Pese a su relevancia mediática, las soluciones de paz relámpago impulsadas por las grandes potencias en zonas en conflicto no son sino meros repartos de poder entre élites: la paz es el resultado de la businesspolitk, la subordinación del orden social a los negocios. La paz que se logra es la paz de los cementerios, construida sobre el aplastamiento y silenciamiento del débil por el poderoso. La Iglesia católica, por su parte, propone profundos cambios de paradigma en la búsqueda de la paz, que traducen a hechos el concepto de «paz desarmada y desarmante» acuñado por el Papa León en su primera bendición urbi et orbi tras ser elegido y reiterado como lema de la Jornada mundial de la paz. No es un mero juego de palabras ni una vana ocurrencia. La Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo (CENCO) ha sabido formular caminos de paz que reflejan este lema.
Por Miguel Angel Ruíz
El denominado «Pacto por la paz y la convivencia en la República Democrática del Congo y los Grandes Lagos» (Pacte Social pour la Paix et le Bien-Vivre Ensemble en RDC et dans les Grands Lacs) fue propuesto el 25 de diciembre de 2024 mediante sendos mensajes de la CENCO y la ECC. Su documento principal, la «hoja de ruta del Pacto» (Feuille de route du Pacte Social pour la Paix et le Bien-Vivre Ensemble en RD Congo et dans les Grands Lacs»[1], fue presentado el 15 de enero de 2025.[2] Esta hoja de ruta se ha venido desarrollando durante 2025 en su etapa preliminar y seguirá su marcha durante 2026 y 2027.
El contexto inmediato de la iniciativa de la Iglesia se sitúa en la invasión de la RDC por parte de Ruanda en diciembre de 2024. Ruanda se sirvió para enmascarar su invasión de un movimiento guerrillero M23, al que financia y apoya con su ejército regular[3]. En menos de dos meses, las capitales de las ricas regiones mineras de Kivu Norte y Kivu Sur, Goma (170.000 habitantes) y Bukavu (500.000 habitantes) cayeron en poder del M23, ocasionando la retirada del ejército congoleño (FARDC) y de sus aliados regionales (Burundi, Uganda y Sudáfrica).
Sin embargo, el origen profundo del problema es la inexistencia desde hace decenios en el Congo de un verdadero gobierno al servicio del pueblo. El Congo está controlado por élites que se reparten el poder y la riqueza: ejército, clase política y empresarios con la colaboración (y beneficio) imprescindible de multinacionales y gobiernos extranjeros.
En este ecosistema surgen infinidad de movimientos guerrilleros que no son sino gente armada que quiere su trozo de pastel.
En este ecosistema surgen infinidad de movimientos guerrilleros que no son sino gente armada que quiere su trozo de pastel. Algunos de estos movimientos (como el M23) se convierten en agentes de estados-nación como Ruanda. El Gobierno del Congo, por su parte, utiliza también guerrillas no estatales (los llamados Wazalendo –“patriotas” en suajili– en realidad un conglomerado de guerrillas de base étnica que tratan de sobrevivir en su entorno siendo más violentos que sus vecinos) a modo de mercenarios para controlar minas y territorios. Otros gobiernos (Uganda, Burundi o Tanzania) buscan también su parte del botín. Las multinacionales y los estados en los que estas tienen sus bases accionariales, administrativas o políticas (y a donde llevan la mayor parte de sus beneficios y en cuyos gobiernos influyen) negocian con el mejor postor. Por ello, tras la invasión de los Kivus se inició un proceso negociador con EE. UU. y Qatar como mediadores. Culminó en la Declaración de Principios de Doha, en marzo de 2025, y en los acuerdos de Washington (en junio y diciembre de 2025).
Esta «pax americana» ha demostrado su fragilidad, con la toma el 19 de marzo de 2025 de la ciudad de Walikale por el M23/Ruanda, al poco de la firma de la Declaración de Doha, y de la ciudad de Uvira en noviembre, apenas seis días después de que Kagame y Tshisekedi se dieran la mano en la Casa Blanca, si bien se retiró días después.[4] En todo caso no es más que una reestructuración de los juegos de poder e intereses en la zona que no tienen nada que ver con una verdadera paz.
Los intereses reales del muy corrupto gobierno del Congo[5] (aunque invoque el Derecho internacional y la soberanía sobre los recursos naturales de todos los congoleses) se centran en apropiarse de los minerales de sangre del Este del país (Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri) para beneficio de las élites política, militar y económica, a menudo indistinguibles. El mismo interés tiene el gobierno de Ruanda, y, si bien ellos no pueden invocar el derecho internacional (pues su invasión del este del Congo a través de la guerrilla M23 es claramente un ilícito internacional), invoca como excusa las amenazas para su pueblo (tutsi) por parte de guerrillas de base étnica hutu asentadas en territorio congolés (a las que supuestamente combate el M23). Lo cierto es que estas guerrillas son, en gran parte, creación de la misma Ruanda. El mismo interés económico tienen Uganda y Burundi (ambas con presencia militar en las zonas mineras en apoyo del Gobierno del Congo), esgrimiendo en su caso, como argumento legitimador, la lucha contra el extremismo islámico, que, aun siendo real (especialmente agresivo es el islamismo del grupo Allied Democratic Forces –ADF– grupo de origen ugandés también conocido como Estado Islámico Provincia Centroafricana –ISCAP– no es la causa principal.
Los EE. UU. esgrimen el mismo e indisimulado interés en los minerales de sangre. De manera obscena lo reconoce el patológicamente narcisista y cínico presidente electo de los EE. UU., Donald Trump, quien, tras el primer acuerdo de paz de Washington, afirmó: «yo detuve la guerra entre Congo y Ruanda y me dijeron “por favor, nos encantaría que viniera a llevarse nuestros minerales”; y así lo haré».[6] A esta estratégica de cruzar negocios y política se la puede denominar de diversas maneras: Businesspolitik (política de los negocios)[7], Economic Statecraft (diplomacia económica o arte de gobernar a través de la economía),[8] y, con mayor proyección en las relaciones internacionales, Transactional Diplomacy[9] (la diplomacia como una serie de intercambios bilaterales o quid pro quo: «yo te doy apoyo militar o mediación política, tú me das acceso a tus recursos»). Aunque la presentan como una genial y novedosa forma de realpolitik, no es más que el viejo imperialismo totalitario que sólo beneficia a los poderosos. Es la vieja paz de los cementerios construida sobre el sufrimiento del vencido y la explotación del débil.
El 4 de agosto, tras los acuerdos de junio, monseñor Donatien Nshole, secretario general de la CENCO, mostrando su escepticismo, afirmaba: «En un proceso de paz, si no buscas las causas, no consigues nada en absoluto».[10] Es también la conclusión de expertos como Erik Kennes del Royal Institute for International Relations.[11] Aciertan, por supuesto, pero maticemos: lo que no se consigue es «nada bueno». Pero si lo que se quiere son minerales (aunque estén ensangrentados), pueden conseguirse.
La negociación de paz, en este marco de businesspolitik, consiste en pactar donde se detendrá cada uno de los contendientes armados (M23, Ruanda, Congo…) y cuanto mineral se le asignará a cada uno, sea por control directo de minas (militar o por vía de concesiones mineras) o indirecto (por control de las vías de extracción).
Actores como la Unión Europea tienen también intereses económicos y geoestratégicos, aun cuando no sea en el mismísimo Congo: en particular, la colaboración de Ruanda como gendarme de un cierto orden en la zona, protegiendo sus inversiones en otras partes (por ejemplo, los de la empresa petrolera Total -francesa- en Mozambique).
En síntesis, es el sistema capitalista global el que se vale de todos estos actores armados para abastecer las cadenas internacionales de minerales estratégicos que llegan hasta Tailandia o Malasia donde se ubican las grandes plantas de procesamiento que abastecen el mercado internacional y donde se mezclan minerales de sangre con minerales legales para mejor cobertura.
Lo que ninguno de estos actores cuestiona seriamente en sus negociaciones de paz es cómo se obtiene ese mineral que todos codician: lo extraen los pobres en condiciones infrahumanas.
El conflicto en el este de la RDC no es puramente militar, sino sistémico. Mapas de calor basados en los datos de IPIS (International Peace Information Service) acreditan que la presencia de grupos armados aumenta un 40% en áreas con yacimientos de coltán y oro y como el 85% de los focos de violencia en Kivu Norte coinciden con rutas de salida de minerales.
Los grupos armados, como el M23 apoyado por Ruanda y otras guerrillas apoyadas por el gobierno y el ejército del Congo, como los Wazalendo, bloquean el acceso de los agricultores a sus tierras para forzarlos a trabajar en las minas artesanales. De ahí salen los minerales bañados con la sangre de los pobres. Estos grupos utilizan el discurso étnico para justificar el control de tierras. La población en las zonas liberadas del M23 teme tanto a los Wazalendo y a los soldados del ejército del Congo (las FARDC) como a los rebeldes de M23, debido a la extorsión sistemática a que los someten unos y otros.
El mineral extraído de este modo abusivo sigue luego dos rutas. Una «ruta externa» hacia Ruanda, Uganda o Burundi: rutas de contrabando que cuentan con la «pasividad interesada» de guardias fronterizos. Allí se «nacionaliza» con certificados falsos, como si hubiera sido producido en condiciones legales en minas locales. De este modo Ruanda, por ejemplo, exporta más mineral del que sus yacimientos mineros justifican.
La segunda ruta es «interna» y se canaliza a través de empresas multinacionales (suizas, como Glencore, británicas, como Eurasian Natural Resources Corporation, canadienses, como Ivanhoe Mines y Barrick Gold, australianas, como AVZ Minerals y Tiger Resources, o chinas, como China Molybdenum -CMOC- o Huayou Cobalt Co. ubicadas en Congo. Todas estas empresas multinacionales extraen una parte del mineral legalmente en sus concesiones mineras mediante técnicas industriales, pero allí mismo, lo mezclan con el que adquieren de otras empresas industriales locales o de intermediarios (comercializadoras de mineral llamadas comptoirs), quienes, a su vez, lo han obtenido de las explotaciones mineras controladas por grupos armados o directamente por el ejército. Estas multinacionales alegan «confidencialidad comercial necesaria para proteger su competitividad», para no revelar a quién compran el mineral para sus plantas de procesamiento. A cambio, dicen ofrecer la «trazabilidad» del mineral que compran desde su producción en minas legitimas hasta sus depósitos. Pero esta «trazabilidad» es una mentira a voces. Una agencia estatal (denominada ITA) con empleados fácilmente sobornables (pues reciben sueldos míseros) o bien agencias privadas pagadas por las propias empresas mineras, son las que certifican que el mineral se ha extraído en una mina limpia. Ponen etiquetas en los sacos de mineral, sea «a pie de mina», sea en los centros de acopio tras cerciorarse de su procedencia. Es el mecanismo de trazabilidad conocido como International Tin Supply Chain Initiative (o ITSCI programm). Pero estos empleados venden las etiquetas «limpias» a los grupos armados para que las pongan en los sacos de sus explotaciones ilícitas. En ocasiones, los mismos empleados de las mencionadas agencias etiquetan como limpios sacos cuya procedencia real desconocen. De este modo, el dinero de la multinacional financia los grupos armados que controlan las minas artesanales y «limpian de sangre» el mineral que llega al mercado.[12]
La solución real puede venir, para la ruta interna, de un sistema de trazabilidad basado en la vigilancia por agentes de las comunidades locales (sistemas de control en origen), para lo que es necesaria la ruptura del escudo de la «confidencialidad comercial». Para la ruta externa, habría que crear sistemas de auditoría reforzados para las empresas tecnológicas (sistemas de control en destino): puesto que se sabe a ciencia cierta que el mineral adquirido en el mercado internacional es, en alta proporción, mineral de procedencia ilícita, la empresa compradora tendría que acreditar activamente mediante una auditoría que el mineral que compró no proviene de esas rutas de contrabando conocidas sin ser suficiente con ampararse en una mera declaración de la empresa vendedora, rompiendo así el escudo de la «ignorancia deliberada».
Por supuesto, la paz requiere también el respeto al Derecho Internacional por parte de Ruanda, Burundi, Uganda y Tanzania, la desmovilización de los guerrilleros y su reincorporación a la sociedad civil, debilitando así la base violenta que se apropia de la riqueza que es de todos los congoleses. Igualmente, exige una mejor distribución de los recursos que se obtienen con la minería (incluyendo poner fin a los fraudes fiscales que se producen en el pago de impuestos y royalties o en la licitación de las minas)[13] lo que afectará a los márgenes de ganancia de los gobernantes y militares corruptos, de las empresas mineras locales, de las multinacionales implicadas (afiliadas en la todopoderosa patronal de empresas del Congo, la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) y de las tecnológicas que ocupan la cúspide del capitalismo moderno (Google, Microsoft, Tesla…) junto a las empresas financieras que acaparan sus acciones. Todo ello, a su vez, exige simultáneamente una renovación ética de la clase política.
Por lograr este tipo de paz las iglesias son conscientes de que los promotores no serán las élites sino los propios ciudadanos congoleses. Por ello, a diferencia de la diplomacia de élites, la paz desarmada y desarmante de la Iglesia toma en cuenta a todos los afectados, incluidos los mineros y las demás víctimas. Es un proceso de paz de abajo hacia arriba.
También son conscientes de que no basta con atajar el hecho concreto que desencadena el conflicto (en este caso una invasión evidentemente contraria al Derecho internacional), sino también las causas profundas que llevan a la situación actual. Es un proceso de paz multidimensional.
Finalmente son conscientes de que no se trata de un problema exclusivamente del este de la RDC, sino que afecta a todas las dimensiones del Estado. Es un proceso de paz nacional. Las prácticas de explotación de minerales mediante mano de obra explotada y, muchas veces, infantil, no es práctica restringida a la explotación de minerales 3T (Tungsten-Tantalium-Tin, es decir, Tungsteno/Wolframio, Coltán/Tantalio y Estaño/Casiterita), pues se extiende también al oro (en cuya exportación irregular interviene Dubái) , ni está limitado al este del Congo pues es práctica también en otras regiones del Congo como ocurre en el cinturón de cobre del Sur del país (antigua región de Katanga que comprende Tanganika, Lualaba[14], Alto Lomami y Alto Katanga) o en las minas de diamantes (en la región de Kasai, en el Centro-Sur del país)[15]. Es un proceso de paz encaminado a lograr un nuevo pacto social en la RDC que permita la vida en convivencia en una verdadera paz social con justicia.
La estrategia de la hoja de ruta propuesta por la Iglesia católica y las Iglesias protestantes se concreta en la creación de grupos de expertos, integrados en las denominadas «Comisiones temáticas» (Commissions Thématiques), especializados en los temas clave («ejes temáticos»), cuya sola lectura da idea del enfoque multidimensional propuesto: Comisión de defensa y seguridad para la paz (a cargo de la reforma del ejército, el cese al fuego y control de fronteras); Comisión de paz política, institucional y diplomática (a cargo de las reformas electorales y para la legitimidad de las instituciones); Comisión de economía transfronteriza y co-desarrollo (para las reformas de la minería, infraestructuras regionales y finanzas postconflicto); Comisión de Justicia y Derechos Humanos (para luchar contra la impunidad y reparaciones a las víctimas) y Comisión de Paz por la Cohesión Social e Intercultural (para la reconciliación entre comunidades y lucha contra el discurso de odio).
Estas Comisiones se nutrirán de la información aportada por foros ciudadanos de diálogo denominados «Talleres de Diálogo y Consenso Ciudadano» (Ateliers de Dialogue et de Consensus Citoyen),[16] integrados por las víctimas de los conflictos, responsables comunitarios y ciudadanos comprometidos con el fin de recopilar el conocimiento sobre el terreno, especialmente de las comunidades afectadas, sobre los temas clave del conflicto. En esto puede comprobarse la superioridad del enfoque «de abajo hacia arriba», muy diferente del enfoque tradicional de los procesos de paz «de arriba hacia abajo», dependientes de los gobiernos, los líderes y, a la postre, de los detentadores del poder.[17]
Este método fue respaldado por el Vaticano a través del Cardenal Pietro Parolin (26 de marzo); por el líder de la oposición y verdadero ganador de las últimas elecciones en la RDC, Martin Fayulu Madidi; por el secretario general de la ONU, M. Guterres (3 abril) y por el Parlamento Europeo (Resolución de 17 de julio de 2025). En mayo de 2025, la CENCO invitó a todos los congoleses a sumarse al Pacto.[18]
Mientras la diplomacia tradicional de Washington o Doha se contenta con silenciar los fusiles para asegurar el flujo de minerales, la Iglesia propone un contrato social que desarticula la economía de guerra y explotación humana desde sus raíces. Solo un proyecto de nación que trascienda las actuales élites corruptas y la rapiña internacional podrá garantizar que las riquezas del Congo dejen de ser la maldición de sus hijos para convertirse en el motor de su libertad.
[1] Puede consultarse estos documentos, de diciembre de 2024 y enero de 2025, en los anexos 2A, 2B y 2C de la Guía del Pacto Social, de 20 de febrero de 2025, disponible en la página web de CENCO
[2] Publicación en la Agenzia Fides de 20 de enero de 2025
[3] Vid. Informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la RDC (UN Group of Experts (GoE) on the DRC
[4] Cfr. https://www.crisisgroup.org/africa/democratic-republic-congo-rwanda/320-m23-offensive-elusive-peace-great-lakes
[5] Congo Hold-Up, ejemplo de Businesspolitk: Congo Hold-Up es la mayor filtración de documentos comprometedores del continente africano hasta la fecha, revela cómo el banco comercial BGFIBank ha sido utilizado para saquear los fondos públicos y los recursos naturales de la República Democrática del Congo, en gran medida para el enriquecimiento del círculo íntimo del ex presidente Joseph Kabila.Vid. Clément Fayol, Antoine Harari, and Pete Jones (2022): Congolese Presidential Adviser Caught on Tape Negotiating Corrupt Mineral Deal, OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project),
[6] Discurso en Mount Pocono, Pennsylvania, el 9 de diciembre de 2025, repitiendo una frase pronunciada en la ceremonia de firma del acuerdo en Washington unos días antes. Cfr. entre otras fuentes, Associated Press.
[7] El término «Businesspolitik» se utiliza para describir las relaciones entre el poder corporativo de las grandes empresas mineras y la gobernanza política en la República Democrática del Congo. Vid. Siddharth Kara (2023): Cobalt Red: How the Blood of the Congo Powers Our Lives.
[8] Vid. Francesca Ghiretti (2025), The Return of Economic Statecraft, RAND
[9] Vid. Michael Brenes (2025): The Transactional Trap: How Foreign Policy Dealmaking Can Sow Violence, Foreign Affairs.
[10] Cfr. en el resumen de una conferencia en Kinshasa de monseñor, publicada en la página web de Friends of the Congo, organización que da voz a la sociedad civil congolesa.
[11] Cfr. Kennes, E. (2025). DRC-Rwanda: Why the 27 June Agreement is not Enough and How CENCO-ECC might Improve the Odds of Peace. Africa Policy Brief n.º 383, Egmont Institute y The Washington Agreements: Peace for Business is not Enough, Egmont Institute.
[12] Cfr. informe de Global Witness, corroborado por IPIS (International Peace Information Service), titulado La lavandería del ITSCI (The ITSCI Laundromat. How a due diligence scheme appears to launder conflict minerals, 2022)
[13] Vid. Transition Minerals Tracker
Vid. Congo Research Group (2022). Les exonérations douanières en RDC. ¿Qui gagne ce que perd le Trésor public?
Vid. Global Withness (2016). Out of Africa. British offshore secrecy and Congo’s missing $1.5 billion,
— (2021). A closer look at the DRC’s nascent lithium sector Renewable Energy at What Cost?
[14] Solo en Lualaba se calcula que hay 150.000 mineros del cobre/cobalto en estas condiciones. Vid. Emmanuel Umpula Nkumba (2020): How to Reduce Conflicts Between Mining Companies and Artisanal Miners in the Province of Lualaba: Overcoming the Policy and Systemic Barriers to a Model that Respects Human Rights, Business and Human Rights Journal.
[15] Se calculan entre 700.000 y un millón de mineros artesanales dedicados a la extracción de diamantes. Vid. Diamonds in the DRC: A once-thriving industry struggles to survive, IPIS, 2025. También ver Reforming the DRC Diamond Sector (Reformando el Sector del Diamante en la RDC), Global Witness, 2006 y Ruben de Koning (2009): Artisanal Mining and Post-Conflict Reconstruction in the Democratic Republic of Congo (Minería Artesanal y Reconstrucción Post-Conflicto en la República Democrática del Congo),SIPRI.
[16] Cfr. Dialogue des experts congolais ou l’intelligence et le bon sens au secours de la République? (15 julio 2025).
[17] Una explicación de cada una de estas herramientas en la Guía del Pacto Social, citada.
[18] La Cenco invite les Congolais à adhérer au processus du Pacte social pour la paix (mayo 2025).
