Durante el pasado año, el régimen chino otorgó cautelosamente su apoyo político a la guerra de la Administración Bush en Afganistán. Al mismo tiempo, China, al igual que otros países, intentó utilizar la oportunidad que le brindaba el conflicto en su propio provecho. La causa última de la rebelión uigur fue el resentimiento contra décadas de represión cultural y religiosa del gobierno de Pekín. Gracias a esta postura, China ha logrado una suavización temporal de las tensiones. Durante las elecciones del año 2000, Bush calificó al país asiático de «competidor estratégico» y, tras asumir el cargo, adoptó una posición más dura hacia Pekín que la que existía en la época de la Administración Clinton. Esta política llegó a su clímax el pasado mes de abril con el incidente del derribo del avión espía norteamericano EP-3 sobre la isla de Hainan. China también se ha opuesto a los planes norteamericanos para el desarrollo de un sistema antimisiles.
Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre se produjo una distensión, al menos momentánea, en las relaciones bilaterales. El pasado 11 de noviembre, China realizó su entrada en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sin que existieran objeciones por parte de EEUU. Al día siguiente, Bush llamó por teléfono al presidente Jiang Zemin para felicitarle por este acontecimiento y agradecerle su colaboración en la «guerra global contra el terrorismo».
Sin embargo, la realidad es que una tensión subyacente continúa existiendo en las relaciones bilaterales. Pekín ve con malos ojos la presencia norteamericana en Asia Central, un área muy rica en recursos sobre la que China desea ejercer una influencia. Además, Pekín hace frente a un movimiento de insurgencia entre la minoría uigur -un pueblo de origen turco, predominantemente musulmán- en Xinjiang, la provincia más occidental de China. Xinjiang es un punto estratégico muy importante para las ambiciones económicas de Pekín. La provincia equivale a una sexta parte de la superficie total de China y posee además reservas muy importantes de gas y petróleo -estimadas en 20.900 millones de toneladas de petróleo y 10,3 billones de metros cúbicos de gas-, así como otros minerales.
El régimen chino ha explotado la guerra contra el terrorismo para llevar a cabo una escalada represiva contra los uigures. Desde el 11 de septiembre, decenas de miles de soldados chinos han estado entrando en Xinjiang para reforzar la situación de ley marcial que rige allí. Según un artículo de la agencia de prensa Xinhua, una campaña dirigida a hacer frente a «las mayores amenazas a la seguridad» fue lanzada el pasado septiembre. Entre estas amenazas hay que citar «las tareas de infiltración y sabotaje realizadas por fuerzas extranjeras» y «las actividades de los grupos separatistas y extremistas religiosos».
Los grupos de la oposición uigur en el exilio sostienen que se han llevado a cabo cientos de arrestos y que nueve personas han sido condenadas a muerte por «promover actividades separatistas». Según estos grupos, uno de los arrestados fue un hombre que expresó su esperanza de que los norteamericanos extendieran la guerra en Xinjiang para liberar al pueblo uigur del yugo chino. Los grupos opositores han acusado también a China de prohibir a las mujeres musulmanas llevar un pañuelo y de presionar a los estudiantes, bajo pena de expulsión de los centros, para que no realizaran el ayuno del mes sagrado de Ramadán.
En la provincia existe un estado de apartheid entre las dos pueblos: el chino y el uigur. Ambas comunidades viven separadas y son pocos los uigures que hablan chino, pues reciben una educación en su lengua en sus propias escuelas. Los uigures residen, además, en las zonas más pobres, cuya pobreza contrasta con la situación de las áreas, mucho más ricas, en las que residen los inmigrantes chinos. Ambos pueblos raramente trabajan juntos y los matrimonios mixtos son muy difíciles de encontrar.
La inmigración china ha cambiado el aspecto de la provincia. En 1949, los chinos representaban el 4 ó 5% de la población. Hoy en día, si contamos a los policías y soldados, la población china podría alcanzar ya un 60 ó 65% del total de los habitantes de Xinjian.
El inicio de las acciones separatistas contra el gobierno chino en Xinjiang tuvo lugar a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Los separatistas uigures se vieron alentados en su lucha por la victoria de los muyahidines afganos contra la Unión Soviética. No obstante, la causa última de la rebelión uigur fue el resentimiento contra décadas de represión cultural y religiosa del gobierno de Pekín.
Las protestas contra el dominio chino fueron brutalmente aplastadas. Se estima que a mediados de los años noventa había 300.000 soldados chinos en la provincia, que estaban respaldados además por una milicia armada y formada por miembros de la comunidad china de Xinjiang -compuesta por ocho millones de personas-. En mayo de 1997, según Amnistía Internacional, cientos de uigures fueron ejecutados y miles más encarcelados tras una serie de manifestaciones en la ciudad de Yining y otras. En los pasados cuatro años ha habido informaciones sobre la existencia de operaciones guerrilleras y algunos ataques realizados por grupos armados uigures, si bien algunos analistas consideran que tales acciones han sido exageradas por el régimen de Pekín con objeto de justificar su represión.
China se muestra preocupada por la posibilidad de que EEUU y otros países puedan utilizar el tema de los uigures como un pretexto para intervenir en Xinjiang. Las principales organizaciones uigures en el exilio están basadas en EEUU, Turquía, Alemania y otros estados de la Unión Europea, donde su causa recibe de vez en cuando algunas muestras de simpatía. El pasado mes de octubre, el Congreso Nacional de Turquestán Oriental -una coalición de 16 partidos uigures- pudo celebrar una sesión en la Cámara del Parlamento Europeo.
Dentro de EEUU, la causa de los uigures ha recibido también muestras de apoyo, aunque no ha alcanzado la relevancia de temas como el de Taiwán o el Tibet. En 1999, tras la guerra de Yugoslavia, un congresista norteamericano presentó a Anuar Yusuf, presidente del Centro por la Libertad Nacional del Turquestán Oriental, al presidente Clinton.
China está pidiendo ahora, con poco éxito, que los grupos uigures sean tratados como terroristas a nivel internacional. El ministro chino de Relaciones Exteriores, declaró el pasado mes de noviembre ante la Asamblea General de la ONU que «las fuerzas terroristas de Turquestán Oriental han sido entrenadas, equipadas y financiadas por organizaciones terroristas internacionales». Sin embargo, esta posición china ha tenido una fría acogida en Occidente y, particularmente, en EEUU, donde las violaciones de los derechos humanos realizadas por el gobierno de Pekín tienen un notable eco informativo.
De hecho, pese al aumento de la colaboración antiterrorista entre China y EEUU, ambos países mantienen sus discrepancias con respecto al tema de Xinjiang. Una evidencia de esta realidad tuvo lugar el pasado 6 de diciembre, cuando el enviado norteamericano, Francis Taylor, que estaba tratando con los chinos la cuestión de la apertura de una oficina del FBI en Pekín, declaró que EEUU no consideraba terroristas a los separatistas uigures de Xinjiang. «Las legítimas reivindicaciones de tipo económico y social del pueblo de Xinjiang no son necesariamente un tema de terrorismo y necesitan ser abordadas políticamente más que a través de métodos antiterroristas», apuntó Taylor. Washington ha advertido, además. que la campaña antiterrorista no debe ser vista como un cheque en blanco para que algunos regímenes repriman a sus disidentes, mención ésta que muchos han visto dirigida a China, entre otros países. Por otro lado, EEUU ha dejado claro que no tiene intención de entregar a Pekín a los uigures que han sido capturados en Afganistán y que podrían formar parte de la red Al Qaida de Osama Bin Laden, pese a las peticiones chinas en tal sentido.
La mayoría de los expertos se muestran de acuerdo en que las alegaciones chinas sobre la existencia de una red de terrorismo en Xinjiang son pura propaganda. Incluso los propios informes oficiales chinos recogen sólo una pequeña cantidad de incidentes aislados. «China desea aprovecharse de la guerra global contra el terrorismo para legitimar sus asesinatos, torturas y encarcelamientos contra los uigures», señala Turdi Ghoja, presidente de la Asociación Uigur-Americana, con sede en Washington. Según Ghoja, los chinos lanzaron una campaña denominada Golpear Duro, el pasado mes de abril, que estaba diseñada para combatir a los separatistas. Más de 200 personas han sido detenidas desde entonces y algunas han sido enviadas a «campos de reeducación». Ghoja afirma que eso no es nada nuevo. «Los chinos siempre han tratado a los uigures como enemigos».
La actitud china en Xinjiang ha sido también denunciada por grupos de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, que ha acusado a las autoridades de Pekín de no distinguir entre actos de terrorismo y expresiones pacíficas de descontento o disidencia. Según Amnistía, muchas personas involucradas en actividades no violentas han sido víctimas de «graves violaciones de los derechos humanos» en Xinjiang. AI afirma, además, que desde mediados de los años noventa, cientos de personas han sido ejecutadas y muchas miles más detenidas y torturadas.