comparar con los 1680 TCFs de Rusia) alcanzaría para el consumo interno boliviano durante más de 1250 años.(3) Las posibilidades de exportación para el gas boliviano son alentadoras. Tanto Chile, que en pocos años se encontrará en dificultades de abastecimiento, como California y México han mostrado interés.

En la discusión por la exportación del gas confluyen diferentes referencias históricas: Chile le arrebató el mar a los bolivianos en la Guerra del Pacífico de 1879, como enseñan también los maestros de colegio y los instructores durante el servicio militar. El tema no ha perdido actualidad, como se demostró en la reciente XIII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santa Cruz el 14 y 15 de noviembre de 2003, el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan y también el presidente venezolano Hugo Chávez han respaldado públicamente la demanda marítima boliviana.

Muchos bolivianos temen la «malicia» de la diplomacia chilena que históricamente ha prevalecido (en cuestiones como uso de agua, carreteras y ferrocarriles) sobre la capacidad negociadora de los bolivianos, quienes hasta hoy no tienen siquiera un cuerpo diplomático profesionalizado. Además, por su afinidad con los ingleses en el siglo XIX y con EEUU, con quienes se han integrado en una zona de libre comercio, Chile representa para muchos bolivianos el baluarte de las políticas de apertura comercial y del intervencionismo estadounidense.
¿Existe un sentimiento anti-estadounidense en Bolivia, una predisposición popular contra los representantes del Gobierno de EEUU? Los prejuicios y los estereotipos se activan rápidamente, alimentados también por la experiencia reciente: desde 1997, EEUU empezó a condicionar su cooperación económica a la erradicación total de los cultivos de coca. El Plan Dignidad (1998-2002) fue asumido por los diferentes Gobiernos. Sin embargo, decenas de miles de campesinos, generalmente indígenas de procedencia altiplánica, perdieron paulatinamente sus altos ingresos. Los programas alternativos para la producción agropecuaria en las regiones subtropicales de las provincias Chapare, Carrasco, Tira (Cochabamba) y Yungas (La Paz) resultaron un fracaso, ya que los precios internacionales de productos como el banano son sumamente desfavorables para la producción en pequeña y mediana escala. Por otro lado, la presencia policial y militar de unidades especiales, dirigidas muchas veces por asesores militares estadounidenses, provocó el rechazo de la población.

La hoja de coca, para muchos bolivianos, no tiene ninguna relación con sus derivados como la cocaína. El «pijcheo» (masticar la hoja de coca) conforma un ritual cotidiano en las comunidades rurales, y el té o mate de coca figura en la carta de cualquier restaurante boliviano. Estudios recientes demuestran además el efecto curativo de los medicamentos derivados de la hoja de coca, por ejemplo para el tratamiento de la diabetes.

Las críticas a la política exterior estadounidense incluso provienen de sus propios integrantes: «Como asesor económico de Bolivia y de docenas de otros países pobres durante los últimos 20 años he observado la política chapucera de EEUU mientras países amigos colapsaban (…) Desde el Gobierno de Reagan, Washington ha repetido un lema: los problemas de las economías subdesarrolladas deben ser resueltas por el FMI y no requieren de ninguna ayuda financiera significativa de EEUU», opinó recientemente el economista Jeffrey Sachs, colaborador del Gobierno estadounidense.(4)

Por otra parte, la dolorosa experiencia de la «capitalización» iniciada por Sánchez de Lozada durante su primera gestión, plasmada también en una Ley de Hidrocarburos que establece una baja participación del Estado en las regalías petroleras, ha aumentado la susceptibilidad: de muchos sectores a la hora de vender los recursos naturales. La percepción mayoritaria al respecto es que este tipo de negocios no deja beneficios significativos a la población; y esto desde hace más de 500 años: «La gente se ha alzado porque se niega a aceptar que ocurra con el gas lo que antes ocurrió con la plata, el salitre, el estaño y todo lo demás. La memoria duele y enseña: los recursos naturales no renovables se van sin decir adiós, y jamás, regresan».(5)

El reclamo de los indígenas: hacia un nuevo pacto constitucional

En las últimas décadas se han realizado estudios históricos sobre la formación de los Estados nacionales en América Latina que demuestran el carácter ficticio de construcción de la ciudadanía y el rasgo excluyente de las primeras constituciones, y que resumen de alguna manera la demanda de los pueblos indígenas en Bolivia a favor de una Asamblea Constituyente.(6) El logro de la independencia el de agosto de 1825 se realizó sin la presencia del soberano -la abrumadora mayoría de los bolivianos-. A partir de este hecho fundador de un pacto sin pactaste; el distanciamiento entre Gobierno y gobernados se ha ido agudizando. Hoy, un gran mayoría de los habitantes del espacio geográfico de Bolivia no se identifica plenamente con sus instituciones, lo que es especialmente evidente en el caso de los 35 grupos indígenas y originarios que, según el último censo de 2002, representan el 70% de la población (5,8 millones de personas).

En una visión constitucional comparativa, Bolivia queda en un lugar rezagado en América Latina. El artículo 171 -la médula del indigenismo boliviano- declara de forma muy general algunos tópicos recogidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT),(7) que Bolivia ratificó en 1991. La titulación de las Tierras Comunitarias de Origen se ha estancado, la reforma agraria y la políticas de colonización han sido abandonadas.

Según han demandado las organizaciones indígenas desde hace más de dos años -aglutinadas en diferentes organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana (CIDOB); Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), entre otras-, un postulado constitucional más imperativo y una articulación más coherente y amplia de los derechos indígenas en todo el entramado legal mejorarían substancialmente la situación de los pueblos indígenas, tal como sucedió en países como Colombia, Brasil y Ecuador.

¿Hasta dónde llegará el nuevo presidente conciliador?

Las tareas pendientes del nuevo mandatario resultan de gran magnitud y complejidad, considerando los actuales determinantes básicos de cualquier política pública en Bolivia: un déficit fiscal abultado (superior al 8,7% del PIB), presiones del Fondo Monetario Internacional de resolver la cuestión del gas, demandas locales que rápidamente se suelen transformar en pliegos petitorios incumplibles y en medidas extremas de presión, instancias municipales y departamentales incapaces de prevenir y atender adecuadamente a los planteamientos sociales, partidos políticos excluidos del ejercicio de la gestión pública, y cuestiones fundamentales no resueltas (como la distribución de las tierras) desde hace décadas. El referéndum sobre el gas podría agudizar la escisión entre los departamentos más prósperos (Santa Cruz, Beni y Tarija) que se inclinan por la exportación rápida vía Chile y los departamentos de tierras altas que en su mayoría se oponen a cualquier proyecto de este tipo. A ello se suman los reclamos insistentes por el esclarecimiento de los hechos de octubre. Muchos analistas políticos parten de que Carlos Mesa, en estas circunstancias, no podrá concluir su mandato constitucional previsto hasta agosto de 2007.

Sin embargo, el presidente ha mostrado fuertes habilidades de comunicación y un espíritu conciliador en el manejo de los conflictos. Su mayor apuesta parece ser la recuperación de la credibilidad a través de un diálogo directo con los actores, una gestión más profesional, después de años de ineficiencia, corrupción y la repartija de «pegas», y la aplicación de criterios realistas en las negociaciones con los dirigentes sociales, en vez de la firma de convenios exuberantes que usualmente firmaba el gabinete anterior sin la más mínima intención de cumplirlos.

Por el momento, Carlos Mesa logró obtener una mayor conformidad de los ciudadanos bolivianos. Los partidos políticos tradicionales le están siguiendo el juego sin convencimiento: para muchos parlamentarios, Mesa resulta una opción dolorosa porque los castigó, pero también moderada -sobre todo frente al líder cocalero Evo Morales, quien desde las últimas elecciones de junio 2002, en las que se colocó en el segundo lugar de preferencia con el 20% de los votos, se convirtió en candidato a la presidencia-.

1 Roger Cortés Hurtado, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 2003, p.4.