La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un documento de 18 páginas en el que detalla la grave situación que atraviesa el país caribeño: torturas, asesinatos, crisis sanitaria y migratoria e inacción del Gobierno ante las denuncias
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este jueves un informe sobre la situación de Venezuela en el que instó al régimen de Nicolás Maduro a tomar medidas paras «detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales».
El informe, que este viernes presentará la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte que «si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país», que supera ya los cuatro millones de personas.
El documento denuncia, además, que en el último decenio, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».
Los puntos más contundentes del informe
- En los últimos años, el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes.
- El ACNUDH (la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela.
- El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas.
- Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial.
- Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos, a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas.
- Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad.
- Estas muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición.
- La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos.
- La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas.
- El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil.
- Muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad.
- En la mayoría de los casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.
- Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos.
- El ACNUDH (la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) documentó casos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del SEBIN y de la DGCIM, así como por oficiales de la GNB.