El Departamento de Estado de EE UU gasta cerca de cien millones al año en la contratación de empresas de seguridad para el entrenamiento de soldados en África.
Desde hace años el llamado “cuerno de África”, compuesto por varios países: Etiopía, Somalia, Eritrea y Djibuti, sufre diferentes guerras. La principal en Somalia, un país regido por un autodenominado Gobierno democrático de transición. En este escenario se están moviendo numerosas compañías de seguridad y ejércitos privados profesionales, la mayor parte de ellos, contratados por la Administración norteamericana para entrenar ejércitos locales o fuerzas africanas en misiones de paz, aunque también han aparecido unas pocas corporaciones militares financiadas de forma privada.
El Departamento de Estado norteamericano está gastando al año unos cien millones de dólares en contratos con compañías privadas como la Northop Grummam Corporation, que entrenará a 40.000 soldados de Ruanda, Kenia y Burundi durante cinco años bajo el programa African Contingency Operations Training and Assistence (Acota).
Empresas de mercenarios
EE UU también ha contratado a la empresa Dyn Corps International, presente también en Iraq y Afganistán, para el transporte de 1.700 soldados ugandeses y el despliegue de los mismos en Somalia como parte de la misión de la Unión Africana en Somalia. La compañía KBR Inc se encarga de la defensa de tres bases militares de la Combined Joint Task Force norteamericana en Djibuti, Etiopía y Kenia. Mientras, MPRI, empresa subsidaria de L-3 Communications, que entrena ejércitos en Benin, Etiopía, Ghana, Kenia, Malawi, Nigeria, Mali, Ruanda y Senegal.
La famosa Blackwater, ahora Xe Services, también recibe parte del pastel, ya que ha sido contratada para entrenar al ejército de Sur Sudán y tiene misiones de protección del Gobierno sursudanés. Entre los ejércitos militares privados, el último en llegar ha sido Saracen International, que opera en Puntland, Estado semiautónomo de Somalia y que, según declaración de sus responsables, es financiado por un país árabe que ha facilitado 10 millones de dólares para entrenamientos y armamento. Según el semanario The East African y la agencia de noticias AP, Saracen International está dirigido por el estadounidense Pierre Prosper, que anteriormente había ocupado el puesto de fiscal para crímenes de guerra en el Tribunal de la ONU en Ruanda y de embajador norteamericano para crímenes de guerra. Otro de los dirigentes de Saracen International es el ugandés Salim Saleh quien, junto a su compatriota James Kazini, está acusado por los paneles de la ONU del expolio de minerales llevado a cabo en la República Democrática del Congo. El tercer dirigente de la empresa de contratistas es Michael Shanklin, un antiguo miembro de la CIA.
En los tiempos en que Pierre Prosper era fiscal del TPIR (Tribunal Penal Internacional para Ruanda), la Fiscal Jefe del TPIR, Carla del Ponte y posteriormente la relaciones públicas del mismo organismo, Florence Hartmann, relataron públicamente que Del Ponte fue llamada a Washington y allí Prosper la amenazó con expulsarla de la ONU si continuaba investigando a dirigentes aliados de EE UU, como Paul Kagame. La expulsión se consumaría unos meses después de las amenazas.
Por su parte, Salim Saleh, hermano del actual presidente ugandés, Yoweri Museveni, que actualmente ejerce como asesor presidencial, fue acusado por los paneles de la ONU del expolio de minerales en el Congo. Por estos hechos, la Corte Penal Internacional en 2005, penalizó al Estado de Uganda al pago de una indemnización al Congo por valor de 10.000 millones de dólares que aún no se ha pagado.