La Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica, ANAIRC, denuncia desde hace tiempo a la empresa Ingenio San Antonio, en el municipio de Chichigalpa, de ser responsable de la muerte y enfermedad de miles de trabajadores de la empresa.
Desde el año 2000 a la fecha, han fallecido alrededor de 3.000 personas, en su mayoría por insuficiencia renal crónica.
Carmen Ríos, presidenta de ANAIRC, comenta que los mismos productos utilizados para secar las cañas, están secando los órganos de los trabajadores o habitantes de la región.
Contexto de la actuación de las empresas transnacionales en Centroamérica
En Centroamérica, las empresas transnacionales han operado en las últimas décadas a través de megaproyectos económicos, formulados bajo varias modalidades, por ejemplo el Plan Puebla Panamá, o Proyecto Mesoamérica. Los programas de interconexión eléctrica, las plataformas transnacionales de comunicación y producción energética, la producción de agrocombustibles, forman parte de una misma ofensiva del capital transnacional.
Estos proyectos han significado en los hechos una remodelación de los territorios, un deterioro acelerado de las condiciones de vida de las comunidades -amenazadas incluso en las posibilidades de reproducción de sus formas de vida.
La pérdida de los sustentos más sólidos de las culturas ancestrales, la brutal pauperización de millones de personas trabajadoras expuestas a la precariedad, el hambre, el desempleo, y la migración. El control de bienes comunes y recursos estratégicos como el agua, la biodiversidad, las carreteras y los medios de comunicación. La privatización masiva de empresas, activos e instituciones y, en suma, la destrucción programada de vidas enteras cuando el cuerpo humano y social y el entorno natural se reducen meramente a sustentos para la obtención de ganancias financieras máximas.
Uno de los casos denunciados ha sido el del Grupo Económico Pellas, de Nicaragua:
Acusación: Aplicación de Agrotóxicos que han causado la violación del derecho a la vida y a la salud de miles de trabajadores y habitantes de la comunidad, que han fallecido o se encuentran severamente afectados por insuficiencia renal crónica, alergias de la piel y enfermedades respiratorias, contaminación de los recursos hídricos y expansión de monocultivos.
La responsabilidad de la empresa, que resulta inocultable, se ve agravada por el hecho del virtual monopolio del servicio de salud. En efecto, el hospital del lugar es propiedad del Grupo Pellas, y los testigos denunciaron que oculta las reales causas de las enfermedades, y en consecuencia suministra tratamientos médicos inadecuados.
Según palabras de una testigo particularmente calificada, los empleadores tenían pleno conocimiento de los hechos y orientaban verbalmente al cuerpo médico para no informar sobre las enfermedades que padecían.
La relación causal entre la insuficiencia renal crónica de los trabajadores y el uso de agrotóxicos fue probada por el doctor Enrique Ríos Urbina, con el respaldo del laboratorio de la Universidad Autónoma de Nicaragua, con sede en León.
Se trataba del propio médico de la empresa, que trabajaba en el propio hospital del Ingenio San Antonio. Ante esta grave denuncia, la reacción de la empresa fue el despido del médico. Cabe destacar que el doctor Urbina murió por insuficiencia renal.