El pasado 27 abril de 2004, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, dictaba auto de apertura de juicio oral contra el presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, el ex co-presidente de la entidad, José María Amusátegui, y el ex vicepresidente, Ángel Corcóstegui, en relación con las indemnizaciones por valor de 56 y 108 millones de euros cobrados por los dos últimos, respectivamente, en concepto de ´jubilación´ tras su salida del SCH.
Por Juan Luis Galiacho
El pasado 27 abril de 2004, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, dictaba auto de apertura de juicio oral contra el presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, el ex co-presidente de la entidad, José María Amusátegui, y el ex vicepresidente, Ángel Corcóstegui, en relación con las indemnizaciones por valor de 56 y 108 millones de euros cobrados por los dos últimos, respectivamente, en concepto de «jubilación» tras su salida del SCH. La magistrada apreció indicios de delito apropiación indebida y de administración desleal en la actuación de los tres imputados. Nueve meses después se inicia en la Audiencia Nacional el juicio contra ellos.
La jueza Palacios, conocida en los pasillos de la Audiencia como «La Garzona», solicitó a los tres banqueros que depositaran «solidariamente» una fianza por el valor total de las cantidades cobradas por los dos ex directivos, es decir, 164 millones de euros, «con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso» y les advertía «que, de no hacerlo, procedería al embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir la fianza, tal y como señala el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
Botín y sus ex socios han pretendido por todos los métodos suspender y anular este juicio. Sin embargo, sus esfuerzos han sido hasta el momento baldíos. La Sala Primera del Alto Tribunal rechazó el pasado día 10 de mayo admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el SCH con el fin de paralizar el procedimiento. La inadmisión fue decidida por cuatro votos frente a dos. La postura mayoritaria fue mantenida por Javier Delgado Barrio, Roberto García Calvo, María Emilia Casas y Pablo García Manzano, mientras que el magistrado Jorge Rodríguez Zapata y el entonces presidente en funciones del Constitucional, Manuel Jiménez de Parga (que había solicitado una prórroga expresa a Rodríguez Zapatero, entre otros asuntos, para no faltar a esta cita), estuvieron a favor de la admisión del recurso de Botín, con el fin de evitar que éste se sentase en el banquillo de la Audiencia Nacional. La Sala Primera consta de seis magistrados, y en caso de empate hubiera decido el voto de calidad del todavía presidente.
Hoy en día, la división entre los abogados de los tres banqueros imputados es notoria. Los letrados Javier Sánchez Junco y Ramón Hermosilla, que defienden a Corcóstegui y Amusátegui, respectivamente, no piensan seguir la línea planteada por el abogado de Botín. Se da la circunstancia que el abogado Hermosilla es el mismo que defiende a los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer (los Albertos) en el «caso Urbanor».
La instrucción del caso nunca ha contado con el apoyo de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado por orden expresa primero del ex presidente Aznar y luego del ministro Solbes. Sin embargo, la magistrada Palacios consideró que los «contratos de oro», concedidos por deseo personal de Emilio Botín, facilitaron a Amusátegui y Corcóstegui una gran fortuna, con un grave coste para los intereses de los accionistas de la entidad bancaria. Por ejemplo, José María Amusategui, gracias a los tres contratos que firmó (entre 1999 y el 2001) con Emilio Botín para cerrar su salida anticipada del SCH, cobró 43,75 millones de euros como indemnización en «reconocimiento a su extraordinaria labor». Al mismo tiempo, percibe del SCH una pensión de jubilación cuya «cuantía anual bruta» es de 5.108.603 euros; una segunda pensión vitalicia como ex consejero del SCH, cuyo importe bruto «es igual al 70% de la remuneración actual (con exclusión de dietas de asistencia) que reciba un Consejero en activo de la misma categoría y puesto que él»; y, una tercera, que supera el medio millón anual, en calidad de ex presidente de Unión Fenosa.
Así mismo, en el contrato firmado por Emilio Botín el 14 de agosto de 2001, se reflejaba que: «D. José María Amusátegui pasará a ocupar la presidencia de la Fundación Santander Central Hispano, con el correspondiente despacho y secretaria (dos secretarias). En caso de cese del Sr. Amusátegui de la Fundación. Además […] continuará recibiendo el tratamiento y protocolo que corresponde a su condición de ex presidente, servicios de vehículos con conductor y seguridad similares a los actuales, utilización razonable del servicio aéreo del Banco, etc.»
AMUSÁTEGUI.– Posee dos mansiones, una en Marbella, en la urbanización Marbella Hill Club, y otra en Madrid, en La Moraleja. Esta última, con diez mil metros cuadrados, está situada cerca del Club de Golf, y de la decoración, con muebles de estilo anglosajón, se encargó la prestigiosa firma N. Parladé Antigüedades, ubicada en la calle Villanueva de Madrid.
Nuestro jubilado de oro, en su dilatada carrera profesional, ha dirigido en la sombra Altos Hornos de Vizcaya, el INI y el Instituto Nacional de Hidrocarburos; ha sido presidente de Intelsa, Astilleros Españoles, Cepsa, el Banco Urquijo Unión, Unión Fenosa y, sucesivamente, del Central Hispano y el BSCH. Su salida del SCH no le impide actualmente participar activamente en diversas organizaciones culturales, como la Fundación BSCH, la de Unión Fenosa o la Ortega y Gasset, con las ventajas económicas añadidas.
A este gaditano, nacido en San Roque en 1932, se le considera un bon vivant que adora todo tipo de lujo: restaurantes de moda, buen vestir, aviones privados… Por ejemplo, su avión privado fue puesto a disposición de conocidos periodistas para acudir a la presentación del Mundial de Fútbol de 1996, en Francia. También le gustan las fiestas, pero sobre todo le apasiona la caza y cuenta con una espléndida colección de escopetas de los mejores fabricantes de Eibar, entre las que se incluyen varias de la marca Grulla y Pedro Arrizabalaga. Otros compradores habituales de estas firmas son Elena Cue, Alberto Alcocer, Rainiero de Mónaco, el rey Juan Carlos y el príncipe Felipe de Borbón. A Amusátegui también le gustan los safaris en África, aunque tiene fama de no ser una buena escopeta de caza mayor.
Este hombre de aspecto campechano hace toda su vida en el selecto barrio madrileño de Salamanca, donde ha encontrado los establecimientos preferidos para comprar sus corbatas, sus municiones, sus muebles y tomar café. De su vida familiar se conocen algunos detalles. Por ejemplo, ha estado casado en dos ocasiones: una, con su prima hermana, María Luz Amusátegui Sandino, con la que tiene cinco hijos y otra, con Amalia de León Blanco, su bellísima ex secretaria del Hispano, mucho más joven que él. En los contratos que Amusátegui firmó con Botín se recoge que sus dos esposas se repartirán conjuntamente, la pensión de viudedad que a su fallecimiento pueda devengarse «mientras (éstas) no contraigan nuevo matrimonio, en función del número de años de sus respectivos matrimonios» con él.
Ahora dedica mucho más tiempo a sus nietos e hijos. El mayor de sus hijos, José María Amusátegui, está casado con María Barreiros, hija de Valeriano, conde consorte de La Coruña, y familiar directo de Mª Luz Barreiros que fue la esposa del editor Jesús de Polanco. Otra de sus hijas, Inmaculada, es veterinaria, especializada en temas caninos, y a ella, su padre, le consiguió un piso en la calle Platerías de Madrid, en un edificio próximo a donde vivía el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.
Amusátegui cultiva amistades importantes como las de los ex presidentes del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo y Adolfo Suárez. Hace unos meses acudió al funeral de la hija de este último (Mariam Suárez). Desde su jubilación Amusátegui es un habitual de entierros, bodas y otros actos sociales, como la manifestación por los atentados del 11-M, donde estuvo junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Igualmente, sigue manteniendo una buena relación con su fiel Angel Corcóstegui Guraya.
CORCÓSTEGUI.– Este bilbaíno, ingeniero de caminos, de 53 años de edad, casado y con dos hijos, posee un talante cordial y una mente lúcida. Durante varias décadas ha sido considerado como uno de los mejores gestores y creadores de los grandes conglomerados industriales y bancarios de España, como la creación del Banco Santander Central Hispano.
Corcóstegui entró en el mundo bancario de la mano de Pedro de Toledo, el que fuera presidente del Banco de Vizcaya. Éste le envió a Nueva York a mediados de los años ochenta para trabajar en la sucursal del Banco en Wall Street. Allí coincidió con colegas de otros bancos que, después coincidirían con él en el BCH y el BSCH, como Ana Patricia Botín, Antonio Escámez Torres y Emilio Novela Berlín.
El llamado «ángel de las finanzas», de físico delgado y rostro enjuto, fue el baluarte en el que se apoyaron, sucesivamente, Pedro de Toledo (para repeler la entrada hostil del grupo Torras-KIO), Emilio de Ybarra (con el que fue director general del BBV tras la fusión), y finalmente José María Amusátegui y Emilio Botín durante la fusión entre el Santander y el Central Hispano. Pero su cargo quedó muy debilitado tras la salida de Amusátegui del SCH en agosto de 2001 y desde entonces no consiguió remontar el vuelo.
Dicen que Botín no podía perdonarle los 540 millones de euros (90.000 millones de pesetas) que se gastó en comprar Patagon, un proyecto personal de Corcóstegui que no dio los frutos deseados. Este hecho propició, meses más tarde, la definitiva salida de Corcóstegui del SCH. En febrero de 2002 se marchaba alegando un «estrés insoportable». Eso sí, lo hacía igual que su ex jefe Amusátegui, con una millonaria indemnización de «jubilación» y todo tipo de prebendas.
Así, el 14 de febrero de 2002, recibía mediante cheque bancario la cantidad bruta de 65.760,74 euros «como total retribución correspondiente a los servicios prestados hasta el día de hoy y no abonados». Además, recibía también seis cheques por un importe bruto total de 108.182.178,78 euros «en concepto de pago de sus derechos derivados de las estipulaciones cuarta del contrato de 19 de abril de 1999 y novena de la addenda de 14 de agosto de 2001».
A su vez, en el contrato se incluía una cláusula donde se pactaba un «servicio de seguridad en su domicilio de Madrid, 24 horas, 365 días al año» y «un servicio de protección de un escolta». En la citada cláusula se indicaba literalmente que el SCH «repercutirá a D. Ángel Corscóstegui el ingreso a cuenta del IRPF correspondiente a dicho servicio de seguridad personal en la fecha en que efectúe el debido ingreso en el Tesoro Público».
Además, tras marcha del Banco, Corcostegui se convirtió en un aspirante «a todo». Por ejemplo, a la consejería delegada de Repsol o a la de Telefónica. Pero no fue así. Corcóstegui decidió crear una sociedad de valores y asesoramiento, junto con otros ex directivos del SCH como Baldomero Falcones, Julián Martínez-Simancas y Fernando Gumucio, para orientar a grandes grupos industriales. Sin embargo, el proyecto no llegó a buen puerto. Actualmente, Corcóstegui asesora en solitario a empresas e inversionistas en el despacho que posee en la calle Fortuny de Madrid. Además, es miembro de la Fundación España-EEUU, que preside Antonio Garrigues Walker; del Patronato para la Modernidad de España, promovido por Glaxo Wellcome; y ha sido elegido miembro del Alto Consejo de la Ingeniería Española.
Ahora, en el juicio oral lo que está en juego es la validez de una práctica muy habitual en el mundo de la gran empresa: tender un puente de plata para facilitar la salida «del enemigo». La acusación particular, que ejercen el abogado y accionista minoritario del SCH, Juan Francisco Franco Otegui, y el banquero Rafael Pérez Escolar, pretende demostrar que Emilio Botín pagó con dinero de todos los accionistas del SCH la marcha «voluntaria» de Amusátegui y Corcóstegui para que le dejaran a él todo el poder.
La acusación se pregunta por qué los citados acuerdos (ver recuadros adjuntos) no se incluyeron en el orden del día de la Junta General de Accionistas donde se aprobó la fusión, ni se reseñaron en las cuentas de los ejercicios de 1999, 2000 y 2001. El abogado Franco Otegui mantiene que los Estatutos del SCH «no contemplan la posibilidad de abonar cantidad alguna a los miembros del Consejo por su cese o jubilación».
Por eso, solicitan para los tres banqueros implicados penas que oscilan entre los 4 y los 12 años de prisión. Concretamente, piden 12 años de cárcel para Botín y de 8 años para los otros dos acusados en el caso de que sean encontrados culpables de apropiación indebida, o bien 6 años para el presidente del SCH y 4 años de prisión para Amusátegui y Corcóstegui si son condenados por administración desleal, además de multas millonarias y la inhabilitación de los imputados para ejercer como administradores en cualquier entidad mercantil. Tres banqueros de los llamados «de postín»: Botín, Amusátegui y Corcóstegui pueden en un futuro no muy lejano estar de nuevo juntos, pero esta vez en prisión. La Justicia ha puesto a la Banca en entredicho.