Una comisión investigadora de la ONU informó esta semana de que «se han cometido crímenes de lesa humanidad en Burundi desde abril de 2015» y pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra lo más pronto posible una investigación
La desgracia se cierne sobre el triángulo de la muerte y del coltán (Congo-Ruanda-Burundi), y el lago Tanganica se tiñe una vez más de rojo. Atrás quedan los ecos del genocidio de Ruanda de 1994, pero esta zona del continente africano, parece no recuperarse, porque la violencia vuelve a visitarla de forma permanente.
La información recabada por la comisión de la ONU permite confirmar la persistencia de centenas de ejecuciones extrajudiciales, de miles de detenciones arbitrarias, de centenas desapariciones forzadas, de centenas de casos de torturas y tratos crueles, y de decenas de víctimas de violencia sexual.
La violencia, por el control político, estalló tras el anuncio del presidente Pierre Nkurunziza, el 25 de abril de 2015, de que se presentaría para optar a un tercer mandato presidencial consecutivo.
Centenas de ejecuciones extrajudiciales, miles de detenciones arbitrarias, centenas desapariciones forzadas, centenas de casos de torturas y tratos crueles, decenas de víctimas de violencia sexual.
A pesar de que el aspecto étnico ha surgido en los enfrentamientos, las principales víctimas de la represión fueron los opositores políticos, sus familias y allegados, afirmó en rueda de prensa una de las miembros de la comisión, Françoise Hampson, quien explicó que este hecho es uno de los elementos que descarta la posibilidad de definir las atrocidades cometidas como genocidio.
«Para poder determinar que algo es genocidio tiene que haber una intención de aniquilar un grupo específico en base a su etnia, a su nacionalidad o a su religión. En este caso la represión se concretó en opositores políticos, no había llamamientos a acabar con los tutsis sino con los opositores», especificó Hampson. «Además, las pruebas recabadas no hacen concluir que hubiera una intención directa de eliminar un grupo específico», complementó el presidente de la comisión, Fatsah Ouguergouz.
La comisión de la ONU no recibió ningún tipo de cooperación del Gobierno de Burundi para efectuar su trabajo y se le negó la entrada al país. Por esa razón, los comisionados viajaron a Uganda, República Democrática del Congo, Ruanda y Tanzania para reunirse con algunos de los 400.000 refugiados burundeses, además de varios contactos que establecieron a distancia, lo que les permitió entrevistar a más de 500 víctimas y testigos de atrocidades, además de a otras fuentes.