Me refiero, naturalmente, a la retahíla de ventajas, privilegios y favores que el primer grupo de comunicación de nuestro país viene arrancando, legal e ilegalmente, por las buenas o por las malas, a los sucesivos ejecutivos de la democracia, poniendo en evidencia la supeditación de sus promesas electorales…
LA TENTACIÓN VIVE ARRIBA
Por Pedro J. Ramírez
El Mundo
13/02/05
Cualquiera diría que está escrito que todo Gobierno español con pretensiones de renovar la democracia ha de tropezar siempre en la misma piedra del gran interés creado, aun a costa de dañar irreversiblemente la credibilidad de su propio proyecto político.
Me refiero, naturalmente, a la retahíla de ventajas, privilegios y favores que el primer grupo de comunicación de nuestro país viene arrancando, legal e ilegalmente, por las buenas o por las malas, a los sucesivos ejecutivos de la democracia, poniendo en evidencia la supeditación de sus promesas electorales en defensa del pluralismo y la equidad al diktat del clan de multimillonarios que controla la industria cultural del progresismo.
1.- LO QUE NOS HICIERON GONZALEZ Y AZNAR
Los desmanes del felipismo incluyen un largo capítulo de corrupciones y corruptelas orientadas a favorecer las cuentas de resultados de Jesús Polanco y sus socios: desde los créditos fláccidos concedidos por la empresa pública Focoex para la exportación a América Latina de productos tan innecesarios que a veces ni siquiera llegaban a ser desembalados, hasta la adjudicación de una licencia de televisión de pago -Canal Plus- en un concurso convocado bajo el principio del interés público en el que quedaron descartados operadores que proponían emitir en abierto; desde la aprobación en Consejo de Ministros de un expediente de concentración entre la Ser y Antena 3 de Radio que, como sentenció el Supremo en 2000 vulneraba la legalidad, hasta la autorización, en la última reunión del Gabinete antes de la «dulce derrota» del 96, de la asociación entre Prisa y Telefónica para explotar la televisión por cable que las autoridades comunitarias anularían por transgredir las normas de la competencia.
Nadie puede negar que funcionara el do ut des. Los medios de comunicación del grupo Prisa fingieron ignorar hasta el último momento la implicación gubernamental en el crimen de Estado, el saqueo del erario, la trama de extorsión para financiar al partido o las escuchas ilegales generalizadas, dedicándose en cambio a perseguir, injuriar y calumniar a los jueces y periodistas que contribuimos al descubrimiento de la verdad. A medida que lo fueron necesitando, los protagonistas de todas aquellas decisiones discrecionales de la Administración -Solchaga, Semprún, Satrústegui, Gil hasta llegar al propio Felipe González- pasaron a engrosar la nómina del conglomerado al que tan descaradamente habían favorecido.
En la primera legislatura del PP se produjo una situación de esquizofrenia entre lo que públicamente tenía una apariencia de choque frontal y lo que subterráneamente continuó siendo un trato deferente hacia quien era reconocido como titular de lo que luego -cuando ya no había remedio, a buenas horas mangas verdes- Aznar bautizaría como «poder fáctico perfectamente reconocible». Es cierto que el líder del PP plantó baldíamente cara al llamado pacto de Nochebuena por el que Prisa se hizo con el control de los derechos del fútbol y otros contenidos clave para intentar monopolizar la televisión de pago, pero al mismo tiempo se paralizaron inspecciones fiscales, iniciadas con anterioridad, que llevaban camino de poner a Polanco en una situación extremadamente incómoda y el presidente en persona dio orden a la Fiscalía de que el Ministerio Público se opusiera a cualquier medida cautelar de carácter drástico que pretendiera adoptar el juez instructor del caso Sogecable.
En la segunda legislatura, arrumbadas ya por la mayoría absoluta todas las ilusiones regeneracionistas de impulsar el pluralismo informativo, todo se decantó enseguida en una combinación de arrogancia y real politik. Aznar se creía tan au dessus de la melée, que permitió a Rodrigo Rato apadrinar la fusión entre Canal Satélite y Vía Digital, haciendo realidad al fin el viejo sueño de Prisa de subirse a la chepa de Telefónica, a pesar de que contradecía flagrantemente el programa del PP y suponía un claro perjuicio para el interés de los consumidores. Bien porque el vicepresidente Económico trataba de impulsar sus intermitentes aspiraciones sucesorias, bien porque contribuía a blindar así a su protegido César Alierta de las consecuencias de su turbia conducta bursátil cuando presidía una empresa con mayoría de capital público, el caso es que fue el voto de calidad político del presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia el que decantó el asunto en contra del criterio desfavorable de los técnicos.
En ese contexto en el que, tras el buen resultado de las municipales de 2003, Aznar llegó a creer que su persona y su proyecto eran invulnerables a los zarpazos de unos enemigos a los que consideraba meros tigres de papel, se inscribe también la abulia con la que durante más de tres años los ministerios de Economía y Justicia eludieron la ejecución de la sentencia del Supremo que ordena la desconcentración de Antena 3 de Radio. En La Moncloa de Aznar había quienes directa o indirectamente trabajaban para quien con tanta saña terminaría apuñalándoles. Todavía hoy, después de que CNN Plus desempeñara gracias a la fusión digital un papel estratégico clave en su denigración internacional entre el 11 y el 14-M y cuando Polanco sigue manteniendo a Alierta con respiración asistida para obtener nuevos beneficios a costa de los accionistas de Telefónica, resulta que desde el entorno más directo del ex presidente se hacen gestiones ante su sucesor para que Jordi Sevilla no obstaculice la corrupta e ilegal contratación del ex secretario de Estado Alfredo Timermans como archipámpano de la operadora en Estados Unidos. A los cesantes del PSOE los coloca Polanco; a los cesantes del PP, el socio de Polanco; y de Garzón -esto sí que es un pareado-, ya se ocupa Navalón.
2.- LO QUE PRETENDEN QUE NOS HAGA ZAPATERO
Si algo ha cambiado claramente para bien en estos últimos meses ha sido la actitud gubernamental ante los medios de comunicación. Como líder de la oposición Zapatero acabó con el maniqueísmo que durante casi 20 años había imperado en el PSOE y abrió espacios de diálogo donde antes sólo había enconamiento. Ahora, una vez en el poder ha actuado en consecuencia, manteniendo una buena comunicación con todos los protagonistas del sector, concediendo entrevistas a órganos críticos como EL MUNDO o la Cope, impulsando una gestión de la televisión pública menos sectaria que la de las etapas anteriores y comprometiéndose a potenciar el pluralismo mediante el desarrollo tecnológico.
En este contexto la música del paquete de medidas para acelerar la digitalización, anunciadas tras el Consejo de Ministros del 30 de diciembre, sonaba francamente bien. ¿Qué más podría pedirse tanto desde el punto de vista del interés público como desde la óptica del derecho a la información que la posibilidad inmediata de empezar a recibir más de 20 canales en abierto, con oportunidades equitativas para todos los grupos que ya hemos demostrado nuestra capacidad de implantación en el mercado? Era tan atractivo lo que nos contaron que yo mismo tendí a tomar por agoreros a quienes enseguida me advirtieron que allí había gato encerrado.
Por desgracia los hechos empiezan a darles la razón. Si lo que pretende el Gobierno es estimular la implantación de la tecnología digital y adelantar el apagón analógico, ¿por qué modifica la antigua Ley de Televisiones Privadas para poder adjudicar nuevas licencias en esta tecnología que habría de quedar muy pronto obsoleta? Esa pregunta formulada entonces por los más desconfiados ya tiene respuesta: porque Polanco ha decidido requerir al Ejecutivo para que le permita convertir Canal Plus en una emisora en abierto que participe en el reparto del pastel publicitario en igualdad de condiciones con Antena 3 y Telecinco. Como Zapatero está a punto de caer en la misma tentación que sus antecesores, anda buscando una cobertura legal o incluso una coartada de acompañamiento para acceder a sus deseos.
Teóricamente nada habría que objetar a que también se ampliara la actual oferta analógica, mientras en los hogares se realiza la transición hacia el paraíso digital mediante la compra de adaptadores o el cambio de aparatos y la reorientación de las antenas. Pero en la práctica es evidente que lo uno retrasará lo otro al amortiguar el atractivo de una súbita ampliación de la oferta.
En todo caso eso no es lo más grave, sino la flagrante injusticia que supondría permitirle cambiar de negocio a quien durante década y media ha ordeñado la vaca de la televisión de pago, en detrimento tanto de quienes desde el primer día asumieron los riesgos de desarrollar costosas programaciones en abierto sin otros ingresos que los publicitarios como, sobre todo, de quienes aún no hemos tenido la oportunidad de emitir de ninguna manera, pese a contar -caso de Net TV y de Veo TV en la que participa EL MUNDO- con concesiones digitales sólo pendientes del desarrollo tecnológico.Sería una nueva alcaldada que tendría fulminantes respuestas tanto en el ámbito jurídico como en el de la apelación a la opinión pública.
Debemos estar preparados para lo peor, pues quienes son capaces de meter de matute en un proyecto de ley sobre televisión digital destinado a impulsar el pluralismo una medida sobre la radio analógica que favorece la concentración, no van a pararse en barras ante los legítimos títulos de cada quien. La paternidad de esa chapuza de último minuto que pretende arreglarle a Polanco lo de Antena 3 de Radio y ha terminado convirtiendo la tramitación por vía de urgencia del proyecto en un auténtico peligro público es, por cierto, todo un enigma. Porque me consta que ZP estaba in albis y aunque Montilla reconociera en el Foro de EL MUNDO que la medida pretende «solventar la situación creada por una sentencia» -señor ministro, las sentencias, sobre todo si son del Tribunal Supremo, no se «solventan» sino que se acatan y ejecutan-, es obvio que él era a quien menos le convenía la contaminación de su ley con esta bochornosa adenda. Antes o después nos enteraremos de a cuál de los múltiples topos de Prisa en el Ejecutivo le corresponde colgarse esta medalla.
Pero volvamos a la televisión. Con el propósito de endulzar la cucharada de ricino el Gobierno ha venido especulando con acompasar la apertura de Canal Plus con la adjudicación de nuevas licencias analógicas a las que, lógicamente tendríamos derecho preferente Net y Veo. Pero tanto el Ministerio de Industria como la Secretaría de Estado para la Comunicación se están comportando al menos con la honestidad intelectual de reconocer que la disponibilidad de espectro adicional se presenta altamente problemática, teniendo sobre todo en cuenta la proliferación de emisoras alegales que actúan como okupas de las ondas hercianas. Es decir, que más que una licencia se nos adjudicaría el derecho a emprender una multiplicidad de pleitos.
3.- LO QUE AHORA YA NO PODEMOS CONSENTIR
Sólo la fascinación por el descaro con que la rubia del piso de arriba parece dispuesta a contribuir a su felicidad -y el anticipo que recibió a cuenta en las decisivas jornadas tras el 11-M- explican que Zapatero esté a punto de meterse en este lío, injustificable desde el punto de vista de la racionalidad del desarrollo del mercado de la televisión.
Porque, desde luego, lío -y de campeonato- es lo que se les viene encima. De entrada el Gobierno sabe perfectamente que no es lo mismo plantear los criterios del llamado Comité de Sabios sobre la reforma de la televisión pública en un entorno estable y pacificado que arrojarlos al interior de un bosque en llamas. Cuando el plan en sí mismo no deja de tener aspectos positivos como la dilución de los mecanismos de control gubernamental, la previsible reconversión laboral en el Ente o la reducción del porcentaje de espacios publicitarios, el mismo sistema mixto de financiación se convierte en una afrenta insoportable si viene a encajar en un esquema encaminado a facilitar el nuevo pelotazo de Polanco.
Y mucho más grave aún sería el impacto directo de ese favoritismo en el propio sector privado. Tanto por la ofensiva falta de igualdad de oportunidades de cara a proyectar las respectivas propuestas de información y entretenimiento a través de la televisión, como sobre todo por la devastadora repercusión que ese nuevo empujón a uno de los contendientes produciría sobre los demás en el propio mercado de la prensa escrita. Baste darse cuenta de lo mucho que invertimos uno y otro en la comunicación televisiva de nuestras actividades para constatar que si a El País eso le saliera gratis y a EL MUNDO no, por mucho que Ricardo Martínez y yo nos las siguiéramos ingeniando para vincular el asunto de actualidad con nuestra deslumbrante promoción de las rutilantes películas de la despampanante Marilyn, toda posibilidad real de competencia quedaría succionada por la edición del BOE que incluyera el nuevo regalo gubernamental.
Pues bien, esto no lo podemos consentir. No podemos consentir que después de haber buscado las noticias hasta la extenuación y de habernos esmerado a fondo en su interpretación y análisis para lograr que nuestro periódico haya crecido en 2004 el doble que ese prepotente competidor, ahora llegue un Bertrand Dugesclin del buen talante a decirnos que ni quita ni pone rey, pero ayuda a su señor. Entre otras razones porque ese no sería el ZP que hasta ahora -entre aciertos y errores- ha merecido el beneficio de nuestra duda.
Y nuestro caso no sería el único. Después de haber vivido como uno más de sus protagonistas aquellas iniciativas unitarias que hace una década pusieron al felipismo en la picota colectiva por abusos tales como el proyecto de ley mordaza o las agresiones de toda índole a la libertad de expresión, debo decir que ni siquiera entonces existió un nivel de indignación y agravio en los estamentos directivos de las empresas informativas como el que estoy detectando ahora.
Grupos como Vocento, Recoletos, Antena 3, Telecinco o la Cope tienen un cabreo indescriptible, pues comparten la sensación de que han hecho los deberes durante unos años difíciles y es ahora cuando están empezando a recoger los frutos de su profesionalidad tras la recesión publicitaria, los ajustes de toda índole, la inversión en nuevas tecnologías y las apuestas por contenidos innovadores. De ninguna manera van a consentir que otra vez la mano tramposa del poder político altere los veredictos del mercado en beneficio del mismo jugador de ventaja de siempre.
Esto ni siquiera es una advertencia. Tan sólo la constatación de la obviedad. Un Gobierno que habla de todo y con todos, que habla de noche y de día, que habla con publicidad y bajo secreto, que habla con gritos y con susurros, y que cuando acaba de terminar de hablar lo que propone es empezar a hablar de nuevo, no puede pretender que seamos, precisamente, los profesionales de la comunicación los que nos pleguemos ahora ante una estrategia de hechos consumados.Máxime cuando si la tentación habita arriba es porque -más allá del calentón de una noche de espejismos- la planta baja no está precisamente vacía.