El PSOE y sus socios «legalizan» el impago de créditos por los partidos

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El proyecto en cuestión se adapta como un guante a las necesidades, conveniencias e incluso el pasado de los promotores de la reforma. Es un texto que arranca con una propuesta de ERC, posteriormente enmendada por el PSOE y redondeada con concesiones a CiU y PNV, que acaba por perfilar un nuevo modelo de financiación de los partidos que excluye al PP.
José Montilla no volverá a pasar el trago de tomar decisiones como gobernante que afecten directamente a una entidad de crédito que perdona deudas a su partido sin cobertura legal. El caso del ex ministro de Industria que impulsó una OPA a través de un caja de ahorros -«La Caixa»- que había «condonado» a su formación política, el PSC, deudas por valor de 6,5 millones de euros tendrá todos los parabienes formales con la nueva ley de financiación de los partidos que prepara el PSOE con sus socios nacionalistas.

 El proyecto en cuestión se adapta como un guante a las necesidades, conveniencias e incluso el pasado de los promotores de la reforma. Es un texto que arranca con una propuesta de ERC, posteriormente enmendada por el PSOE y redondeada con concesiones a CiU y PNV, que acaba por perfilar un nuevo modelo de financiación de los partidos que excluye al PP.


 Como otra metáfora de las rupturas constitucionales y de consensos de la Transición que caracteriza esta legislatura, socialistas y nacionalistas cambian otra regla de juego que en los últimos veinte años -la última en 2003- sólo era modificada de común acuerdo entre el PSOE y el PP.


 El proyecto, en trámite de ponencia en el Congreso, aparte de suprimir las donaciones anónimas a los partidos, mantiene e incluso pretende fomentar la vía de la financiación privada al mismo tiempo que eleva la pública. Y destaca por su «letra pequeña». En la enmienda transaccional a la disposición transitoria cuarta registra una «hipoteca» para los próximos Presupuestos Generales del Estado: «Para el ejercicio 2008 la subvención estatal anual para gastos de funcionamiento de los partidos políticos y la asignación anual para sufragar gastos de seguridad se fijan, respectivamente, en 78.100 miles de euros y 4.010 miles de euros». Eso significa reservarse por ley orgánica un incremento de ingresos públicos del 20 por ciento.


 Además, en la disposición transitoria segunda hilan más fino, pues los impulsores de la reforma, después de subirse las subvenciones y apuntarse a casi todas las ventajas fiscales conocidas, se equiparan a empresas y particulares en su trato con bancos y cajas, punto en el que choca con la legislación vigente: «Los partidos políticos podrán llegar a acuerdos respecto de las condiciones de la deuda que mantengan con entidades de crédito. Dichos acuerdos serán los admitidos según los usos y costumbres del tráfico mercantil habitual entre las partes y no les serán de aplicación los requisitos y limitaciones establecidos en los títulos I y II de esta ley».


 El propio texto viene a reconocer la irregularidad de las condonaciones de deuda a los partidos por parte de bancos y cajas. La más famosa es la lograda por el PSC, cuando Montilla era primer secretario y ministro de Industria, y «La Caixa» le perdonó 6,5 millones.


 El PSC y los nacionalistas concentran sus peticiones de créditos en las cajas de ahorros con sede central en las autonomías que gobiernan. Por motivos obvios, nunca ninguna entidad ha ejecutado créditos o embargado bienes a las formaciones políticas que están o pueden estar en el poder en las distintas administraciones. Son medidas reservadas para empresas y particulares.


 En el caso de las Cajas, el planteamiento de favor es aún más claro. La disposición transitoria segunda habla de «usos y costumbres del tráfico mercantil entre las partes». Cuando la parte es un partido con poder resulta que, a su vez, tiene una influencia decisiva en el nombramiento y composición del consejo de administración de esa caja. Es decir, que el representante del partido que negocia la condonación de una deuda lo hace con alguien que responde ante un órgano compuesto a propuesta del mismo partido. Es un supuesto que hasta ahora se hacía con disimulo y a partir de ahora se podrá ejecutar con descaro.