La ONG SOS Racismo alerta también de que la comunidad catalana ‘se ha convertido en un laboratorio de prácticas racistas, especialmente en el ámbito político’
El racismo se fortalece en Cataluña. Al menos esa es la conclusión que se extrae del informe que la ONG SOS Racismo presentó ayer y en el que señala que el año pasado hubo 615 denuncias por este motivo, lo que supone un 5% más que las registradas durante el año anterior.
La portavoz de SOS Racismo, Alba Cuevas, explicó que la entidad intervino en 217 denuncias, de las que, en el 34,56% de los casos, las agresiones procedían, presuntamente, de los cuerpos de seguridad del Estado, y en el 42% de las cuales los presuntos agresores eran miembros de los Mossos d'Esquadra.
El informe señala que casi la cuarta parte de las agresiones y discriminaciones en las que intervino la ONG fueron entre particulares y en el ámbito vecinal, y que un 14,29% de estas denuncias se hicieron por discriminación en servicios básicos. Según la ONG, «Cataluña se ha convertido en un laboratorio de prácticas racistas, especialmente en el ámbito político, se ha perdido la vergüenza y crecen los discursos racistas que tienen un efecto directo en la convivencia».
Para los autores del informe, un contexto de crisis económica como el actual ayuda a la proliferación del discurso racista, y denuncian la falta de acciones contundentes y claras por parte de la justicia ante este tipo de situaciones racistas. En este sentido, apuntan que en el 18% de las denuncias presentadas contra los Mossos d'Esquadra, la justicia condenó a la víctima, en un 12% las sentencias fueron absolutorias y en otro 12% se archivaron los casos. La portavoz de la ONG indicó que «el racismo es un indicador claro de que el Estado de Derecho no funciona» y recordó que «el racismo está vinculado a las desigualdades sociales, a la exclusión y a la restricción de derechos.»
Acoso policial
Las batidas policiales son, según el informe, la muestra más clara y visible del acoso policial y de las campañas de criminalización de los inmigrantes. Desde la ONG consideran inadmisible que se detenga a personas inocentes por estar en una situación administrativa irregular y que se les confine en centros de internamiento, como el de la Zona Franca de Barcelona, que se han convertido en mecanismos de castigo, sin tener en cuenta los derechos fundamentales.