El ministro de Justicia considera que «habrá que negociar qué financiación y qué ayudas fiscales recibe la Iglesia» y tergiversa la actual situación al afirmar que la contribución del Gobierno con la Iglesia afecta también al sostenimiento de su obra social y al gasto fiscal del Estado, con unas exenciones que sólo «disfruta la Iglesia y nadie más»
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El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, realizó el pasado 29 de mayo unas declaraciones, dentro de una entrevista publicada por LA VANGUARDIA, en las que incide en lo que se puede considerar una campaña del Gobierno para presionar a la Iglesia por la vía del dinero, concretamente cuestionando los actuales acuerdos Iglesia-Estado y la necesidad de renovarlos. Además, con un lenguaje minuciosamente medido, viene a tergiversar la contribución del ejecutivo al afirmar que sostiene la obra social de esta institución y renuncia a ingresos tributarios por exenciones «de las que disfruta la Iglesia y nadie más».
López Aguilar considera en esta entrevista, tal como titula el diario, que «habrá que negociar qué financiación y qué ayudas fiscales recibe la Iglesia», en clara alusión a una reforma a la baja, que debería realizarse a finales de este año: «Es racional que nos emplacemos a una negociación que podría tener lugar con ocasión de la caducidad de la última prórroga, que acaba este año 2005». Antes del 31 de diciembre, según confirma también la Conferencia Episcopal, se debe prorrogar el actual sistema de Asignación Tributaria, que tiene rango de ley desde 1999, o revisarlo con las modificaciones que se acuerden.
Los actuales acuerdos
El Concordato entre la Santa Sede y el Estado español, que data de 1979, con una revisión hecha en 1989, es la fórmula que funciona en la actualidad. Sobre el actual acuerdo económico y financiero, López Aguilar asegura en la entrevista que «el horizonte debe ser el de la autofinanciación de la Iglesia».
El ministro explica que, «en la actualidad, los ciudadanos que lo desean contribuyen a la financiación de la Iglesia con un porcentaje voluntario de la cuota líquida del IRPF. Se pactó que ésta sería la vía para la suficiencia financiera de la Iglesia. Pero lo cierto –y lo sabe el Gobierno y lo sabe la Iglesia- es que desde 1989 la liquidación voluntaria no es bastante, no alcanza ni al 70 por ciento. Este año ha sido de unos 110 millones de euros. Esto significa que el Estado otorga, de manera adicional, una aportación directa, actualizada anualmente con cargo al IPC, que en este ejercicio ha sido de 35 millones». Sin embargo, según el ministro, «el Ejecutivo y la Iglesia saben que esta situación no es indefinidamente sostenible».
Las aportaciones son de los ciudadanos
A pesar de que las explicaciones de López Aguilar se corresponden con los acuerdos, lo cierto es que, aunque lo presenta como una concesión del Gobierno, este sistema forma parte del Concordato y lo que el Estado hace es aportar el complemento necesario para cubrir la cifra contemplada en esos acuerdos. Bastaría simplemente con que el 0,5 por ciento de la actual libertad tributaria que se otorga a los ciudadanos se elevara al 0,7 por ciento para que el Gobierno no tuviera que poner nada de las arcas del Estado. Un cambio que podría hacerse efectivo en la reunión a celebrar antes de final de año a la que hacíamos referencia.
Confundiendo a la opinión pública
López Aguilar continúa desgranando argumentos en la entrevista para justificar la posición laicista del Gobierno y lo hace, confundiendo a la opinión pública, sin ajustarse a la verdad.
«La contribución del Gobierno al sostenimiento de la Iglesia católica es, además, mucho más amplia. No solamente por el capítulo de conciertos económicos, que suma cantidades enormes, sino por el sostenimiento de su obra social y, sobre todo, por el capítulo relativo a lo que podemos calificar de gasto fiscal del Estado, es decir, ingresos tributarios a los que el Estado renuncia por exenciones que disfruta la Iglesia y nadie más. Estamos hablando de exenciones del IVA, de los impuestos del patrimonio, sucesiones, donaciones…», dice el ministro. Y añade: «No debe ignorarse que es una situación excepcional para la Iglesia católica, ya que no la disfrutan otras confesiones que, en términos constitucionales, deberían estar equiparadas».
Sin embargo, cuando se refiere al capítulo de conciertos económicos, mezcla un concepto que no tiene nada que ver con los acuerdos Iglesia-Estado, ya que los conciertos se refieren a las escuelas, un apartado en el que la Iglesia recibe alrededor del 60 por ciento del coste por alumno, con lo que el Estado también se ahorra un dinero que aporta la Iglesia.
Ahorro del Estado en obra social
En cuanto a la obra social, lo que no dice López Aguilar es que el Estado tendría que costear más de 31.000 millones de euros para cubrir la labor social que actualmente realiza la Iglesia: Levantar colegios y hospitales, atender a los enfermos, ancianos, niños, marginados e indigentes, además del mantenimiento de las infraestructuras en que lleva a cabo estos servicios.
Sus más de 100 hospitales, casi 130 ambulatorios y dispensarios, alrededor de 880 centros para ancianos, enfermos crónicos, terminales y minusválidos atienden a casi 400.000 personas al año. Toda una red de actuaciones que se sostiene gracias al trabajo realizado por los católicos.
¿Dónde están los privilegios fiscales?
Por lo que respecta a los privilegios fiscales a los que hace referencia el ministro, los beneficios de la Iglesia en este terreno, como son la exención de tributación por los ingresos propios de la actividad religiosa o la reducción del tipo del Impuesto de Sociedades al 10 por ciento, son los previstos para cualquier institución acogida a la ley de fundaciones y, por tanto, no es la Iglesia la única que «disfruta» de ellos. En cualquier caso, tal como contempla la ley, la Iglesia cumple con sus tributos obligatorios (actividades empresariales, cesión de patrimonio a terceros, incrementos de patrimonio, etc.); y en el ámbito de la Seguridad Social se cumplen también todos los requisitos derivados de la ley, habiendo entregado al Estado, por ejemplo en 2001, sólo por los sacerdotes, un importe superior a los 2.200 millones de las antiguas pesetas.
Por lo que se refiere a la referencia de López Aguilar al impuesto de patrimonio, cabe recordar que la ley distingue entre las personas físicas y las jurídicas. Así, los sacerdotes tienen las mismas obligaciones fiscales que el resto de ciudadanos, mientras que las casas parroquiales están exentas de ese impuesto. Y si se refiere al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), todas las confesiones religiosas (en España, católicos, evangelistas, judíos e islámicos) están libres de ese tributo.
También están exentas de tributos locales e impuesto de sociedades las fundaciones, ONG, entidades sin ánimo de lucro y federaciones deportivas, entre otras. Por tanto, no hay privilegios fiscales para la religión católica.
El viejo discurso
Esta nueva andanada de un representante del Gobierno contra la Iglesia no es nueva. El Ejecutivo lleva meses haciendo declaraciones en esta línea, utilizando la financiación como arma de conflicto con la Iglesia. Sin ir más lejos, el 22 de julio de 2004 el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, manifestaba que «hay que revisar la ayuda directa que el Estado concede cada año para cubrir lo que falta del presupuesto anual de la Iglesia católica». Un viejo discurso, en definitiva, con el que el Gobierno pretende presionar a la Iglesia por la vía del dinero.