El pasado domingo 20 de diciembre de 2009, el Movimiento Cultural Cristiano convocaba en Valladolid la XVI Marcha por la Justicia en las Relaciones Norte-Sur. Su grito: el silencio. Sus armas: libros y revistas. Su objetivo: la solidaridad. La solidaridad con los hambrientos, con los parados, con los niños esclavos… No pedían nada para sí mismos.
CACIQUE: PERSONA QUE EN UNA COLECTIVIDAD O GRUPO EJERCE UN PODER ABUSIVO. (Del diccionario de la R. A. L.).
A la convocatoria se sumaban el Partido Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn) y Camino Juvenil Solidario. El alcalde de Valladolid envió tres coches de policía para impedir que el acto se desarrollase con normalidad.¿Cuál es el grave delito que habían cometido las organizaciones convocantes y los allí reunidos?. Uno sólo: colocar un puesto de publicaciones sobre los problemas que allí les reunían: el hambre, el paro, la esclavitud infantil…
Según el alcalde, León de la Riva, sólo él puede autorizar la celebración de un acto solidario en las calles de Valladolid, de las que cree ser dueño y señor. Cacique. Y en este caso no lo autorizó. Cacique. Y la policía impidió que aquello transcurriera con normalidad. Cacique. Con la normalidad que deberían tener los actos de solidaridad en nuestras ciudades.
Con la normalidad que supone que unos ciudadanos puedan ejercer su derecho constitucional de manifestación y no les sea impedido por aquellos que se supone que están para servirles: la policía y un alcalde a los que pagan sus sueldos (suculento el del alcalde, por cierto) con sus impuestos.
A pesar del alcalde, a pesar de la policía, a pesar del frío… hubo marcha silenciosa. Los testimonios de los empobrecidos resonaron en las calles vallisoletanas. Y el Movimiento Cultural Cristiano, el Partido SAIn y Camino Juvenil Solidario continuarán su lucha solidaria para que no haya más hambrientos, para que no haya más parados, para que no haya más niños esclavos… Y seguirán trabajando para que no haya más caciques que quieran impedir que la solidaridad crezca. Y emprenderán las acciones judiciales correspondientes para que al cacique de Valladolid le diga un juez cuáles son sus competencias.