Ford Motor Company y su filial en Argentina fueron demandadas el jueves ante un tribunal civil argentino por su vinculación con el secuestro de un grupo de gremialistas a comienzos de la dictadura militar de 1976 a 1983.
Demandan a Ford por presunta colaboracion con la «guerra sucia» en Argentina
Ford Motor Company y su filial en Argentina fueron demandadas el jueves ante un tribunal civil argentino por su vinculación con el secuestro de un grupo de gremialistas a comienzos de la dictadura militar de 1976 a 1983.
A su vez, en el marco de otra causa judicial –en este caso penal–, los demandantes exigieron que se cite a prestar declaración y eventualmente se detenga a cuatro ex directivos de la automotriz y un ex militar que habrían estado involucrados en el hecho.
Según explicó a AP el abogado Tomás Ojea Quintana, la demanda civil fue presentada por varios ex sindicalistas que aseguran que en 1976 fueron secuestrados por un grupo militar dentro de la fábrica que la automotriz aún posee en la localidad de General Pacheco, unos 40 kilómetros al norte de Buenos Aires.
«Algunos fuimos secuestrados por las fuerzas de seguridad en el interior de la fábrica y trasladados a un precario centro clandestino de detención ubicado en la zona del campo de deportes de la fábrica», declaró el ex sindicalista Pedro Troiani, uno de los querellantes, en la presentación judicial.
«Allí nos encapucharon, nos golpearon, sufrimos simulacros de fusilamiento y fuimos sometidos a torturas», agregó.
Francisco Perrotta, otro ex empleado de Ford que denunció haber sido secuestrado, aseguró que sus secuestradores habían obtenido detalles de su identidad y actividad sindical «en la oficina de personal» de la automotriz.
Los ex sindicalistas denunciaron que «la empresa Ford urdió y ejecutó un plan preciso y concreto para deshacerse en forma violenta de la actividad gremial y sindical con el objetivo de crear un Terrorismo de Empresa que le permitiera reducir personal indiscriminadamente y sin mayores costos, acelerar sin problemas las líneas de producción hasta casi la explotación e ignorar las insalubres condiciones de trabajo».
Vicente Portillo, otro de los 24 secuestrados, testificó que «las fuerzas militares utilizaron para los secuestros medios suministrados por la empresa».
El abogado Ojea Quintana explicó que con la causa civil los ex empleados buscarán «una reparación económica pero también una reparación de otra índole, como una disculpa pública por parte de la empresa y la instalación de un monolito dentro de la fábrica, en el lugar donde funcionaba el centro clandestino de detención».
En tanto, agregó el letrado, en el marco de la causa penal iniciada en 2003, los ex gremialistas pidieron al juez que «cite a prestar declaración indagatoria y en consecuencia detenga a cuatro ex directivos de Ford Argentina y un militar».
Se trata del entonces presidente de Ford Argentina, el chileno Nicolás Courard; el ex gerente de la fábrica, el austríaco Pedro Müller; el ex responsable de relaciones laborales, Guillermo Galarraga; el ex jefe de seguridad de la automotriz, el militar retirado Héctor Sibilla; y el ex director de la Escuela de Ingenieros –dependiente del Primer Cuerpo del Ejército–, el militar retirado Antonio Molinari.
«Según las pruebas que hemos colectado y la evidencia que consta en el expediente esas personas fueron partícipes directos del secuestro y tortura de los dirigentes gremiales», dijo Ojea Quintana.
Pese a los reiterados intentos de AP, no hubo nadie disponible en el área de relaciones institucionales de Ford para hacer comentarios sobre las denuncias.
Ford no es la única empresa privada acusada de haber estado vinculada con la desaparición de personas durante la dictadura.
Entre 1976 y 1977, 18 trabajadores de la filial argentina de Mercedes Benz, que integraban una comisión gremial, fueron secuestrados. De ellos, 15 permanecen desaparecidos.
Sobrevivientes y familiares de las víctimas denunciaron ante tribunales de Argentina, Alemania y Estados Unidos que la empresa fue cómplice del secuestro, tortura y asesinato de los sindicalistas en manos de las fuerzas armadas.
Pese a que Daimler-Benz –fabricante de los vehículos Mercedes que se fusionó con la compañía estadounidense Chrysler en 1998–, negó esos cargos, en un informe difundido en 2003 reconoció que había puesto en peligro a un obrero al identificarlo como un activista de izquierda, información que llegó a las fuerzas militares.
De acuerdo con las denuncias de grupos de derechos humanos, 30.000 personas fueron muertas, secuestradas o «desaparecidas», entre ellas sindicalistas, activistas políticos de izquierda, periodistas e intelectuales, durante la llamada «guerra sucia». Los informes oficiales, sin embargo, sólo dan cuenta de 13.000 casos.