La norma, que se esperaba desde hacía tres semanas, fija una pago de 1.350 millones por la inversión realizada en Castor, y que pagarán los consumidores en los peajes del gas en los próximos 30 años a un tipo de interés del 4,3%. El acuerdo lo firmó ZP con la contratista Escal, como máximo accionista ACS (Florentino Pérez), mediante el cual se blindaba la inversión en casos como el que se ha dado.
El gobierno de Zapatero no promovió el bien público con la firma de estos acuerdos «blindados» y no garantizó las condiciones técnicas mínimas de seguridad, poniendo en peligro toda una zona con los sismos producidos; no siendo menos grave, el que empresas como ACS (Escal) se lucre sin escrúpulos, sin correr apenas riesgos, siendo el principal beneficiado en todo el proceso.
Escal tenía derecho a devolver la concesión, otorgada en 2008, durante un plazo de 25 años y a cobrar el valor neto contable. El Gobierno intentó librarse de esa obligación, pero el Tribunal Supremo rechazó en octubre pasado su petición de anular la indemnización. El Estado ha tenido que aceptar la renuncia de la empresa y compensarla. Según cálculos del Ministerio de Industria, el proyecto Castor ha costado 1.702 millones. De ellos, 1.273 millones corresponden a la infraestructura, 186 millones son del gas colchón, cantidad mínima de gas que es necesario inyectar previamente para que el almacenamiento pueda ser utilizado como tal, y 243 millones, a costes financieros.
Si bien es cierto que no se determinó técnicamente la sísmica inducida por la explotación (inyección de gas) del depósito, según informe confidencial* del IGME (Instituto Geológico y Minero de España), el acuerdo firmado dejaba al gobierno sin protección en estos casos.
Quien sí había alertado dos años antes de la actividad sísmica que podía generar un proyecto de la magnitud del Castor fue el Observatorio del Ebro, un instituto de investigación en el que participan, entre otros, el CSIC. “La actividad que contempla el proyecto se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos”, detalló un informe realizado durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del almacén.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró tras conocerse el contenido de esos dos informes –que tardaron meses en hacerse públicos pese a haber sido solicitados por diputados en el Congreso– que también había encargado estudios a “expertos internacionales”: la Universidad de Stanford y el MIT.
El hecho es que al final el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley que establece las condiciones de cierre e indemnización del almacén subterráneo de gas Castor, paralizado hace un año tras los seísmos que se desencadenaron, en las costas de Castellón y Tarrangona, con la primera inyección de combustible. La norma, que se esperaba desde hacía tres semanas, fija una pago de 1.350 millones por la inversión realizada en Castor, que recibirá su propietaria, Escal UGS, y que pagarán los consumidores en los peajes del gas en los próximos 30 años a un tipo de interés del 4,3%.
Enagás Transporte, que se convierte, según dicha norma, en titular del derecho de cobro de la deuda de Castor, ha llegado a un acuerdo con tres entidades, Santander, Bankia y Caixabank, a los que se cederá derechos de cobro del sistema gasístico en los citados 30 años (un mecanismo similar a la cesión del déficit de tarifa eléctrico) desde el instante en que entre en vigor el RDL.
¿Quién paga? Juan Pueblo.
Autor: Luis Antúnez (* Información del diario El País)