Cuando Lehman Brothers quebró el 15 de septiembre de 2008, se comprobó que su deuda había sido asegurada cincuenta veces mediante opacos productos financieros y hubo que reembolsar cincuenta veces su valor a los listos que había suscrito un seguro con el banco. ¿Y quién pagó los platos rotos? los trabajadores del mundo. Desde aquellas fechas los trabajadores de Méjico, Nigeria, Indonesia y Bangladesh se vieron obligados a aumentar su jornada semanal hasta quince horas para poder seguir malviviendo. También en esas mismas fechas, la Conferencia de Roma sobre Seguridad Alimentaria mundial alertó que jamás la humanidad había estado tan en peligro por el hambre.
En estos años hemos visto como las multinacionales han protagonizado escándalos financieros y contables así como abusos de los derechos humanos que han costado vidas a muchos de sus trabajadores. Ikea, por ejemplo, cuenta con 1.300 contratas en 50 países y Nike externaliza el 100% de su producción en 56 países, pero solo se conoce el primer nivel de producción y no los siguientes niveles de proveedores, que es donde se producen los abusos más flagrantes.
En el marco de la globalización, las Empresas Transnacionales concentran un alto porcentaje de los activos productivos del mundo y su poder ha ido ascendiendo hasta el punto de acariciar su meta de estandarizar las políticas económicas y laborales del mundo entero. Esta nueva dimensión requiere de una operación de maquillaje global, capaz de hacer digerible la opresión del capital sobre el trabajo.
El Pacto Mundial o Global Compact es, tal vez, la iniciativa internacional más importante para poner a cubierto el descomunal poder económico bajo el paraguas de supuestos principios éticos empresariales. Firmada durante el Foro Económico Mundial de Davos en febrero de 1999, entre el empresariado mundial y las Naciones Unidas, esta iniciativa se expande por todo el mundo para «dar una cara humana al mercado global» como dijo Kofi Annan y ha tenido una gran acogida entre empresas, sindicatos, entidades educativas y ONG’s.
El Pacto Global busca defenderse de la creciente necesidad que tienen los pobres de un sistema institucional con normas de carácter vinculante y sancionador capaces de frenar el desarrollo de los poderes sin control que pululan por el mundo. La ONU, sin embargo, se ha dedicado a extender la impunidad del poder económico. Por eso, nada del Global Compact responde a normas obligatorias y su compromiso es voluntario.
Más de 8.000 entidades de 130 países participan en la iniciativa y, curiosamente, España es el país con el mayor número de firmantes a nivel mundial. El coste del Global Compact es infinitamente menor que dejar de explotar niños en Asia o que pagar impuestos sin evadir a los paraísos fiscales.
Pero cobra cada día con más fuerza la idea de poner en marcha un Tribunal Internacional que juzgue las actuaciones de las empresas transnacionales contra la vida y los derechos de los trabajadores. De lo contrario, los salarios seguirán bajando, el trabajo esclavo y en condiciones degradantes aumentarán y miles de trabajadores seguirán muriendo por accidentes de trabajo sin que los que se lucran respondan por ello. De momento, las ONG’s, la ONU y los sindicatos de los países ricos ya han dicho que no colaboran con la justicia. Más bien al contrario.
Editorial de la revista Autogestión