El Sindicato Obrero Inmigrante (SOI), de España, denunció que hay inmigrantes detenidos y con proceso de expulsión por
Según reveló Wilbert Bendezú Carpio, primer vicepresidente del Parlamento Andino, exuste una «ilegal orden del Ministerio del Interior de España» a las comisarías de este país de realizar determinadas cuotas de arrestos de migrantes indocumentados, lo cual ha ocasionado que muchos peruanos se encuentren detenidos en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES) con procesos abiertos de expulsión.
“Esta persecución en contra de los migrantes ha sido denunciada con comunicados y concentraciones por numerosas organizaciones sociales en España; ha sido condenada en el Congreso de los Diputados y el Senado de España; ha sido criticada y denunciada contundentemente por los principales sindicatos de la policía española; además han manifestado su protesta varias embajadas como la de Bolivia y Marruecos, y denunciada por cerca de 200 organizaciones ante la Fiscalía General del Estado español”, informó Bendezú.
Fueron los mismos policías españoles, ante el peligro de ser denunciados judicialmente, quienes, con documentos en mano, pusieron al descubierto la inhumana e inconstitucional orden- del Ministro del Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba– de realizar detenciones selectivas de migrantes como si se tratara de personas que han cometido hechos delincuenciales.
CERREMOS NUESTROS GUANTÁNAMOS. No a los Centros de Internamiento de Extranjeros. Ninguna persona es ilegal.
En el estado español existen guantánamos. Les llaman Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs). Igual que Guantánamo son lugares cerrados, oscuros, invisibles, limbos jurídicos donde no se sabe lo que pasa.
Las personas allí detenidas, hasta su expulsión, lo están por su situación irregular, concepto previamente creado por los gobiernos. Su delito es no tener papeles, una falta administrativa, equivalente al impago de una multa de tráfico. Lo terrible de estos centros es, precisamente, que son cárceles sin delincuentes. Poco o nada importa la conducta de los allí encerrados, castigándose sistemáticamente con instrumentos procedentes del Derecho Penal a personas que han estado contribuyendo con su esfuerzo a la creación de riqueza, por faltas tales como no haber renovado en plazo su autorización de trabajo y residencia. Son las únicas instituciones de los Estados Europeos creadas exclusivamente para personas extranjeras.
Desde hace años en los CIEs se producen sistemáticas violaciones de los derechos humanos, silenciadas por lo medios de comunicación masivos, instituciones y partidos, e ignoradas por la población.
Solo a través de los testimonios de las personas detenidas en los CIEs se ha dado a conocer en parte la realidad que se vive en estos centros: palizas, humillaciones psicológicas, falta de atención médica, abortos provocados por las malas condiciones, insalubridad, hacinamiento, y carencia de tutela judicial efectiva. En un reciente informe del Parlamento Europeo los CIEs españoles aparecen entre los peores de la Unión Europea.
El pasado 27 de noviembre treinta internas del CIE de Madrid (que se encuentra ubicado significativamente en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel) escribieron una carta para denunciar su situación: ‘En los calabozos del centro en altas horas de la madrugada hemos escuchado como maltratan a los internos y no contentos con el maltrato no les dan de comer durante el tiempo que están allí. También nos tienen amenazados de que si denunciamos, podemos ir a la cárcel o más rápido ser expulsados’, escribían.
Análogas violaciones, sino peores, han sido denunciadas en el pasado – y siguen produciéndose – en los CIEs de Canarias, Barcelona, Valencia y Algeciras. En Málaga incluso se descubrió una red de esclavitud sexual, cuyos verdugos eran los policías del centro. Nunca llegaron a ser condenados porque víctimas y testigos fueron expulsadas antes de que pudieran declarar ante el juez. Una situación similar tuvo lugar en el mes de febrero en el CIE de Carabanchel, donde un joven boliviano fue expulsado al día siguiente de que su familia interpusiera una denuncia por tortura, sin que se hubiera podido llevar a cabo un informe médico forense ajeno al CIE y antes de que pudiera declarar ante el juez.
Los CIEs no tienen un régimen interno desarrollado legalmente ni cuentan con protección judicial alguna, más allá del Auto que dicta el internamiento. La monitorización de los derechos de los internos recae exclusivamente sobre la Dirección General de la Policía, hecho insólito teniendo en cuenta la naturaleza de la falta administrativa, lo que da lugar a graves situaciones de desamparo y arbitrariedad. Sólo la policía y los internos pueden acceder a su interior, impidiendo la entrada de colectivos que puedan defender los derechos de las personas allí detenidas. El régimen de visitas es muy estricto, sólo 5 minutos bajo la presencia física de un policía, violando la más mínima intimidad del interno y su familia.
Esta actitud responde a la criminalización de la migración por parte de las instituciones políticas europeas, enmarcada dentro de una estrategia de normalización de los procedimientos de encierro como técnica de gestión de esos movimientos de población. Se castigan los flujos de personas, para regularlos como variable de ajuste del mercado de trabajo y del nivel de demanda de mano de obra, instrumentalizando y cosificando a las personas migrantes al servicio del capitalismo global, que venera la libre circulación del capital y las mercancías y reprime la de las personas.
Actualmente se encuentra en trámite para su aprobación una Directiva Europea que pretende prolongar la detención en los Centros de Internamiento hasta los 18 meses (Directiva de la Vergüenza). En la UE proliferan los centros de internamiento y su ‘política de vecindad’ se orienta a fomentar la instalación de estos centros en los países terceros limítrofes, lo que dificultaría aún más garantizar los derechos humanos fundamentales. Los Estados miembros están construyendo un sistema global de encierro que demuestra la hipocresía de los cada vez más tímidos discursos sobre la ciudadanía europea, al tiempo que reverdece la terrible memoria de los campos de concentración nazis.
La existencia de los centros de internamiento pone de manifiesto la brutalidad y violencia estructural del sistema de fronteras y sus leyes de extranjería, leyes de esclavitud moderna encubiertas al servicio del mercado.