La pequeña y mediana empresa son el motor de la economía española, muy por delante de las grandes empresas. No se puede volver a caer, una vez más, en el error de fortalecer a los grandes con la idea de que «el rebose de la copa» favorecerá a los pequeños. Ya ha habido denuncias de aprovechar los créditos ICO para contratar seguros de cobro por parte de las entidades bancarias con la pequeña empresa. El dinero barato sigue fluyendo hacia los grandes con facilidad.
El ejemplo español
Iberia y Vueling han recibido más de 1.000 millones de euros en préstamos avalados por el Estado. Air Europa también se ha beneficiado del respaldo estatal a través de un crédito de 130 millones con aval público. Y OHL, la constructora investigada por corrupción, se ha hecho con otro crédito de 140 millones gracias a las medidas económicas adoptadas durante la crisis por el covid-19. La compañía de Villar Mir llevaba dos años sin conseguir ningún tipo de préstamo de los bancos, pero siendo avalista el Estado es otra cosa.
Estos son solo algunos ejemplos de las grandes empresas que han accedido al plan de choque económico que ha puesto en marcha el Gobierno en estos dos meses. En total, se van a destinar 100.000 millones de euros para avalar los préstamos que otorgan los bancos al tejido empresarial y a los autónomos. Por comparar con el presupuesto dedicado a otras medidas, el tan debatido ingreso mínimo para la ciudadanía, en sus múltiples formas, oscila entre 5.000 millones de euros al año, en el caso de la propuesta del Gobierno, y 10.000 millones según otras versiones más amplias y garantistas.
En el marco de ese gigantesco respaldo público al sector privado, el Gobierno ha reservado 4.000 millones para comprar pagarés empresariales. Dicho de otra manera: dinero público destinado a comprar deuda de las compañías, y quienes emiten este tipo de deuda no son precisamente pymes. Acabamos de conocer el listado de las empresas a las que el Estado puede inyectarles presupuestos millonarios, entre ellas nos encontramos a la casa de apuestas Codere, el fabricante de armamento Maxam, la cadena El Corte Inglés y otras compañías que van desde constructoras hasta inmobiliarias. Ninguna de estas corporaciones encaja en el relato oficial, con el que se insiste en que el apoyo público se está centrando en las empresas y autónomos más débiles y con menor capacidad de afrontar la actual crisis socioeconómica. ¿Cuál es el engranaje que ha hecho posible el rescate de grandes empresas con un amplio historial de impactos sociales y ambientales?
Un banco público al servicio de las grandes empresas
El paradigma neoliberal desprestigió, hasta hacerla desaparecer, la idea de que pudiera existir una banca pública para satisfacer las necesidades financieras de la población. Pero no ocurrió lo mismo con la financiación para las grandes empresas. Según los gobiernos y sus economistas de cabecera, se necesitan instituciones estatales que concedan créditos con condiciones ventajosas —menores intereses, mayores plazos de devolución, garantías públicas— para compensar “la insuficiencia de soluciones en los mercados privados”. Esta es la razón de ser del principal organismo del que dispone el Estado español para respaldar la actividad empresarial, el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El ICO se presenta como un banco público, creado en 1971 y adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Los créditos y apoyos financieros que ofrece se gestionan habitualmente a través de bancos comerciales como Bankia, BBVA, Caixabank, Santander y Sabadell, entre otros. Con esta colaboración público-privada los bancos obtienen un beneficio, pues se quedan parte del margen que existe entre el interés del crédito que obtienen del ICO y el que fijan ellos en los préstamos que ofrecen a las compañías. El ICO es la institución encargada de gestionar los avales multimillonarios y la compra de pagarés que ha aprobado el Gobierno durante el confinamiento por la covid-19.
