BREVE MANUAL para SUBCONTRATISTAS

Frente a la Privatización de los Servicios Municipales: Autogestión

R.P.

Hoy en día es innegable que el sistema económico está inmerso en un proceso creciente de subcontratación. Las empresas sacan fuera de su ámbito de gestión (y con ello fuera de su responsabilidad) todas las actividades que aun resultándoles imprescindibles le suponen más problemas que beneficios. Así, encontramos que las multinacionales subcontratan no sólo la obtención de materias primas, sino la propia producción y hasta la distribución. Multinacionales como NIKE, se quedan sólo con unos pocos cientos de ejecutivos, diseñadores y gestores con sueldos millonarios a costa de los millones de empobrecidos esclavizados en sus subcontratas.

Pero ¿que ocurre cuando ésta tendencia se extiende a los servicios que deben prestar las administraciones públicas?. No me refiero únicamente a la privatización directa de empresas públicas como Telefónica, Repsol, Endesa, Renfe (la más reciente) y, próximamnte, Correos, RTVE, …, sino a un fenómeno de privatización indirecta que pasa mucho mas desapercibido: la subcontratación de servicios públicos a empresas privadas. Es sorprendente la variedad de servicios y la velocidad a la que se están subcontratando; desde los tradicionales agua, basura, limpieza y jardinería, a los de recaudación, parkings, O.R.A., mantenimiento, gestoría, formación, etc hasta los de caracter social (Ayuda a Domicilio, centros cívicos y CEAS, Residencias de la Tercera Edad, etc).

La diferencia con la privatización directa es que la titularidad del servicio, las instalaciones y la responsabilidad última siguen siendo del organismo público (Ayuntamiento, Mancomunidad, etc), pero la gestión durante una serie de años la realiza enteramente una empresa privada.

Aunque éste artículo se centra en la subcontratación de servicios en España, debemos tener en cuenta que existe una enorme diferencia entre las privatizaciones que se realizan en los países enriquecidos y en los empobrecidos. En éstos últimos la debilidad de las instituciones públicas, de la legislación laboral, la falta de competencia real y la fuerza de las pocas multinacionales que pueden acceder a los contratos agravan de modo salvaje los mecanismos de corrupción y las consecuencias negativas que señalaremos para el caso español.

Existen varios motivos por lo que los Ayuntamientos y Mancomunidades se están decantando por la subcontratación, a saber:
Quitarse un problema de encima que suele ser políticamente conflictivo (quejas por el agua o la limpieza, conflictividad y despreocupación de los funcionarios; etc)
Limitación en la capacidad de gestión, lo que les inclina a centrarse en lo que da mayor «rentabilidad política».
Endeudamiento acumulado y necesidad de dinero fresco para «hacer cosas que se vean»; lo que les lleva a valorar mucho el «canon inicial de la concesión», que consiste en que la empresa concesionaria paga por adelantado al Ayuntamiento una cantidad equivalente a la suma de los canones que tendría que dar cada año (superando a veces los 25 años) al Ayuntmiento como superhabit del servicio (claro está en unas condiciones de financiación ventajosas para la empresa).

Por otro lado las empresas constructoras se están lanzando a una carrera desbocada por aumentar su cartera de servicios (ACS ya factura más en servicio que en obras), lo cual no es tan obvio como parece: Si tenemos en cuenta que el volumen de facturación que suponen los servicios es mucho menor que el de las obras (entre 10 y 20 veces menor) y que además, el margen de beneficios de los servicios oscila entre un 2-7 % mientras que el de las obras gira en torno al 20%, tenemos que la única razón que explica el gran interés de las constructoras por los servicios es la cartera de negocio; es decir, el volumen de facturación que ya se tiene contratada para el futuro. Es lógico teniendo en cuenta la inestabilidad en la cantidad de obras que salen, con la incertidumbre de no saber si el próximo año contratarás lo suficiente y en previsión del bajón en obra pública al repartirse los fondos Europeos con los nuevos países del Este. Las constructoras necesitan asegurar un mínimo de facturación estable que les permita sostener su gran infraestructura y gastos fijos en épocas de poca obra. Además están implantado en un servicio durante 10 o 20 años es una plataforma inmejorable para conseguir los contactos que permitan la adjudicación de obras, que son las que verdaderamente dan dinero.

Como pueden imaginar, las ya conocidas técnicas de corrupción, favoritismos y comisiones en el mundo de la obra pública se aplican al mundo de los servicios. Podríamos clasificarlas en dos grandes grupos; antes y durante la concesión.

Antes de la concesión (durante la preparación del concurso) lo importante es conseguir la concesión del servicio, para lo cual es necesario «tener gestión» en el Ayuntamiento. Dicha «mano» se puede conseguir de varias maneras:

1.- Directamente por haberlo negociado una cantidad con un «conseguidor» del partido que gobierne, o directamente con el alcalde.

2.-Por influencia política de algún conocido, de algún compromisario de una Caja de Ahorros, o por asociación con alguna empresa local que tenga dicha «gestión» (es sorprendente la importancia que a ciertos niveles tienen las relaciones personales)

3.-Porque el Ayuntamiento deba algún favor a la empresa; una deuda acumulada, una obra ejecutada y no facturada, etc. Esto es habitual de cara a la renovación del servicio.

Una vez que eres el favorito del Ayuntamiento existen diversos modos de casi-asegurarte la concesión del concurso:

A.-Procedimientos negociados pero sin competencia real, empleando una modalidad de contratación que existe para obras pequeñas y servicios de hasta 5 años en las que, en vez de concurso abierto, es el Ayuntamiento el que pide oferta a 3 empresas de su elección, que suele convertirse en pedirle a una empresa que te presente su oferta y otras dos con otro nombre para cumplir el expediente.

B.-Adecuación del Pliego de Condiciones que rige el concurso de adjudicación a lo que más convenga a una determinada empresa; ya sea poniendo requisitos muy restrictivos para presentarse o en el modo de puntuar las ofertas (por ejemplo dando mucho peso a la valoración subjetiva de la memoria por parte de los técnicos). No es raro que los técnicos municipales tengan que hacer varios informes hasta justificar la adjudicación que desea el político, lo que lleva muchas veces a informes absurdos. Y no digamos nada de cuando la evaluación técnica la realiza una ingeniería privada supuestamente objetiva que da la casualidad de que habitualmente hace proyectos para la constructora favorita.

C.-Información privilegiada; tanto de los datos necesarios para hacer el estudio económico, de las mejoras que más va a valorar el Ayuntamiento, etc.

Después de conseguir la adjudicación del concurso, el manual del buen contratista enseña cómo obtener el máximo beneficio del servicio, para lo cual es fundamental mantener las «buenas relaciones» con el Ayuntamiento.

I.- El principio básico, bien conocido en el sector es: «El Donde se gana dinero es en lo que no haces». Es decir, aunque la oferta presentada esté bastante justa en cuanto al margen de beneficio, lo importante es meter la cabeza que luego ya «sacarás».

Efectivamente, al igual que en la construcción se gana dinero con los materiales que rebajas y las partidas de obra que no ejecutas, en los servicios se gana dando un servicio que en nada se parece a la maravilla que presentaste en la oferta: mejoras e inversiones que nunca se realizan, rebajas en el personal contratado y en la frecuencia de los servicios, en la calidad de la maquinaria, etc. Esta práctica es tan habitual y admitida por los Ayuntamientos que cuando se presenta la oferta tanto el contratista como el Ayuntamiento saben que la mayoría de los servicios ofertados no van a exigirse realmente.

II.- La otra vía principal para obtener el máximo de beneficios está en la explotación de los trabajadores, con salarios mínimos, horas extras sin remunerar, etc, lo que le convierte en el aspecto habitualmente más llamativo y conflictivo de la privatización. Debe tenerse en cuenta que se dan dos situaciones radicalmente distintas entre los trabajadores: Por un lado están aquellos que provienen de la administración o de la empresa anterior y por otro los de nueva contratación. Los primeros, en general, tienen bien cubiertas las espaldas ya que la legislación establece claramente que deben mantenerse los salarios, antigüedades y categorías, (con lo que la empresa apenas puede «arañar» costes), por lo que los trabajadores nuevos son contratados en condiciones especialmente injustas y precarias. Es habitual que la empresa trate de librarse de los trabajadores con más antigüedad provocando bajas voluntarias a base de «putear» al trabajo en la distribución de trabajos, horarios, vacaciones, etc, aunque en honor a la verdad también hay de decir que muchos ex-funcionarios estaban acostumbrados a trabajar bajo mínimos en perjuicio del servicio en cuestión.

III.- Por último, la tercera vía de maximizar beneficios (además de una gestión eficaz desde el punto de vista técnico) es la habilidad para «convertir un problema en un beneficio». Veámoslo con ejemplos:

• Si falta agua en el municipio, o no llega presión, o no es de buena calidad, o si aparece una gran avería en la depuradora, hay de demostrar «técnicamente» que no es responsabilidad de la empresa y que presentará un presupuesto para solucionarlo urgentemente, con su sustancioso margen de beneficios.
• Si hay calles que permanecen sucias o jardines sin segar o basura sin recoger, hay que conseguir que el Ayuntamiento apruebe una ampliación del servicio confiando en el complejo cálculo hecho por la empresa.
• Si el ayuntamiento no tiene dinero para pagar el servicio o la inversión, pues se realiza un plan de financiación con muchos números que esconde un interés exagerado, o se canjea por la concesión de alguna obra, un servicio nuevo o la ampliación del existente.

Como pueden observar, todas éstas vías de beneficio dependen fundamentalmente del rigor con que el Ayuntamiento controle y supervise a la empresa adjudicataria, lo cual no suele ser habitual dados los intereses de los políticos y el exceso de trabajo o dejadez de los funcionarios técnicos del Ayuntamiento.

Pero no crean ustedes que en ésto existe diferencia entre municipios gobernados por el PSOE, el PP o los nacionalistas. Todo lo expuesto es perfectamente válido para cualquier ayuntamiento y lo único que cambia es el amigo al que tienes que acudir en cada caso y el hecho constatado de que cuando gobiernan los nacionalistas el «clientelismo» se eleva hasta niveles exagerados.

Las consecuencias negativas que están teniendo los fenómenos de privatización y subcontratación de servicios municipales podrían resumirse en:
– Precarización de las condiciones laborales
– Disminución de la capacidad de gestión de los Ayuntamientos y de su autonomía financiera
– Mercantilización de las relaciones ciudadanas.

Sin embargo, la lucha contra las privatizaciones no debe caer en una estrategia nostálgica de volver a que «Papa Estado» nos lo de todo, porque ya hemos comprobado que anula la iniciativa personal, la autonomía social y termina siendo un desastre técnico, organizativo y económico. El gran reto que tenemos por delante es el de desarrollar nuevas formas de gestión colectiva y social de los servicios municipales que busquen la autogestión y compromiso de los ciudadanos a la vez que respetan el principio de solidaridad y primacía del bien común.

La esperanza radica en que en éste aspecto, al igual que en tantos otros, la historia y las experiencias actuales de los empobrecidos nos enseñan y demuestran que se puede. Aprendamos de ellos.