El escape químico de Bhopal sigue cobrándose un muerto cada dos días 19 años después. En Estados Unidos se han presentado más de 140 causas civiles en los tribunales federales de Estados Unidos. Todos ellos siguen pendientes, y es difícil que vayan a conducir a resultados concretos dado que en 1999 Union Carbide fue comprada por la multinacional Dow Chemical. Dow, que se convirtió en la primera química del mundo, se ha negado desde entonces a asumir cualquier responsabilidad por la catástrofe de Bhopal. La indemnización media por daños personales fue de entre 370 y 533 dólares por persona (entre 400 y 580 euros), apenas suficiente para cubrir los gastos médicos de cinco años…
Fuente: Europa Press – EL Mundo
La catástrofe de Bhopal (India), el peor escape químico de la historia, del se cumplen 19 años, sigue cobrándose un muerto cada dos días. La responsable del escape, la estadounidense Union Carbide, ni siquiera existe ahora, por lo que los procesos penales aún pendientes han quedado en punto muerto, y la fábrica abandonada constituye un legado tóxico que sigue contaminando el agua de la localidad.
En la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, 40 toneladas de gases letales de la fábrica de pesticidas se escaparon de uno de los tanques durante las operaciones rutinarias de mantenimiento. Entre otras sustancias tóxicas, el escape incluía isocianato de metilo y cianuro de hidrógeno.
Según los datos recopilados por Greenpeace, tres días después del escape habían perecido 8.000 personas. Se estima que en total resultaron expuestas a los gases unas 520.000, de las cuales hoy 150.000 son enfermos crónicos. Las organizaciones locales consideran que aún hoy muere una persona cada dos días, por lo que en estos momentos la cifra de fallecidos podría superar los 20.000.
Los supervivientes sufren afecciones como fibrosis pulmonar, falta de visión, asma, tuberculosis, pérdida de apetito, ciclos menstruales irregulares, fiebre recurrente, desórdenes neurológicos, debilidad y depresión. Decenas de miles de niños nacidos después de la crisis sufren problemas de crecimiento y desarrollo. De hecho, la cifra de niños nacidos muertos se triplicó y las muertes durante el parto se duplicaron.
La vulnerabilidad de las víctimas se deriva parcialmente de las primeras horas que siguieron al escape: Union Carbide se negó a proporcionar la composición concreta del vertido -en un principio afirmó que se trataba de un potente gas lacrimógeno-, lo que llevó a numerosos diagnósticos y tratamientos erróneos. Las indemnizaciones tardías también impidieron que los afectados tuvieran acceso a una atención médica adecuada a la gravedad de sus casos.
ERRORES DE SEGURIDAD
Casi 20 años después de la crisis se han conseguido aclarar parte de los interrogantes, a pesar de los esfuerzos de la compañía por silenciar al máximo lo ocurrido. Ahora se sabe que la noche de la catástrofe, seis de las medidas de seguridad de prevención de escapes de gas no funcionaron correctamente, fueron desconectadas o resultaron inadecuadas. Además, la sirena de alarma estaba desconectada.
Para empezar, el almacenamiento de grandes volúmenes de isocianato de metilo en un área densamente poblada como Bhopal contravenía la política de prevención que Carbide aplicada en otras plantas: 67 toneladas frente al 0,5 de máximo permitido en Europa.
Además, las medidas de seguridad en materia de refrigeración de los tanques de almacenamiento se redujeron para recortar costes, al igual que la plantilla de mantenimiento. La formación de los trabajadores también se redujo, de las 24 semanas habituales a 15 días. Nunca se diseñó un Plan de Emergencia.
La responsabilidad no recae sólo en la empresa, también en las autoridades indias, que ignoraron las protestas contra la construcción de la planta a sabiendas de que las normas de control de seguridad y medioambiental no se cumplían. Esta connivencia con la multinacional se repitió después de la tragedia en los tribunales, donde los procesos sólo han sido efectivos de forma marginal.
Union Carbide fue blanco de innumerables denuncias ante los tribunales, en especial por los afectados que perdieron su capacidad para trabajar. En 1989, el Gobierno indio, sin la autorización de los afectados, aceptó un acuerdo extrajudicial por 470 millones de dólares (unos 512,5 millones de euros al cambio actual): con esta suma se liquidó oficialmente la responsabilidad civil de la compañía.
Así, la indemnización media por daños personales fue de entre 370 y 533 dólares por persona (entre 400 y 580 euros), apenas suficiente para cubrir los gastos médicos de cinco años, cuando muchos de los afectados y sus hijos y nietos (actualmente está naciendo la tercera generación) estarán enfermos para toda su vida.
Más tarde, ante la presión popular, el Tribunal Supremo autorizó la reapertura del expediente, y ordenó al Ejecutivo que negociara un seguro médico para los 100.000 individuos que, aunque no enfermos, podrían presentar síntomas con el paso de los años. Según Greenpeace, «muy poco se ha hecho en realidad» a fecha de hoy.
En Estados Unidos se han presentado más de 140 causas civiles en los tribunales federales de Estados Unidos. Todos ellos siguen pendientes, y es difícil que vayan a conducir a resultados concretos dado que en 1999 Union Carbide fue comprada por la multinacional Dow Chemical. Dow, que se convirtió en la primera química del mundo, se ha negado desde entonces a asumir cualquier responsabilidad por la catástrofe de Bhopal.
El accidente de Bhopal, según indica Greenpeace en su informe ´Crímenes corporativos´, supuso un antes y un después en las normativas de seguridad química y medioambiental de muchos países, fundamentalmente en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, nada se hizo para rehabilitar Bhopal tras el cierre de la fábrica.
«Se dejaron atrás grandes cantidades de sustancias peligrosas y un suministro de agua contaminada y un legado tóxico que todavía hoy causa daños a Bhopal», señala la organización ecologista, denunciando que «se permitió a la compañía que vendiese y se marchase y la fusión definitiva con Dow es casi una ruptura final. Sigue evadiéndose de su responsabilidad e incluso hoy niega el acceso a los detalles de la fuga».