Nos encontramos ante un caso manifiesto de fraude presupuestario para engañar a la opinión pública, que por otro lado demuestra que siempre hay recursos para aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas y no los hay para incrementar las partidas de gasto social.
Extracto del informe de Justicia y Paz sobre el gasto militar en España en 2013.
El déficit público en España alcanza la cifra de 80.000 millones de euros (un 7,6% del PIB), y el presupuesto aprobado para el ejercicio 2013 propone un reducción de este déficit en 13.400 millones de euros para cumplir con el compromiso del 4,5% pactado por la UE. Para lograrlo, el gobierno propone una restricción del gasto en todos los ministerios de un 8,9% de media. Pero esta disminución no afecta por igual a todas las políticas de gasto, sino que son las políticas de gasto social las que sufren recortes en proporciones mucho más altas. La reducción más clamorosa afecta al fomento del trabajo que cae un 34,6%, a la educación, que se reduce en un 14,4% y a la cooperación al desarrollo, que se rebaja un 23%. Del mismo modo se recortan los presupuestos de aquellos otros ministerios que deberían ser los motores de la recuperación económica, como Fomento, que cae un 11%, o Industria y Energía, que lo hace en un 21,30%.
Sin embargo, el presupuesto del Ministerio de Defensa desciende en su conjunto sólo un 6,7% (6.913 millones €) respecto al del año 2012. Y eso teniendo en cuenta que las cifras sobre el gasto militar son engañosas, pues una cosa es el gasto militar presupuestado inicialmente, y otra muy distinta el gasto real liquidado al cierre del ejercicio. De hecho, durante el transcurso del año se incorporan muchos recursos a las partidas que han estado insuficientemente dotadas. Además, habría que sumar todas aquellas partidas militares que están “escondidas” en partidas de otros ministerios, así como los gastos de las clases pasivas militares, de la mutua militar, de las contribuciones a organismos internacionales, del cuerpo militar de la Guardia Civil, de los créditos en I+D militar, y finalmente, el montante de la deuda pública proporcional a Defensa (si una parte del alto índice del endeudamiento del Estado es debido a las inversiones militares, deben incorporarse los intereses de la deuda destinados al mantenimiento de las fuerzas armadas).
El resultado final es que las cifras superan en más del doble la cuantía presupuestada para el Ministerio de Defensa, pasando de 6.913 millones € a los 16.492 millones €. Esto representa una disminución respecto al año anterior del presupuesto de este ministerio de tan solo un 3,15%. Sin duda, a pesar de la grave crisis por la que atraviesan las cuentas públicas, Defensa es uno de los ministerios mejor parados en los recortes del gobierno de Rajoy.
La envergadura de estas cifras se aprecia más si sabemos que representan un gasto militar diario para nuestro país de 45,18 millones €, y un gasto militar anual por habitante de 359 €.
¿Y qué ocurre con la importante deuda acumulada por el Ministerio de Defensa por la adquisición de los Programas Especiales de Armamentos (PEAS)?. El ministro de defensa, Pedro Morenés, reconocía una deuda por los PEAS de 26.692 millones €.
Esta deuda se produjo tras la llegada al gobierno en 1996 del PP, cuyo ministro de defensa entonces, Eduardo Serra, impulsó la adquisición de grandes programas de nuevas armas, comprometiéndose hasta a treinta años vista (hasta el 2025 en algunos casos) con las grandes industrias militares que tenían que realizarlas (EADS, Navantia, Santa Bárbara, Indra, Eurocopter, Amper…).
Los PEAS tienen unos contratos blindados con las empresas que obligan a Defensa a cumplir con su ejecución, esto es, a pagar. No pagar significa renegociar con estas empresas para atrasar los contratos, y si se atrasan habrá que abonar más intereses de demora. Este año, Defensa ha pactado con EADS el retraso en la entrega de 15 cazas Eurofigther al año 2015, y lo mismo está haciendo con el resto de los PEAS, lo que aumenta la deuda de año en año hasta cifras inverosímiles. Sabemos su coste inicial pero no sabemos cual será su coste final.
Colocar en el presupuesto aprobado anualmente por el gobierno la cantidad real con la que se tendrá que hacer frente al pago ese año de los PEAS no es demasiado “cómodo”, por lo que Defensa opta año tras año por consignar de manera insuficiente algunas partidas, para después incrementarlas con diversos mecanismos contables. Así, en el presupuesto de 2012 tan solo se consignaron 4,95 millones € cuando existía el compromiso de pago de 2.370 millones €. Para “remediarlo”, el Consejo de Ministros aprobó un crédito extraordinario de 1.782 millones € que permitiera hacer frente a esos compromisos. En el presupuesto de 2013 se vuelve a poner una cifra similar, 6,84 millones €…
Nos encontramos ante un caso manifiesto de fraude presupuestario para engañar a la opinión pública, que por otro lado demuestra que siempre hay recursos para aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas y no los hay para incrementar las partidas de gasto social.
¿Y de qué tipo de armas estamos hablando? Pues de unas armas que en la práctica tienen escasa utilidad estratégica para las necesidades reales de la defensa. La inmensa mayoría de ellas acabarán su vida útil sin haber entrado nunca en combate. Los aviones Eurofighter, los helicópteros Tigre, los blindados Leopardo y Pizarro y la mayoría de los buques de guerra no se han desplazado a los escenarios donde han actuado las fuerzas armadas españolas (Afganistán, Líbano, Bosnia, Kosovo)
El anterior Secretario de Defensa, Constantino Méndez, dijo poco antes de despedirse del gobierno: “No deberíamos haber adquirido sistemas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos ni entonces ni ahora”. Es decir, esas armas no sirven para nada.
El problema es que todo este despropósito y toda esta corrupción la pagan los ciudadanos, especialmente los parados, explotados en el trabajo o desahuciados de su vivienda.
En esta situación, caben varias posibilidades, tales como: reducir el gasto militar reduciendo los 130.000 efectivos actuales de nuestras fuerzas armadas; retirar nuestras tropas del exterior; anular los grandes contratos en armas (PEAS); realizar estudios de conversión de la industria militar hacia el ámbito de producción de bienes civiles; asumir el compromiso de no vender armas a ningún país.
Cada bala es un atentado contra los hermanos y significa muerte.