El golpe de Estado de la cocaína

2688

Guinea-Bissau o el narco-Estado africano por excelencia.

Cuando el Ejército derribó al presidente de Guinea-Bissau, Raimundo Pereira, el pasado 14 de abril, solo unos meses antes de que concluyera su mandato, la sed de poder de los altos mandos castrenses no llegó a explicar del todo la ofensiva. Pero el considerable repunte del narcotráfico en este atribulado país desde que los militares se hicieron con el poder ha despertado sospechas de que la repentina expulsión del presidente fue en realidad una especie de golpe de la cocaína.

A los líderes del Ejército se les asocia desde hace tiempo con el tráfico de estupefacientes, pero el golpe de esta primavera significa que los soldados controlan ahora las redes de la droga y el propio país. En opinión de algunos expertos antidroga internacionales, han convertido GuineaBissau en una nación en la que las drogas ilegales cuentan con el visto bueno de la cúpula.

“Seguramente es el peor narco-Estado de todo el continente”, opina un responsable de la DEA, el organismo antidroga estadounidense. “Y es un problema importante”.

Los expertos aseguran que, desde el golpe de abril, más aviones que nunca recorren los 2.575 kilómetros a través del Atlántico que separan Latinoamérica del saliente occidental de África, y aterrizan en Guinea-Bissau para descargar la cocaína que más tarde se transporta al norte.

La inestabilidad política proseguía cuando los soldados atacaron unos barracones del Ejército el 21 de octubre, aparentemente en un intento de derribar al Gobierno. Un disidente, capitán del Ejército, fue arrestado en una isla a cierta distancia de la costa seis días después y acusado de ser el organizador de un intento de contragolpe.

Desde abril hasta julio han tenido lugar en el país al menos 20 aterrizajes de avionetas que, según la ONU, transportaban droga. Fuentes de Naciones Unidas creen que es posible que se incremente el tráfico hacia Europa, que ya es el destino de cerca de 45 toneladas de cocaína anuales desde África Occidental.

¿Fue el golpe militar una maniobra para alejar la atención del narcotráfico? Algunos expertos señalan que, cuando las Fuerzas Armadas asaltaron la presidencia, hubo un incremento de las actividades relacionadas con las drogas en las islas del archipiélago de Bijagós.

Joaquín González-Ducay, embajador de la Unión Europea en Bissau, explicaba: “El país está controlado por los autores del golpe de Estado. Pueden hacer lo que les plazca”. Portavoces de Naciones Unidas se muestran de acuerdo. “El golpe fue llevado a cabo por gente totalmente integrada en el negocio de la droga”, decía uno de ellos.

El Gobierno civil y la cúpula militar rechazan las acusaciones. “La gente dice que soy un narcotraficante. El que tenga la prueba que la presente”, se queja el general Antonio Injay, jefe del Estado mayor del Ejército. “Pedimos a la comunidad internacional que nos proporcione los medios para luchar contra la droga”.

Las autoridades señalan varios indicadores que demuestran que Guinea-Bissau se ha convertido en un importante centro de tránsito para el narcotráfico. Mencionan las fotografías de un tramo de carretera despejado en una zona apartada cerca de la frontera con Senegal, en la que hay incluso espacio para que los aviones pequeños puedan dar la vuelta. El claro se creó bajo la supervisión de las autoridades militares, según las fuentes. También señalan la misteriosa ausencia de combustible en el minúsculo aeropuerto de la capital, presuntamente robado por los traficantes.

En tres años ha habido más de media docena de asesinatos políticos aún sin resolver, y al menos otras dos intentonas golpistas. Nadie ha sido procesado.

En octubre, el ministro de Justicia del Gobierno de transición instaba a los políticos de la oposición a que no hablaran en público de “casos que no les conciernen”, y advertía de sanciones penales.

El general Injai ha amenazado de muerte a los periodistas si hacen preguntas sobre los asesinatos, y augura que se producirán muchos arrestos a raíz del contragolpe.

Casi nadie habla en público de los asesinatos políticos sin resolver o de las relaciones del país con el narcotráfico.

“Un país que no es capaz de hablar de sus propios problemas, no es un país, no es un Estado”, señala Octavio Inocencio Alves, ex fiscal general del país.